¿Son legales las protestas de elementos de la Policía Federal?

Por Surya Palacios @suryapalacios

El derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, así como el de petición, que reconoce nuestra carta magna, han sido ejercidos esta semana por los cientos de policías federales que se niegan a formar parte de la Guardia Nacional, bajo el argumento de que con esa transferencia se les pretenden disminuir sus sueldo y prestaciones.

El gobierno federal, en contraste, asegura que esto no es cierto, que la protesta no tiene fundamento, pues no se despedirá a nadie, además de que se proporcionarán opciones para aquellos cuadros operativos que no quieran convertirse en guardias nacionales.

No obstante, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sugirió el jueves las causales por las que los policías inconformes pueden ser sancionados, de acuerdo con la Ley orgánica de la corporación y su reglamento.

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Refiriéndose a una actitud violenta que mostraron el miércoles los uniformados, cuando la coordinadora operativa de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo, se presentó ante sus pares para negociar, Durazo apuntó que “esa actitud deslegitima a la institución que (los inconformes) dicen defender”.

Además “lastima la imagen de la Policía Federal”, por lo que hizo un llamado para que los elementos actúen con prudencia y utilicen las vías institucionales para plantear sus demandas, “si es que estas están motivadas de buena fe”.

Si bien el secretario de Seguridad no mencionó que esas conductas son sancionadas por las normas que reglamentan a la Policía Federal, para los miembros de ese cuerpo, muchos de ellos abogados, quedó clara la advertencia: Si escala la crisis se echará mano de la aplicación de la ley, que contempla como sanciones la amonestación, la suspensión temporal e incluso la remoción del cargo.

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Desacreditar a la institución

La Ley orgánica de la Policía Federal contempla en su artículo 19 los deberes que tienen que cumplir sus elementos, entre ellos están observar un trato respetuoso con todas las personas; cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban, evitando todo acto u omisión; y “abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las instituciones”.

Complementando esas disposiciones, la fracción XI del artículo 185 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal apunta que sus miembros deben “abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad que afecte las actividades de la institución”. Justo lo que han realizado esta semana.

En este caso ¿Qué ordenamiento debe prevalecer, la Constitución o las normas reglamentarias de la corporación? Evidentemente el ejercicio de los derechos reconocidos en la carta magna es más importante que las abstenciones ordenadas en una ley o reglamento, aunque por tratarse de un cuerpo armado, debemos considerar la modulación de esos derechos.

No olvidemos que los policías federales son servidores públicos, sujetos al cumplimiento obligatorio del principio de legalidad. A diferencia de los ciudadanos que podemos actuar en cualquier ámbito mientras no lo prohíba la ley, las autoridades solo pueden hacer lo que se prescribe en estas.

Así, los elementos policíacos ciertamente tienen derecho a manifestar de manera pacífica sus inconformidades, pero estas no deben afectar a los ciudadanos, pues al final los uniformados no dejan de ser representantes de la autoridad.

En esta semana las protestas de los policías federales incluyeron bloqueos intermitentes de algunas importantes vialidades en la Ciudad de México, lesionando con ello el derecho al libre tránsito de los capitalinos usuarios de esas rúas.

Como sabemos que ningún derecho humano es absoluto, los inconformes podrían estarse ubicando -de manera reiterada- en las conductas que son reprochables para las leyes reglamentarias de la corporación.

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Escenario político

Pero la crisis en la Policía Federal no solo requiere soluciones de tipo jurídico y administrativo para resolver las demandas de sus miembros, por eso es importante medir la apertura y voluntad política del gobierno federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró el jueves que todas las inquietudes de sus subordinados serían resueltas, incluso detalló que los policías tienen más de una decena de instituciones en las que pueden seguir laborando, en caso de que no quieran formar parte de la Guardia Nacional.

En apariencia esto nos habla de una disposición plena para solucionar la controversia, sin embargo, Durazo al mismo tiempo descalificó a sus interlocutores, consideró que las protestas conforman “un movimiento que no tiene razón de ser”, el cual está siendo manipulado por personas y grupos ligados a hechos de corrupción.

En ese mismo tono se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la corporación “no se consolidó”, por lo que está “echada a perder”.

Si los jefes de los policías federales tienen tan mala opinión de sus subordinados, el ambiente para el diálogo y las soluciones alternativas se ve enrarecido, a pesar de que es cierto el diagnóstico sobre la corrupción que impera en esta policía, y en la mayoría de las fuerzas de seguridad del país.

Por eso la solución al problema no solo pasa por aceptar algunas de las demandas laborales de los inconformes, sino también por el replanteamiento de las estrategias de seguridad seguidas por el gobierno federal, pues así como hay ilegalidades en la policía, también están documentadas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y marinos, quienes hoy son la base de la Guardia Nacional.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.