¿Qué sí y qué no puede hacer la Guardia Nacional en la frontera sur?

El inicio del despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país, prevista para este miércoles tras los recientes acuerdos signados entre México y Estados Unidos, plantea todo un reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el necesario equilibrio que debe prevalecer entre el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la aplicación de la ley.

De entrada, debemos recordar que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en México no es delito mantener una situación migratoria irregular. De hecho, la Ley de Migración considera que “el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo”.

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En términos jurídicos, un extranjero que ingresa a territorio mexicano sin la documentación migratoria adecuada solo está cometiendo una infracción, que puede ser subsanada iniciando el trámite correspondiente para su regularización.

Los extranjeros en México incluso tienen derecho a recibir servicios educativos y atención médica independientemente de su situación migratoria, lo mismo sucede con la procuración e impartición de justicia, a la que tienen derecho sin importar si cuentan o no con una estancia regular en nuestro país.

Es decir, en México ningún migrante es ilegal, sino simplemente su situación migratoria se califica como irregular, en caso de que no cuente con una visa emitida por las autoridades.

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Compromiso: detener el flujo migratorio

De acuerdo con lo informado por el Canciller Marcelo Ebrard, México acordó con Estados Unidos reducir el número de migrantes que transitan por nuestro territorio intentando llegar al país vecino. Para ello, seis mil elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en la frontera sur en apoyo de la autoridad migratoria.

Esta es una de las atribuciones con las que cuenta la Guardia Nacional, corporación que legalmente está autorizada para prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas de carácter federal. La situación irregular de los migrantes se ubica en este último supuesto.

Los artículos 7 y 9 de la Ley de la Guardia Nacional detallan que las obligaciones de esta corporación son “garantizar, mantener, y restablecer el orden y la paz social” en las zonas fronterizas, en los litorales, en los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, y en los centros de supervisión y control migratorio.

Esto quiere decir que la Guardia Nacional, desplegada en la frontera sur mexicana, estaría actuando de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley. En apoyo de las autoridades migratorias, los guardias nacionales pueden impedir el paso de los migrantes originarios de Centroamérica, aplicando de manera proporcional el uso de la fuerza.

También pueden detener a los migrantes que ya hayan ingresado a nuestro país sin la documentación adecuada, realizar su registro, y enviarlos de inmediato ante la autoridad migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, para que esta regularice su situación.

Todo esto debe hacerse respetando los derechos humanos de la población migrante, lo cual plantea un difícil equilibro para los guardias nacionales: hacer un uso proporcional de la fuerza, y al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales de quienes llegan a nuestro país, entre los que se incluyen el derecho al libre tránsito y el debido proceso.

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Realidad: corporación fantasma

Nada lo anterior supondría un problema si la Guardia Nacional estuviera efectivamente integrada, sin embargo, la realidad es otra.

A pesar de que desde el pasado 28 de mayo entraron en vigor las leyes que reglamentan su actuación, de manera formal al día de hoy aun no existe la Guardia Nacional, pues todavía no se han transferido ni comisionado a los policías militares, navales y federales que integrarán esa nueva corporación. 

Lo único que hasta ahora se ha hecho es ordenar a militares y marinos a portar un brazalete con las siglas GN, para que actúen como guardias nacionales, por ejemplo, en los operativos de seguridad implementados a finales de abril en los municipios de Minatitlán, Salina Cruz y Coatzacoalcos en el estado de Veracruz.

De hecho, aunque fue pública, notoria y manifiesta la actuación de decenas de elementos castrenses portando la insignia GN en Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con los oficios de comisión de sus elementos para que actúen como guardias nacionales, de acuerdo con diversas solicitudes de información realizadas por ciudadanos a esa dependencia, cuyas respuestas fueron proporcionadas por estos a Alto Nivel.

Una respuesta similar a la de la Secretaría de la Defensa Nacional se obtuvo de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que muestra además de opacidad, la actuación irregular de elementos del Ejército como guardias nacionales.

Una situación parecida se observa en el desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que oficialmente es la que encabeza la Comisión especial para atender el tema migratorio, anunciada esta semana por el presidente López Obrador, tras los acuerdos con Estados Unidos que evitaron la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se envían a ese país.

En realidad, formalmente debería ser la Secretaría de Gobernación la que dirija todas las acciones que el gobierno mexicano emprenda en su frontera sur para impedir o disminuir el ingreso de migrantes centroamericanos, o en su caso para ofrecerles alternativas con las que puedan regularizar su estancia en nuestro país.

Todos estos detalles muestran que el gobierno federal no sigue puntualmente el ordenamiento jurídico mexicano, a pesar de que es una de sus principales obligaciones.

En consecuencia, en el caso de los extranjeros que ingresan de manera irregular por nuestra frontera sur, todos los procedimientos podrían estar viciados de origen, lo que pone en duda la legalidad de la actuación de la autoridad mexicana, y añade un riesgo adicional para los derechos humanos de los migrantes.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.