Empoderar a las personas con discapacidad en el ámbito laboral
Es fundamental comprender que la discapacidad no debe verse como una limitación, sino como una parte integral de la diversidad humana.
Por Amparo Ponce Arango*
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un tratado internacional pionero en el siglo XXI, tiene como objetivo garantizar, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por México, esta Convención establece principios fundamentales como el respeto a la dignidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
A pesar de la importante participación de México en la creación y ratificación de la CDPD, de los avances en la legislación y políticas públicas; todavía estamos lejos de alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), aproximadamente el 6.3% de la población mexicana, es decir, 7.8 millones de personas, vive con alguna forma de discapacidad. Sin embargo, la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad es solo del 29.1%, en comparación con el 59.8% de las personas sin discapacidad. Esta brecha revela una clara discriminación y una negación de oportunidades para las personas con discapacidad para ejercer un derecho humano, el derecho al trabajo.
Es fundamental comprender que la discapacidad no debe verse como una limitación, sino como una parte integral de la diversidad humana. Las personas con discapacidad poseen habilidades y talentos diversos y merecen tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona. Por lo que es fundamental adoptar un enfoque bioético y de derechos humanos en las prácticas empresariales.
En primer lugar, las empresas deben reconocer que el respeto a la dignidad y la igualdad de oportunidades son principios fundamentales que deben aplicarse en todos los aspectos de la vida laboral. Esto implica eliminar cualquier forma de discriminación, ya sea directa o indirecta, en este caso basada en la discapacidad. Las empresas deben establecer políticas antidiscriminatorias claras y promover una cultura de inclusión en el lugar de trabajo.
Además, es esencial garantizar la accesibilidad en todos los entornos laborales, tanto físicos como tecnológicos. Las empresas deben asegurarse de que sus instalaciones sean accesibles para las personas con discapacidad, proporcionando rampas, espacios de estacionamiento adecuados y equipos y herramientas adaptados. Asimismo, deben garantizar la accesibilidad de los sistemas tecnológicos utilizados en el trabajo, como programas informáticos y plataformas en línea.
Para lograr una verdadera inclusión, es crucial que las empresas involucren activamente a las personas con discapacidad en la toma de decisiones, reduciendo así la vulnerabilidad y opresión en la que constantemente se encuentran. Sus voces y experiencias deben ser tomadas en cuenta al diseñar políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades laborales. Al colaborar estrechamente con las organizaciones de personas con discapacidad, las empresas pueden obtener perspectivas valiosas y desarrollar estrategias efectivas.
Es fundamental llevar a cabo campañas de sensibilización y psicoeducación para eliminar estereotipos negativos y promover una mayor comprensión de la diversidad de habilidades y capacidades. La educación y la concientización son herramientas poderosas para fomentar una cultura empresarial inclusiva y fomentar la integración de las personas con discapacidad en todos los niveles de la organización.
Finalmente, las empresas deben establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto implica revisar regularmente las políticas y prácticas laborales para identificar posibles barreras y áreas de mejora.
Es necesario tener presente que, a pesar de que el Estado aún tiene pendiente la implementación de políticas públicas basadas en derechos humanos para las personas con discapacidad, como empresas no podemos quedarnos de brazos cruzados. Se debe ser agentes de cambio, líderes en la construcción de un entorno laboral inclusivo para todos.
La responsabilidad de crear y adaptar nuestras propias políticas internas existe, esto en línea con los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, para asegurar que todas las personas, independientemente de su condición, tengan las mismas posibilidades de acceder al empleo y desarrollarse plenamente en el entorno laboral. Juntos, podemos eliminar las barreras y crear oportunidades para que las personas con discapacidad desarrollen su pleno potencial y contribuyan al crecimiento y la diversidad de nuestras empresas.
Es imperativo asumir esta responsabilidad, ya que al hacerlo no solo se cumplirá con nuestro deber ético, sino que se establecerá el cambio necesario para construir una sociedad más inclusiva y justa para todos.
*Amparo Ponce es profesora titular de Bioética II para el Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana.
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja únicamente la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
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