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Opinión

Los 60 días de AMLO en la Presidencia y sus nuevas instituciones

21-01-2019, 5:00:05 AM Por:
© Especial AMLO

No es que el Presidente AMLO esté rompiendo las reglas y destruyendo las instituciones, sino que está creando sus propias reglas y nuevas instituciones

A finales de enero se cumplirán los primeros dos meses de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Presidente de la República, cargo que en menos de 60 días ha recibido una inyección de protagonismo como no lo veíamos desde hace un tiempo.

Si bien, la investidura nunca ha dejado de tener importancia como la más alta magistratura del país, desde 1982 y hasta 2018 los Presidentes mexicanos fueron cediendo varias de sus facultades (algunas legales, otras meta-legales) a otros órganos del Estado mexicano, provocando que el Presidente de la República fuera diluyendo su protagonismo junto con su participación en la toma de todas las decisiones del país. Políticas económicas, sociales, judiciales, legislativas, etc.

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Desde Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, los Presidentes tuvieron que tomar decisiones consultando a otros poderes, distintos de los Poderes de la Unión. La crisis de 1982 que de la Madrid heredó tuvo que ser apagada con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual impuso una serie de condiciones que poco a poco fueron llevándose a cabo en el México que, forzadamente, tuvo que pasar del Estado de bienestar que se mantuvo durante los años 70 al Neoliberalismo que se instaló con dicho Presidente.

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peña nieto y amlo

Muchas de las condiciones del FMI fueron políticas. Si México quería que los mercados financieros internacionales volvieran a creer en él después del desastre de los años anteriores, tenía que dar garantía de que las inversiones tendrían certeza. De que nadie llegaría a querer nacionalizar nada de la noche a la mañana.

Para garantizar que el Presidente (quienquiera que fuera en el futuro) no caería en la tentación de usar las reservas monetarias del país para resolver el déficit fiscal, se le dio relativa autonomía al Banco de México (Banxico). Autonomía que sería completa y constitucional hasta 1994, pero que comenzó con el reconocimiento de facultades que le permitieron salvaguardar la estabilidad monetaria.

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Fachada del Banco de México / Reuters.

Reuters.

Para garantizar que el Presidente no pudiera intervenir en las decisiones del Poder Judicial, se reformó la Constitución y se creó el Consejo de la Judicatura Federal en 1994, para que jueces y magistrados no fueran nombrados o removidos por el Poder Ejecutivo, y para que sus sueldos no fueran pagados por el Secretario de Hacienda del Presidente.

Para garantizar que el Presidente no decidiría de manera arbitraria qué información podía estar disponible al público y cuál no, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2002. El cual ha ganado mayores facultades hasta convertirse en el actual Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De igual modo, para garantizar que el Presidente no le daría concesiones de radio y televisión a benefactores o personas cercanas, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2013, el cual fue parte de un ambicioso paquete de reformas donde se incluyó también al sector energético y de competencia económica.

telecomunicaciones

Lo anterior, es apenas un botón de muestra de cómo el Estado mexicano se ha ido transformando al paso de los gobiernos que entendieron cómo veían a México en el mundo: como un gobierno históricamente irresponsable, controlado por un partido hegemónico y con un Presidente que, sin contrapeso alguno, podía poner en riesgo la certeza de los inversionistas con la firma de un decreto.

Sin embargo, es innegable que las facultades cedidas por el Presidente a lo largo de estos años no fueron suficientes para resolver otros problemas distintos a los financieros.

Durante más de 10 años, la sociedad civil ha mantenido una protesta frontal contra la institución presidencial por la creación de una Fiscalía autónoma que no esté subordinada al Presidente; y por la creación de un Sistema Anticorrupción distinto a la Secretaría de la Función Pública que sigue siendo nombrada por el Presidente, entre otras demandas.

corrupcion

Estas luchas, sumadas a las demandas de la oposición partidista, la descomposición del tejido social por la violencia, el distanciamiento cada vez más drástico de la clase política de la población en general y la corrupción del gobierno anterior, fueron parte del caldo de cultivo que llevó a muchas personas al hartazgo. Y que derivó en los 30 millones de votos que recibió Andrés Manuel López Obrador el pasado 1º de julio de 2018.

Pero la llegada de un gobierno votado como opción de cambio, no garantiza que el cambio sea para beneplácito de quienes toda la vida han empujado al Estado mexicano hacia un institucionalismo como el de los últimos 37 años.

Y es que, si de algo se han dado cuenta las organizaciones de la sociedad civil y la intelectual que se dedicó a imaginar un México ideal en años anteriores, es que el nuevo Presidente de México no busca avanzar por ese camino, más identificado con el propio Neoliberalismo que él mismo dice combatir y rechazar, que con la democracia que se hizo visible en julio pasado.

El institucionalismo lopezobradorista no pretende seguir cediendo facultades del Presidente pues, en su visión, necesita tantas como pueda para emprender la que ha llamado Cuarta Transformación.

Por el contrario, lo que hemos visto es a un Presidente ávido de concentrar todas las decisiones nuevamente. Manteniendo y respetando el diseño institucional que existe, pero no por sometimiento a la ley sino como graciosa concesión.

Y a la pregunta expresa sobre la concentración de demasiado poder en manos de un solo hombre, la frase hecha de “si la cabeza es honesta, es honesta toda la estructura” es la respuesta.

Así, no es que el Presidente López Obrador esté rompiendo las reglas y destruyendo las instituciones. Más bien, para escándalo de unos y beneplácito de otros, está creando sus propias reglas y dando a luz a nuevas instituciones.

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Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.

autor Politólogo. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Consultor y analista político en medios de comunicación.
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