FGR pide sentencia de 82 años para el exprocurador Jesús Murillo Karam
Ya fue entregado el pliego acusatorio con el que se solicita al juez de la causa la pena máxima para el extitular de la PGR, con base en la ley actual.
La Fiscalía General de la República (FGR) quiere que el exprocurador Jesús Murillo Karam sea sentenciado a 82 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada e ilícitos contra la administración de justicia, presuntamente cometidos por el exfuncionario debido a las irregularidades con las que se desarrolló la indagatoria de la desaparición -en 2014- de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al entregar el pliego acusatorio al juez de la causa, la FGR solicitó -además de la alta condena- que al extitular de la ya desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) también se le sancione con 20,000 días de multa, que equivalen a 1.79 millones de pesos.
Igualmente se destaca que el Ministerio Público federal intenta que a Murillo Karam se le juzgue con la ley actual, y no con la que estaba vigente hace poco más de ocho años, confirmaron a ALTO NIVEL fuentes de la Fiscalía.
El exprocurador, de 75 años, quien permanece en prisión preventiva desde agosto de 2022, enfrenta dos procesos penales por el caso Ayotzinapa: En el primero, que es por el que la Fiscalía pide una sentencia de 82 años, se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, todos derivados de la investigación que tuvo a su cargo para esclarecer la desaparición de los estudiantes normalistas.
En el segundo proceso, la FGR asegura que el exprocurador es presunto responsable de desaparición forzada y tortura, cometidos en contra de un hombre señalado de ser sicario de la banda delictiva Guerreros Unidos.
En específico, desde abril pasado, los nuevos cargos contra el exfuncionario fueron avalados por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien le dictó a Murillo Karam dos nuevos autos de vinculación a proceso, adicionales a los que lo mantienen detenido, porque presuntamente torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, quien fue arrestado por la PGR por participar en la desaparición y homicidio de los 43 normalistas.
Castigo con ley actual
Con el fin de probar que el extitular de la PGR es culpable, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía dijo contar con 177 elementos probatorios, incluyendo en estos 69 declaraciones testimoniales.
La sentencia de 82 años que solicitó el Ministerio Público federal se integra por la suma de las condenas contempladas para cada uno de los delitos de la acusación. Así, la Fiscalía pide que a Jesús Murillo se le impongan 12 años de prisión por tortura, 60 años por desaparición forzada, y 10 años por los ilícitos en contra de la administración de justicia.
Cabe aclarar que, formalmente, al exfuncionario se le deben aplicar las leyes que sancionaban la tortura y la desaparición forzada en el momento en el que presuntamente se cometieron los delitos.
Sin embargo, en la acusación presentada por la FGR, al menos en lo que se refiere a la desaparición forzada, se está solicitando la sentencia máxima de 60 años que contempla la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017. En contraste, el Código Penal Federal vigente en 2014 preveía solo 40 años de prisión como máximo por ese delito.
Este cambio intentado por la Fiscalía obedece a que ya hay varios pronunciamientos jurisdiccionales, en procesos distintos al de Murillo Karam, en los que los Tribunales consideran que es la actual ley la que debe aplicarse al juzgar la desaparición de personas, pues se trata de un delito continuado que sucede a lo largo del tiempo.
En cambio, de acuerdo con el artículo 215-A del Código Penal Federal vigente entre 2014 y 2015, las penas para la desaparición forzada se determinan dependiendo del grado de participación que haya tenido el funcionario público acusado, pero en términos generales son de entre 5 y 40 años de prisión.
A su vez, el delito de tortura, en el Código Penal Federal que regía en el momento de los hechos por los que se acusa a Murillo Karam, se sanciona con penas de entre 2 y 10 años de prisión, mientras que los delitos contra la administración de justicia, normados en el artículo 225 del Código Penal Federal aplicable a este caso, las sentencias para los servidores públicos responsables van desde los 3 hasta los 10 años.
Con esto, si se logra probar la responsabilidad del exprocurador, y se le juzga con las normas de 2014, la pena máxima que pudiera recibir sería de 60 años, y no 82 como ahora lo pide la Fiscalía.
MÁS NOTICIAS:
- Empresarios hacen propuestas para aumentar IED en México
- Reforma a pensiones aumentaría demanda de crédito de Sofomes
- Adiós a Twitter: Elon Musk hace oficial el cambio de dominio a X.com
- Dow Jones cierra por primera vez por encima de 40,000 puntos
- Peso sube 1.19% este viernes: lleva tres semanas de ganancia
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.