¿AMLO quiere austeridad o minar la autonomía del Poder Judicial?

A pesar de que trasgrede varios artículos de la Constitución, la Cámara de Diputados pretende aprobar, antes de que se avale el Presupuesto para 2020, la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, a fin de acotar económicamente al Poder Judicial de la Federación y a los organismos autónomos.  

La norma también limita el derecho al trabajo al obligar a los exservidores púbicos a esperar, al menos 10 años, para trabajar en la iniciativa privada. Al mismo tiempo, se alista una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que revive la partida secreta del presidente, quien podrá usar de manera discrecional todos los recursos que el Poder Ejecutivo logre ahorrar.

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Intervención Económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los diputados de Morena consideran que en el Poder Judicial de la Federación, y en organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), se pagan sueldos exagerados y se otorgan prestaciones que, desde su perspectiva, constituyen privilegios.

Por eso quieren que las medidas de austeridad también lleguen a esas instituciones, cuyos funcionarios mantienen las mismas percepciones que recibían en la administración de Enrique Peña Nieto, debido a que han promovido miles de juicios de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual también será reformada antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Disminuir los salarios de quienes se desempeñan en el Poder Judicial, y obligar a que se eliminen los seguros de gastos médicos privados, es el primer objetivo de todo este paquete de reformas, aunque también subyace la intención de acotar su independencia.

Si bien el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, mantiene una buena relación con López Obrador, en lo general, no es positivo el saldo en tribunales de la actual administración.

En contraste con lo que ocurrió en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, los sueldos de los miembros de la judicatura, y de los altos directivos de algunos organismos constitucionalmente autónomos, no se redujeron en este año, debido a que se promovieron 4,982 juicios de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.

A esas demandas se añaden los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía; las impugnaciones de cientos de Policías Federales que se niegan a pertenecer a la Guardia Nacional; y los juicios por la cancelación de las estancias infantiles, entre otros.

También se agregan varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por legisladores de oposición, que consideran que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos violenta la autonomía de instituciones que no dependen del Poder Ejecutivo.

Con estas nuevas reformas, los diputados pretenden eliminar los vicios de inconstitucionalidad que mantiene esa norma, a fin de que los juicios de amparo sean sobreseídos, es decir, concluidos sin una respuesta favorable para los quejosos.

Sin embargo, al tratarse de nuevos actos legislativos, los diputados deben prever que sus medidas de austeridad volverán a ser controvertidas a través del juicio de amparo.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso incluir, en la Ley de Remuneraciones, una metodología específica y criterios técnicos para determinar las percepciones del sueldo del presidente, pues estas son el parámetro con el que se fijan los sueldos de todos los demás servidores públicos.

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Partida secreta

La partida secreta que permite el uso discrecional de recursos públicos por parte del presidente está contemplada en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, sin embargo, desde la administración de Ernesto Zedillo esta no se ha ejercido debido a que la Cámara de Diputados ha dejado en ceros el rubro correspondiente a esa partida dentro de los presupuestos de egresos.

Al no prohibirse en la Constitución, los diputados de Morena prevén avalar un párrafo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que autoriza al presidente a usar de manera discrecional los recursos que se obtengan de “los ahorros generados como resultado de la aplicación” de las medidas de austeridad.

“Por cuanto hace al Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular (del Ejecutivo)”, es decir el presidente, sentencia la nueva disposición. Esta reforma ya fue aprobada en julio por el Senado, y los diputados no pretenden modificarla.

Esta norma también puede ser impugnada por los legisladores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que disminuye las facultades del Poder Legislativo, y de los órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación.

Libertad laboral

La Ley Federal de Austeridad Republicana establece en su artículo 24 que los mandos superiores que laboran en la administración pública, al renunciar a esta, deberán esperar al menos 10 años para trabajar en alguna empresa. Esto es una restricción a la libertad de trabajo que contempla el artículo 5 de nuestra Constitución.

Hoy en día los servidores públicos solo ven limitado este derecho durante un año, luego de que dejan de laborar en el gobierno.

Es cierto que ningún derecho humano es absoluto, pero imponer a los exfuncionarios una limitante de una década para trabajar en la iniciativa privada no es objetivo ni proporcional, además de que una restricción tan amplia trasgrede el sistema general de derechos humanos que se aplica en nuestro país desde 2011.

Como los diputados planean aprobar esta disposición sin cambio alguno, la administración pública se verá afectada por cientos de renuncias, además de que previsiblemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos promoverá una acción de inconstitucionalidad en su contra, añadiendo un nuevo conflicto que deberá enfrentar la administración lopezobradorista en tribunales.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.