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México

La agenda del Congreso para el nuevo periodo que inicia en septiembre

En el segundo año de sesiones del Congreso la agenda estará dominada por el presupuesto, y la posible aprobación de una ley de amnistía

29-08-2019, 4:33:19 PM
Congreso de la Unión

El paquete económico para 2020, el primero que en forma íntegra elaborará la administración lopezobradorista, la revocación de mandato, la legislación secundaria de la reforma educativa, y una ley de amnistía, serán los principales temas que dominarán la agenda legislativa del segundo año de sesiones del Congreso mexicano.

En el tercer periodo ordinario de la actual legislatura, que inicia el domingo 1 de septiembre, diputados y senadores deben aprobar la Ley de Ingresos, en tanto que solo la Cámara baja es responsable de avalar el Presupuesto de Egresos que proponga el Ejecutivo.

El reto en este tema será mantener el equilibrio que han presentado los presupuestos de las anteriores administraciones, es decir, no gastar más de lo que se ingresa, a fin de que no se presente un déficit fiscal o se incremente la deuda pública, considerando que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no aumentar los impuestos.   

Otra arista importante será el destino que tengan para el próximo año los recursos públicos a través del Presupuesto de Egresos, el cual seguramente será aprobado por los diputados tal y como lo proponga el Ejecutivo federal, pues Morena y sus aliados, como el Partido del Trabajo y Encuentro Social, cuentan con mayoría absoluta en la Cámara baja.

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No obstante, este presupuesto no estará exento de polémica, sobre todo en lo que se refiere a los sueldos de los funcionarios, en especial de aquellos que laboran en los órganos constitucionalmente autónomos y en el Poder Judicial, pues aún no están resueltos los 4,982 amparos que se promovieron el año pasado en contra tanto de la Ley Federal de Remuneraciones, como del presupuesto para 2019.

El Poder Judicial de la Federación tampoco se ha pronunciado en definitiva sobre las Acciones de Inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Estas demandas cuestionan la constitucionalidad de esa norma porque en ella no se establecieron los parámetros con los que fue fijado el sueldo del presidente, remuneración que sirve como tope máximo para el salario del resto de los funcionarios.

Tampoco debe descartarse que el Presupuesto de Egresos para 2020 sea nuevamente impugnado vía el juicio de amparo, aunque esto no es un obstáculo para que los recursos sean ejercidos por el gobierno federal.

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Notimex

Amnistía y revocación

De acuerdo con el actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en este periodo de sesiones se intentará la aprobación de una Ley de Amnistía, iniciativa que podría ser presentada por López Obrador con carácter preferente, y que tendría como objetivo dejar en libertad a mujeres recluidas por diversos delitos en las cárceles del país.

El tercer párrafo de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución establece que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, el presidente está facultado para presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos propuestas que se hayan presentado en periodos anteriores y que estén pendientes de dictamen.

Las iniciativas preferentes deben ser discutidas y votadas en la Cámara de origen en un plazo máximo de treinta días naturales, en tanto que la Cámara revisora debe aprobarlas en el mismo lapso una vez que las reciba de parte de su colegisladora.

Aborto

Hay que aclarar que las propuestas preferentes solo se refieren a leyes, pues con este carácter no pueden presentarse reformas a la Constitución. Esto deja en los plazos ordinarios la iniciativa de revocación de mandato de López Obrador, que modifica el artículo 35 de la carta magna.

Esos cambios constitucionales ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados en marzo pasado, pero el dictamen está congelado en el Senado donde Morena no ha conseguido el respaldo de la oposición.

La revocación de mandato es un procedimiento que permite a los votantes remover de su cargo a un funcionario, antes de que concluya el periodo para el que fue electo. Se trata de un derecho de los ciudadanos y no de la autoridad, pues esta última tan solo es la expresión de la voluntad popular.

En este aspecto se centran las críticas a la iniciativa que pretende incluir en la carta magna la revocación de mandato del Ejecutivo federal, pues la petición al Congreso la haría el mismo presidente. Lo que se quiere es dar facilidades al mandatario para que este lleve a cabo la convocatoria de su propia revocación, mientras que se imponen muchos más requisitos para que los ciudadanos pidan el mismo ejercicio.

Las consecuencias de esto no solo son jurídicas: La reforma permitiría que el presidente y los gobernadores puedan estar en campaña desde el primer día de su administración, influyendo en los resultados de las elecciones intermedias, y haciendo inequitativos los comicios.

Austeridad y evasión fiscal

La Ley Federal de Austeridad Republicana, que aprobó en julio el Senado y que aún deben avalar los diputados, es otro punto en la agenda del nuevo periodo ordinario de sesiones. Esa norma causará polémica porque transgrede diversas disposiciones de nuestra carta magna como el derecho al trabajo, la libertad empresarial, y los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Los cuestionamientos a la iniciativa se centran en el levantamiento del velo corporativo de las empresas que se relacionen con el gobierno, la adjudicación de facultades extraordinarias a las secretarías de la Función Pública y Hacienda, y la creación de una partida presupuestal que el presidente podrá usar de manera discrecional. En esa misma tesitura se ubica la intención de convertir en delito grave la evasión fiscal.

Y como si no bastara con todos estos temas, los legisladores aún tienen pendiente la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, propuestas que en algunos casos deben estar listas antes del 13 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo que se impusieron los mismos legisladores cuando reformaron en abril pasado los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.

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