¿Por qué se suspendió la construcción del aeropuerto de Santa Lucía?
La suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es una medida provisional concedida en un amparo para evitar daños al medioambiente
El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado de México ordenó suspender provisionalmente las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, hasta que el gobierno federal, como autoridad responsable, compruebe que cuenta con todos los permisos ambientales que se requieren para llevar a cabo una obra de esa envergadura.
Esta es la primera respuesta positiva del Poder Judicial de la Federación a favor de uno de los más de cien ciudadanos que promovieron 147 amparos en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), y de la proyectada sustitución del mismo en Santa Lucía.
De hecho, la suspensión provisional solo podrá ser levantada si el gobierno federal demuestra, mediante documentos específicos, que la construcción de la próxima terminal aérea no afectará el entorno ecológico de la zona.
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Trabajos preliminares cuestionados
La respuesta de la administración federal ante el amparo y la suspensión en contra del próximo Aeropuerto Internacional general Felipe Ángeles no se hizo esperar: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que en el área “no hay obras todavía”.
No obstante, se respetará “la decisión del juez”, aseveró el mandatario sin ocultar cierto disgusto por la medida del tribunal. “Desde luego esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos”, agregó López Obrador.
Sin embargo, a pesar de estas declaraciones del Ejecutivo federal, hay que considerar que el pasado 29 de abril el mismo presidente dio el banderazo de inicio para los estudios y trabajos preliminares del nuevo aeropuerto, una acción de gobierno que no está exenta de ser revisada en su constitucionalidad por parte del Poder Judicial.
En este caso, no se está prohibiendo la construcción del aeródromo civil en las instalaciones de lo que actualmente es la Base Aérea militar de Santa Lucía, sino que la suspensión otorgada es una medida cautelar para que todas las obras se paralicen, en tanto el gobierno federal muestre los permisos ambientales que son obligatorios para la construcción de cualquier infraestructura aeroportuaria.
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Litigio estratégico ciudadano
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que la suspensión provisional otorgada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado de México forma parte de una serie de amparos presentados por esa institución de la sociedad civil y el colectivo “#NoMásDerroches”.
Usuarios del aeropuerto, pilotos aviadores, pobladores de Texcoco y Santa Lucía, así como Organizaciones No Gubernamentales “presentamos 147 juicios de amparo individuales, con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAIM)”, detalla un comunicado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Este colectivo considera que “la cancelación injustificada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco ha costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país”.
Su sustitución por el proyecto de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que ya existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que “representa un riesgo importante para la seguridad aérea”, además de que la edificación carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios.
Los juicios de amparo promovidos, añade Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señalan el daño inminente e irreparable que se causará a la ecología por la construcción de la terminal aérea de Santa Lucía.
“Por ello, un Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de México otorgó la suspensión provisional a fin de detener la construcción de dicho aeropuerto hasta en tanto el gobierno federal demuestre que cuenta con todas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades ambientales”.
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Suspensión total, el objetivo
El objetivo de todos estos amparos es lograr la suspensión total y definitiva de la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, lo cual jurídicamente es posible si los tribunales consideran que, efectivamente, las obras afectarán de manera irreparable al medio ambiente, lo que a su vez lesiona los derechos humanos de los ciudadanos.
Sin embargo, aunque la ley prevé la facultad del Poder Judicial de la Federación para suspender un acto administrativo como lo es la construcción de un aeropuerto, hay que considerar que en las decisiones jurídicas también influye la política, por lo que se prevé una larga batalla judicial que solo podría retrasar el inicio de la edificación del aeródromo.
El caso incluso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si esta decidiera atraerlo en revisión de los amparos indirectos promovidos por los colectivos ya mencionados, lo que sin duda sentaría un precedente hasta ahora inédito.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.