Esto le costaría al país la cancelación del Nuevo Aeropuerto
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la decisión de no seguir con el nuevo aeropuerto costará alrededor de 120,000 millones de pesos
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construye en Texcoco implicaría diversos impactos financieros y económicos, además de la violación de algunos tratados internacionales, lo que afectaría la reputación del país en el exterior, advirtió el sector privado.
A unas horas de que termine la consulta nacional convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para definir el destino de esta obra valorada en 13,300 millones de dólares, compartimos algunas de las estimaciones, en caso de que se decida detener el proyecto.
Lee: ¿Será válida la consulta de AMLO sobre el nuevo aeropuerto en CDMX?
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad( Imco) y el Grupo Aeroportuario de México (GACM), la decisión de no seguir con este proyecto costaría alrededor de 120,000 millones de pesos. Esto corresponde a 58,000 millones ya pagados, más las penalizaciones y los gastos no recuperables que se generarían por la cancelación de contratos proporcionales al monto comprometido de 102,000 millones.
Notimex La cancelación del proyecto implicaría diversos impactos financieros y económicos.
El titular del GACM, Federico Patiño, explicó que cancelar esta construcción traería una pérdida aproximada de la mitad del costo total de la obra.
Explicó que dicha cifra correspondería a demandas por daños y perjuicios, liquidación de personal, mismo que se espera sea de 70 mil personas a finales de este año.
En tanto, el análisis “Nuevo Aeropuerto en CDMX: ¿En vísperas del error de octubre?“, elaborado por Citibanamex, destaca que la decisión de ya no realizar el proyecto aeroportuario sería significativo para el país en el corto y mediano plazo, pues las repercusiones llevarían a revisar negativamente la perspectiva macroeconómica de México.
Según los analistas de Citibanamex, los costos de frenar el proyecto, en cuanto a multas financieras y la pérdida del capital invertido, podrían ascender a alrededor de 6.3 millones de dólares, equivalente a cerca de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, incluyendo más de 1.3 mil milllones de dólares de recursos públicos ya devengados.
Otros “costos”
Entre los costos mencionados por los analistas de Citibanamex destacan:
- La inversión privada enfrentaría un ambiente económico y legal más incierto hacia el futuro, ante la percepción en los mercados de que la nueva administración tomará decisiones públicas de forma discrecional.
- El costo en productividad de eliminar la alternativa para expandir la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
- Se limitaría la disponibilidad para financiar Santa Lucía o cualquier alternativa, pues activarían convenios de garantizar a los tenedores de bonos que se mantendrá el flujo de ingresos provenientes de los cargos a pasajeros.
Los cálculos del equipo de transición
El pasado 17 de agosto de 2018, el futuro titular de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriú, y López Obrador difundieron el dictamen técnico que analizaba la viabilidad del proyecto del NAIM, en el cual se calculaban pérdias por 100,000 millones de pesos (5,250 millones de dólares); es decir, 60,000 millones de pesos por obras realizadas y 40,000 millones de pesos por gastos no recuperables de contratos firmados.
Notimex El funcionario explicó que la cancelación implicaría negociaciones con acreedores y contratistas y habría un impacto considerable en el Presupuesto Federal del 2019.
Reputación internacional
En tanto, el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), Moisés Kalach, explicó que “se podrían estar violando disciplinas y cláusulas de los tratados internacionales si se cancelan los contratos del nuevo aeropuerto”.
Kalach dijo que los empresarios se encuentran preocupados después de hacer algunas consultas con su equipo legal-técnico en relación a ese tema de la agenda nacional y que este jueves inició consulta ciudadana en todo el país.
Esas consultas, explicó Kalach, derivaron de otras informales y hechas de empresarios de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes también han mostrado su preocupación y quieren saber cuáles son las condiciones y sus derechos legales en caso de tener cambios sustanciales en los contratos fijados para esa obra de infraestructura.
La consulta se realizó 25 al 28 de octubre en todo el país y se instalaron alrededor de 1,073 mesas de votación en 538 municipios de las 32 entidades de la República Mexicana, donde habita 79 por ciento de la población.
Con información de Reuters y Notimex.
