Policía Federal lleva a tribunales inconformidad con la Guardia Nacional

Por Surya Palacios @suryapalacios

La transferencia de miembros de la Policía Federal a la Guardia Nacional estará suspendida hasta que los juzgados de distrito resuelvan los amparos que promovieron más de 3,500 elementos de esa corporación, quienes desde la semana pasada manifestaron su inconformidad con la nueva institución armada.

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Los demandantes ya obtuvieron una suspensión provisional de parte del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, que tiene dos efectos: por un lado, los beneficiados con la suspensión deberán seguir recibiendo su sueldo y prestaciones sin ningún cambio; y por el otro, el proceso para su traslado a la Guardia Nacional estará paralizado, al menos en los próximos meses.

Los policías federales se niegan a formar parte de la Guardia Nacional, bajo el argumento de que con esa transferencia se les pretenden disminuir sus sueldo y prestaciones.

Además, el acuerdo presidencial -que oficializa la transferencia- no detalla las condiciones laborales que tendrán los policías al convertirse en guardias nacionales, en tanto que ese documento sí explica los derechos y obligaciones que tendrán los guardias cuyo origen sea el Ejército o la Marina.

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Discriminación laboral

En sus demandas de amparo, los policías federales señalan que el “Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional”, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, trasgrede los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución.

En ese documento, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de junio, se detalla que los policías militares y navales que pasen a la Guardia Nacional conservarán sus grados, rangos y todas sus prestaciones.

De hecho, el texto agrega que esos policías militares podrán portar, como guardias nacionales, las insignias equivalentes al grado que ya ostentan en la institución castrense.

De igual forma, si en algún momento deciden regresar al Ejército o a la Marina, se respetarán sus derechos laborales y su antigüedad, y a esta última se le sumará el tiempo que hayan servido en la Guardia Nacional.

En contraste, en el Acuerdo presidencial no existen estas prerrogativas para los policías federales, pues el documento solo menciona que los cuadros de las Fuerzas Federales y la Gendarmería de la Policía Federal, que pasen a formar parte de la Guardia Nacional, deberán someterse a la disciplina, fuero civil, cadena de mando y demás normas contenidas en la ley de esa nueva corporación.

También apunta que, ya como guardias nacionales, los policías federales podrán portar las medallas o distintivos que hayan recibido de parte de instituciones nacionales o extranjeras, y del Consejo Federal de Desarrollo Policial.

Sobre la conservación de los grados, sueldo y prestaciones de los elementos de la Policía Federal, el Acuerdo no dice una sola palabra. Esta omisión violenta los derechos humanos y laborales de los policías federales, al menos eso es lo que argumentan en sus demandas de amparo.

Así mismo, el Acuerdo ya referido trasgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los numerales 14 y 16 de la Constitución, y hace una diferencia con respecto a los derechos que tendrán los miembros de la Policía Federal en comparación con aquellos que provienen de la milicia o el estamento naval.

Esto último implica que la autoridad, en este caso el presidente, quien es el que emite el documento, no está respetando el derecho a la igualdad y no discriminación que prescribe el artículo 1 de nuestra carta magna.

De su lado, la Consejería Jurídica de la presidencia, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negaron los agravios. Esas dependencias consideran que las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional son claras y armónicas con la Constitución.

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Acuerdos e Indemnizaciones

Además de los elementos que tramitaron amparos, hay otro grupo de policías federales que no quieren conservar su sueldo y prestaciones, pues no están interesados en formar parte de la Guardia Nacional, por lo que piden ser indemnizados conforme a la ley.

Esta posibilidad no está siendo considerada por el gobierno federal, debido a las medidas de austeridad que sigue la actual administración, por lo que se insiste que los policías tendrán que elegir ser reubicados en dependencias como el Servicio de Protección Federal (que resguarda los edificios del Estado), la Unidad de Medidas Cautelares, el Instituto Nacional de Migración o las aduanas, entre otras instituciones.

Al mismo tiempo hay otros elementos de la Policía Federal que ya aceptaron un acuerdo de trece puntos, negociado en los últimos tres días con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.

Sin embargo, este pacto prácticamente expresa lo mismo que la semana pasada señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana: Ningún integrante será despedido, los policías deberán elegir una dependencia para ser transferidos; y lo más importante, se reiteró que ya no se pagará el llamado “bono de operatividad”, una gratificación de 9,800 pesos que se otorgaba a los policías después de laborar 25 jornadas. 

En conclusión, el pulso entre el gobierno y la Policía Federal no solo no ha concluido, sino que se ha agravado al dispersarse los grupos demandantes, destacándose aquellos elementos que promovieron amparos, quienes podrán mantener en suspenso su cambio de adscripción, hasta en tanto se resuelvan de manera definitiva esos juicios.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.