Muere la reforma educativa de Peña Nieto y nace la de AMLO

El Senado mexicano aprobó los artículos de la reforma educativa que fueron rechazados la semana pasada, cuando no se alcanzó el voto favorable de la mayoría calificada, con lo que -ahora sí- el dictamen completo que modifica tres numerales de la Constitución fue turnado a las entidades federativas, iniciándose el fin de la reforma impulsada en 2013 por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto.

Con esto se eliminan los concursos de oposición para los docentes, quienes solo serán sujetos de evaluaciones diagnósticas que, en ningún caso, tendrán algún efecto en su permanencia, como ocurría con la anterior reforma educativa.

Ahora el ingreso y promoción de los educadores se llevará a cabo a través de procesos de selección, que deberán especificarse en las leyes secundarias. Para ello se considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros, aunque no habrá ninguna consecuencia si no cuentan con la debida preparación.

En lugar de sanciones, como prescribía la reforma de Peña Nieto, se implementará un sistema integral de formación, pero si en esto hay algún incumplimiento tampoco podrá repercutir en la permanencia laboral de los maestros.

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Control de plazas

A pesar de que la semana pasada los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron en lo particular el artículo transitorio que permitiría que los sindicatos magisteriales manejen la mitad de las plazas del sistema educativo, en esta ocasión, tal y como ocurrió la noche del miércoles en la Cámara de Diputados, ese numeral alcanzó el aval de los legisladores de ese partido, del PRD y de Morena.

Se trata del artículo decimosexto transitorio de la reforma, que establece que los derechos de los docentes se regirán por el artículo 123, apartado B, de la Constitución, al cual se le añadieron unas líneas especificando que la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros seguirá lo que diga la próxima Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Este numeral abre la posibilidad de que los sindicatos controlen una parte de los puestos de trabajo, ya que la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional apunta sin ambages -en su artículo 62- que las vacantes “serán cubiertas en un 50% libremente por los titulares (de la dependencia), y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato”.

Los senadores de Morena, al igual que sus pares de la Cámara baja, negaron que los sindicatos vayan a controlar la mitad de las plazas, toda vez que deberá seguirse lo que dice la última parte del artículo decimosexto transitorio: que la promoción y reconocimiento de los educadores se regirá por Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Sin embargo, las dos premisas de ese artículo se contradicen entre sí, beneficiando a los gremios en su primera parte, y constriñéndolos a una ley que aún debe aprobar el Congreso, en su parte final.

Si ese artículo de entrada dice que los derechos de los maestros se rigen por lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, apartado B, es obvio que los sindicatos harán valer esos derechos considerando lo que dispone la ley reglamentaria de ese numeral de la carta magna, independientemente de lo que disponga la próxima ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

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Educación obligatoria

Esta reforma al texto constitucional incluye como obligatorias la educación inicial y la superior. Además, toda la educación que imparta el Estado deberá ser inclusiva, enfatizando los apoyos para la educación especial.

En ambos casos no se presentó en el Congreso el estudio de impacto presupuestal para su implementación, por lo que -formalmente- será hasta el año 2020 cuando se incluyan los recursos específicos en el Presupuesto de Egresos.

Sobre la autonomía de la educación superior, que desaparecía en la propuesta de reforma enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores no hicieron ningún cambio, conservándose tal y como está desde 1980 la fracción VII del artículo tercero constitucional.

No obstante, se añadió una nueva fracción en la que además de la obligatoriedad de la educación superior, se establece la facultad de las autoridades para establecer políticas que fomenten la inclusión y permanencia de los alumnos en las Universidades, lo cual debe realizarse de acuerdo “con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Esto implica que continúan los exámenes de admisión en las universidades, aunque los gobiernos federal y de las entidades “proporcionarán medios de acceso” para las personas que cumplan con los requerimientos de cada casa de estudios.

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Próxima normatividad

La reforma educativa, que aun deben aprobar al menos 17 legislaturas de las entidades federativas, será reglamentada por una Ley General del Servicio Profesional Docente, que creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Ese sistema será coordinado por un organismo con autonomía técnica y presupuestaria, que será el sustituto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), con la diferencia de que este último era una institución constitucionalmente autónoma, es decir, no dependía de la Secretaría de Educación Pública, mientras que el nuevo organismo sí mantendrá esa relación.

Así mismo, estos cambios a la carta magna le imponen al presidente de la República un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para que defina una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y otra para inclusión educativa, que debe considerar a los mexicanos que requieren educación especial.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.