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¿Qué dice la reforma educativa que aprobó la Cámara de Diputados?

25-04-2019, 7:04:15 AM Por:

En vez de concursos de oposición habrá evaluaciones diagnósticas para los maestros, pero sin ninguna sanción, de acuerdo con la reforma educativa

La reforma educativa aprobada la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados, con la que se modificaron tres artículos de la Constitución, elimina los concursos de oposición para los docentes y los sustituye por evaluaciones diagnósticas, y por un sistema integral de formación que no tendrá sanciones en caso de incumplimiento.

La Cámara baja modificó así sustancialmente la reforma educativa del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, aunque también cambió muchas de las propuestas que en diciembre había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una iniciativa que eliminaba de la Constitución la autonomía de las universidades.

Ahora, el dictamen aprobado en lo general con 381 votos a favor, mantiene esa autonomía, pues no se cambió la fracción VII del artículo tercero constitucional, aunque añade una nueva fracción en la que se establece la obligatoriedad de la educación superior, y la facultad de las autoridades para establecer políticas que fomenten la inclusión y permanencia de los alumnos en las Universidades.

Si bien la redacción de la nueva fracción X del artículo tercero de la carta magna podría interpretarse como una intervención del gobierno en la autonomía universitaria, se aclara que el fomento que harán las autoridades para que los mexicanos accedan a este nivel educativo se realizará de acuerdo “con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Es decir, los exámenes de admisión en las universidades no desaparecen, sino que los gobiernos federal y de las entidades “proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo (sic) para las personas que cumplan” con los requerimientos de cada Universidad pública. No se aclara cuáles serán esos medios de acceso.

Además de incluir a la educación superior como parte de la enseñanza obligatoria, siempre de acuerdo con los requisitos de ingreso de cada Universidad, por primera vez en la historia de nuestro país se contempla a la educación inicial como parte de la educación básica, también obligatoria.

De hecho, la reforma al artículo tercero de la carta magna detalla que este tipo de educación, que debe impartirse antes del preescolar, es un derecho de la niñez, por lo que “será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.

Una vez que esta reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución entre en vigor, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días para definir una estrategia nacional de atención a la primera infancia, en la que se debe determinar el financiamiento y la gradualidad que tendrá la impartición de la educación inicial.

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Especial reforma educativa

Más burocracia educativa

La Ley General del Servicio Profesional Docente quedará abrogada con estos cambios constitucionales, que aun deben aprobarse en el Senado, y en al menos 17 Congresos de las entidades federativas. Con ello se suspenderán todas las evaluaciones que se realizaban a los maestros.

Los efectos de la aplicación de esa norma, que afectaron la permanencia de los docentes, también se eliminan, de acuerdo con el régimen transitorio de esta reforma.

El término abrogar significa que se deja sin vigencia (y por ende sin validez) la totalidad de una ley, mientras que derogar es la privación parcial de la vigencia de los contenidos de una norma jurídica.

Así mismo, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación deja de estar vigente, con lo que desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en su lugar el Congreso deberá emitir una Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Con esto se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo con autonomía técnica y presupuestaria, que tendrá una Junta Directiva, un Consejo Técnico y un Consejo Ciudadano.

Los cinco miembros que conformarán la Junta Directiva serán designados por el Senado, asegurando la renovación escalonada de los mismos. Es decir, dos de sus integrantes serán nombrados por cinco años, dos por seis años, y uno por un periodo de siete años.

El mismo método se utilizará para la elección en la Cámara alta de los siete expertos que integrarán el nuevo Consejo Técnico de Educación, el cual se encargará de asesorar a la Junta Directiva mencionada.

Cabe destacar que para ser miembro de alguno de estos cuerpos colegiados, se requerirá ser especialista en investigación y política educativa, y no haber sido dirigente de algún partido político o candidato, en los cuatro años anteriores a la designación.

Adicionalmente, dentro de los consejos técnicos escolares -que ya existen- se integrará un comité de planeación y evaluación encargado de formular un programa multianual que contemple, entre otros temas, la mejora continua de la infraestructura del plantel, su equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación docente, y el aprovechamiento académico.

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Adiós concursos de oposición

El ingreso y promoción de los docentes se llevará a cabo a través de procesos de selección que deberán especificarse en las leyes secundarias. Para ello se considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros, aunque si no cuentan con la debida preparación, estos en ningún caso resultarán afectados en su permanencia, como ocurrió con la reforma educativa de Peña Nieto.

Así, ya no habrá concursos de oposición, en su lugar se implementarán evaluaciones diagnósticas que no serán punitivas, ni ocasionarán ninguna sanción en caso de no aprobarse. En ese tenor, la reforma avalada en la Cámara de Diputados incluye -como una obligación del Estado- el fortalecer las escuelas normales y de formación docente.

Las plazas de los maestros, así como el presupuesto para la educación pública seguirán siendo responsabilidad del Estado mexicano, por lo que cualquier nombramiento o contrato estará contemplado en la ley, esto con el fin de evitar discrecionalidad de los sindicatos o de otros grupos magisteriales, que en algunos estados del país prácticamente controlan el ingreso de los docentes al sistema educativo.

En ese tenor, la bancada del Partido Acción Nacional, y algunos diputados del PRI en la Cámara baja, votaron en contra de esta reforma porque -en su opinión- con ella se corre el riesgo de que regresen prácticas como la venta de plazas en el servicio docente.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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