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¿Puede AMLO cancelar o derogar la reforma educativa?

16-04-2019, 2:34:54 PM Por:
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© Especial reforma educativa

El presidente López Obrador no tiene facultades para abrogar la reforma educativa, ni para suspenderla por decreto

El memorándum que este martes emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ordena dejar sin efecto “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación” de la reforma educativa, aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto, no tiene fundamento legal ni constitucional, por lo que el mandatario está excediendo las facultades que la carta magna le otorga.

El documento que dio a conocer López Obrador de entrada trasgrede el artículo 16 constitucional, que obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus actos, esto quiere decir que, en el ejercicio de sus funciones, el presidente mexicano debe mencionar taxativa y detalladamente los artículos de la Constitución y las leyes que sustentan ese memorándum (fundamentación), además de los motivos que lo generaron.

En este caso, ninguno de los ocho párrafos del memorándum cuenta con la fundamentación legal requerida, por lo que se trata de una violación flagrante al principio de legalidad al que está obligado el titular del Poder Ejecutivo Federal.

A su vez, la reforma educativa, al ser una reforma a nuestra carta magna, vigente desde el 26 de marzo de 2013, solo puede dejar de aplicarse mediante un acto legislativo, es decir, puede ser abrogada o cancelada por completo a través de una iniciativa que así lo disponga, y que sea aprobada con la mayoría calificada de cada una de las Cámaras del Congreso, y al menos 17 legislaturas de las entidades federativas.

Esa iniciativa de abrogación puede ser enviada al Poder Legislativo por el presidente de la República, o surgir de algún diputado o senador. Mientras que también puede ser derogada con el mismo mecanismo. En este último caso, la derogación implica cambiar solo parcialmente las disposiciones de esa reforma constitucional.

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Reuters

Se exceden facultades

Las facultades y obligaciones del presidente de México están contenidas en el artículo 89 de la Constitución. En ninguna de sus 20 fracciones se faculta al mandatario a emitir órdenes que dejen sin efecto las normas, tal y como se expresa en el memorándum de López Obrador.

El presidente tampoco tiene facultades para determinar que la nómina del sector educativo quede bajo control de la Secretaría de Hacienda, y de igual forma, el Ejecutivo federal no puede pedir a la Secretaría de Educación reinstalar a los maestros que fueron cesados, pues eso implica una trasgresión no solo a las normas constitucionales, sino también a las leyes vigentes con las que se llevaron a cabo esos ceses.

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Notimex Secretario de Educación Esteban Moctezuma

Al excederse en sus facultades, Andrés Manuel López Obrador desconoce en los hechos la protesta que hizo el 1 de diciembre de 2018, que lo obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Por ende, hay que decirlo con todas sus letras: el presidente quiere gobernar por decreto, sin considerar la división de poderes y los límites que nuestra carta magna le impone.

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Invasión a los poderes Legislativo y Judicial

El memorándum de López Obrador expresa que la secretaría de Gobernación “realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma” educativa.

Habría que aclararle al mandatario que el único poder que decide la libertad o encarcelamiento de una persona es el Judicial, independientemente de lo que pueda disponer el Ministerio Público (que forma parte del Poder Ejecutivo), pues la valoración sobre la privación de la libertad de cualquier mexicano que haya trasgredido la ley es responsabilidad de los jueces.

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En síntesis, el memorándum emitido por Andrés Manuel López Obrador, además de violar la Constitución y exceder las facultades que esta le impone como titular del Ejecutivo federal, invade las facultades de los poderes Legislativo y Judicial.

La solución para suspender e impedir estas trasgresiones es el juicio de amparo, al que podemos acudir los ciudadanos, y la controversia constitucional que pueden promover diputados y senadores.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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