Las razones de Sedena para eliminar los amparos contra Santa Lucía

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) considera que los amparos promovidos en contra de la edificación del aeropuerto de Santa Lucía son actos “en contra de la seguridad de la aviación”, y “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico” del país, al menos esos son los argumentos expresados en un incidente de revocación de la suspensión definitiva, tramitado por la institución militar ante un juez de Distrito.

Con ese recurso, la dependencia quiere que el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México revoque una suspensión definitiva, otorgada en uno de los más de cien juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, en contra de la construcción de la terminal aérea.

La Sedena tramitó ese incidente luego de que el pasado 29 de agosto la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional integró todas las instalaciones castrenses al Inventario de la Infraestructura Estratégica del país, a petición de la misma Secretaría de la Defensa.

Con esto el gobierno federal quiere que el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa revoque una primera suspensión, para luego utilizar el mismo argumento en los demás juicios de amparo, a fin de que todas las suspensiones que se han otorgado sean revocadas, y se permita el inicio de la construcción del aeródromo.

Esto quiere decir que, en caso de que el juzgador le dé la razón a la Sedena, la edificación del aeropuerto en lo que hoy es la Base Militar de Santa Lucía no podrá iniciar de inmediato, pues aun hay otras suspensiones que también tendrían que revocarse para que comiencen los trabajos de construcción.

Este viernes, si la autoridad jurisdiccional no decide diferir la audiencia, se prevé la respuesta del juzgador a lo solicitado por la Secretaría de la Defensa.

Peligro a la soberanía

En el incidente, tramitado por el general brigadier de justicia militar Miguel Carrasco Hernández, en representación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se pide al juez que revoque la suspensión que paraliza las obras de Santa Lucía porque esa medida causa un perjuicio al interés social.

El documento de la Sedena, cuya copia está en poder de Alto Nivel, agrega que la suspensión no permite que esa dependencia mantenga de manera adecuada “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, de hecho, para la institución castrense las suspensiones otorgadas ponen en riesgo la “defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”, de acuerdo con las fracciones IV y V de la Ley de Seguridad Nacional.

En términos llanos, la Secretaría de la Defensa está diciendo que, mientras se mantengan paralizadas las obras del aeropuerto de Santa Lucía, peligra la integridad, la soberanía y hasta la defensa de nuestro país.

En su afán por convencer al togado, el escrito añade que la suspensión de esas obras “impediría que la Base Militar apoye a la población civil mediante la aplicación o ejecución del Plan DN-III-E”, lo cual es una falacia pues, por ejemplo, desde el pasado 30 de agosto a la fecha, la Sedena ha aplicado ese plan sin ningún problema en 13 ocasiones, de acuerdo con los comunicados emitidos por esa dependencia.

Además, los aviones que participaron en el Desfile Militar del pasado 16 de septiembre despegaron y aterrizaron, también sin ningún contratiempo, de la misma base de Santa Lucía.

Confusión jurídica

En el recurso tramitado por la Secretaría de la Defensa Nacional se cometen varios errores, jurídicos y argumentativos, destacándose uno que denota que en esa institución no han entendido los efectos de las suspensiones que se han otorgado.

El documento apunta que, de mantenerse la suspensión, “no se podría (sic) desplegar las operaciones militares necesarias para salvaguardar la seguridad nacional, además de impedirse la explotación, en beneficio de la sociedad, de vías generales de comunicación”.

Para la Sedena, la suspensión “inhabilita una infraestructura de carácter estratégico, como lo es la Base Militar Número 1, de Santa Lucía”.

Este es un punto nodal en el que se equivoca la Sedena, pues los efectos de las suspensiones otorgadas en los amparos contra el nuevo aeropuerto en ningún momento interrumpen las actividades de la Base Militar. Las medidas cautelares, porque eso son las suspensiones, solo han ordenado que no se construya ahí un nuevo aeródromo, hasta en tanto no se resuelva el fondo de todos los amparos.

En esos juicios se cuestiona la constitucionalidad de la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, la orden de edificar uno nuevo en Santa Lucía, y la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente, entre otros actos de la autoridad que no han sido fundamentados de manera adecuada por el gobierno federal, a decir del equipo jurídico de #NoMásDerroches.

Con este incidente para que se revoquen las suspensiones, en pocas palabras el gobierno federal quiere que el juez le permita incumplir con el principio de legalidad, bajo el argumento de que el proyecto de la terminal aérea de Santa Lucía tiene un carácter estratégico para la seguridad nacional.

A diferencia de los ciudadanos que podemos actuar en cualquier ámbito, siempre y cuando no lo prohíba la ley, las autoridades solo pueden hacer lo que les autorizan las normas. Esto en términos jurídicos es el principio de legalidad que obliga a todos los funcionarios.

Si la autoridad no observa este mandato, contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, se trasgrede el Estado de Derecho y se genera inseguridad jurídica. Esto es lo que se intenta combatir con los amparos promovidos por diversos ciudadanos, apoyados por el colectivo #NoMásDerroches.

Si bien, en caso de una invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro hecho que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se pueden restringir algunos derechos, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, aún en esas situaciones extraordinarias no puede suspenderse el ejercicio de los derechos políticos; las libertades de pensamiento; el principio de legalidad, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, como lo es el juicio de amparo.

Si en los peores escenarios el principio de legalidad no puede ser suspendido, tampoco puede dejar de observarse con el pretexto de que una futura construcción será estratégica para la seguridad nacional. Permitirlo es entrar en el oscuro camino de la arbitrariedad.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.