¿Por qué sigue suspendida construcción del aeropuerto de Santa Lucía?

Sigue en suspenso el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consideró la semana pasada que el proyecto era “ambientalmente viable”, pues ese aval no es el único que debe cumplir el gobierno federal a fin de que comience la edificación de esa terminal aérea.

La autorización de Semarnat es solo uno de los varios estudios que deberán presentarse ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, que hasta ahora han otorgado once suspensiones, como parte de 147 juicios de amparo promovidos en contra de ese proyecto por el colectivo #NoMásDerroches.

Para que se levanten las medidas cautelares que impiden el inicio de las obras en lo que hoy es la Base Militar de Santa Lucía, el Poder Ejecutivo aún debe tramitar dictámenes en materia de seguridad y viabilidad aeronáutica, además de que debe verificarse el impacto arqueológico y cultural que tendrá la construcción.

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De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que forma parte de #NoMásDerroches, las obras en Santa Lucía tienen que contar, adicionalmente, con una estrategia social, política e interinstitucional no solo para el área que funcionará como aeródromo.

Debido a que las autoridades no han presentado todos estos dictámenes, las suspensiones otorgadas siguen vigentes. Se trata de disposiciones que no pueden ser desobedecidas, pues hacerlo implicaría la aplicación de diversas sanciones, incluso de carácter penal.

¿Y la concesión?

Así mismo, la Ley de Aeropuertos establece que, para construir una terminal aérea de carácter civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe otorgar una concesión, la cual solo puede permitirse a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes de nuestro país.

La Secretaría de la Defensa Nacional que, “como lo ha afirmado el gobierno de México, será la encargada de construir y operar el Aeropuerto de Santa Lucía, ni cuenta con título de concesión, ni es una sociedad mercantil”, aseveró en un comunicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

La complejidad de cualquier aeropuerto internacional, y sobre todo de uno con el volumen de pasajeros que se maneja en el centro del país, “no admite improvisaciones: es necesario que se cumpla a cabalidad lo que establecen las leyes mexicanas y los tratados internacionales”, agrega el colectivo.

No obstante, la misma Ley de Aeropuertos prevé que la SCT puede otorgar concesiones a las entidades de la administración pública federal, o a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de los estados.

En este caso, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y Defensa Nacional, no han informado sobre el otorgamiento de ninguna concesión. Solo el pasado 29 de abril, la Sedena detalló en un boletín de prensa que a partir de ese día iniciaron “los trabajos preliminares y estudios específicos” para la construcción del aeropuerto internacional general Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

La obra “fue asignada a esta dependencia del Ejecutivo Federal por instrucciones del C. Presidente de México”, quedando a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano, agrega el documento. Es decir, se trata de una asignación, aunque la Sedena no explicó el fundamento legal que le habilita para recibir este tipo de responsabilidades.

¿Y el impacto ambiental?  

La autorización que otorgó la Semarnat la semana pasada, que tendrá una vigencia de 50 años, está condicionada en 16 rubros, entre estos destaca que se deberá garantizar, al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto, la forma en la que se respaldará la realización de estrategias de control, mitigación y compensación ambiental.

Además, se deberán presentar las propuestas sobre los programas de rescate y reubicación de flora, y de conservación y manejo de fauna silvestre. En Santa Lucía también tiene que implementarse un programa de restauración ambiental, que incluya reforestación y restauración del suelo.

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Otra condición es que los encargados de la obra deben contar con un programa de monitoreo anual de aves, “haciendo especial énfasis en la especie athene cunicularia (tecolote llanero)”, ya que se encontró una zona que ese animal utiliza como refugio, según la resolución del procedimiento de Impacto Ambiental que otorgó Semarnat a la Sedena.

De igual forma, los contaminantes que afecten a la Laguna de Zumpango deberán ser eliminados, en tanto que se deben atenuar los niveles de ruido.

¿Y la resolución judicial?

Hasta ahora, las once suspensiones concedidas en los juicios de amparo promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía no prohíben su construcción, sino que solo la detienen mientras el gobierno federal muestre todos los permisos que son obligatorios para cualquier infraestructura aeroportuaria.

Sin embargo, hay que considerar que esa es solo una parte de las demandas de amparo presentadas por el grupo #NoMásDerroches, ya que en esos juicios también se está cuestionando ante el Poder Judicial de la Federación la legalidad de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAIM).

Según ese colectivo, la sustitución de ese proyecto por el de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que ya existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso se considera que lo que pretende hacer el gobierno federal representa un riesgo importante para la seguridad aérea.

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La resolución de fondo de todos los amparos promovidos por #NoMásDerroches deberá resolver todos estos aspectos.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.