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¿Cuál sería el plan B de AMLO para defender Santa Lucía?

A pesar de lo dicho por AMLO, este no tiene facultades para desobedecer las determinaciones del Poder Judicial. Así sería su defensa de Santa Lucía

26-08-2019, 1:45:27 PM
Aeropuerto de Santa Lucía
Aeropuerto de Santa Lucía

Por Surya Palacios @suryapalacios

Ante las diversas suspensiones otorgadas por juzgados y tribunales en los juicios de amparo promovidos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó la semana pasada que recurrirá a la facultad del Estado para poner a salvo los intereses de la nación, a fin de que puedan iniciarse las obras de esa terminal aérea.

“Están metiendo (sic) amparos por daños ecológicos, cuando el aeropuerto se va a construir en la Base Aérea de Santa Lucía (que tiene más de 50 años), es de sentido común. No hay ninguna razón, es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, no existe ni en la Constitución, ni en ninguna otra ley, la facultad del Ejecutivo federal para no acatar o desobedecer las disposiciones del Poder Judicial de la Federación en materia de amparo, a menos que el mandatario pretenda ubicarse fuera de las normas, creando con ello una crisis constitucional inédita en la historia reciente de nuestro país.

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santa lucia
Notimex Santa Lucia

Interés público 

Si bien el presidente no especificó a qué facultad se refería, algunos medios de comunicación consideraron que podría aplicarse el artículo 27 constitucional, que facultaría al jefe del Estado mexicano a declarar Santa Lucía como “obra de interés público”. No obstante, esto no es posible, debido a que los terrenos donde se planea edificar el nuevo aeropuerto no son propiedad privada, sino que ya pertenecen al Estado.

Existe la posibilidad de que algunos predios aledaños a lo que hoy es la Base Aérea militar de Santa Lucía, que no son de propiedad estatal, sean expropiados al considerarse de interés público, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución. Pero este acto de autoridad sería independiente de la litis que ya se dirime en los juicios de amparo contra el nuevo aeropuerto.

Es decir, el artículo 27 constitucional faculta al Estado a realizar expropiaciones de terrenos que son propiedad privada, siempre y cuando se pague la debida indemnización a sus propietarios, medida que en este caso solo puede aplicarse a las zonas adyacentes a Santa Lucía, y no propiamente al proyecto que está siendo impugnado vía amparo.

De hecho, una expropiación de los terrenos aledaños a la Base Aérea sería un nuevo acto de autoridad factible de impugnarse también con el juicio de amparo, lo que añadiría nuevos litigios en contra del gobierno lopezobradorista.

De igual forma, los terrenos estatales en donde se proyecta el aeropuerto de Santa Lucía no pueden ser declarados “obra de interés público” con base en el artículo 27 de la Constitución, de hacerse así se estaría violentando el mismo numeral de la carta magna ya señalado, por lo que procederían nuevos juicios de amparo.

Incluso aunque no se señale expresamente al artículo 27 constitucional, cualquier acto de la autoridad es susceptible de impugnarse vía amparo, aunque este argumente interés nacional.

Esto implica que todas las medidas que pretenda implementar el Ejecutivo federal para iniciar las obras de la terminal aérea generarían nuevos juicios de amparo y, sobre todo, propiciarían una crisis institucional debido a que con esos actos se estarían desacatando las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación.

Lee: AMLO tiene un plan B para defender Santa Lucía

Maquetación del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, propuesto por AMLO.
Maquetación del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, propuesto por AMLO.

Seguridad nacional

También se ha mencionado que el presidente podría intentar que el aeropuerto de Santa Lucía se rigiera por la legislación militar, lo que tampoco es procedente, pues esa normativa es exclusiva para la disciplina de los miembros del Ejército y la Marina, y no para proyectos de infraestructura como lo será la terminal aérea.

De hecho, la construcción de cualquier aeropuerto, militar o civil, no puede violentar las disposiciones legales y constitucionales, además de que como cualquier acto de autoridad es factible que, incluso la edificación de una base militar, sea impugnada vía amparo.

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Otra posibilidad es que el Ejecutivo federal pretenda declarar a Santa Lucía como una obra de “infraestructura estratégica” con base en la Ley de Seguridad Nacional, lo cual es improcedente pues todos los aeropuertos del país ya son instalaciones estratégicas.

Lo que sí puede intentar el presidente, de manera errónea por supuesto, es considerar “como amenaza a la seguridad nacional” los amparos en contra de Santa Lucía y las suspensiones emitidas por los juzgados y tribunales, lo cual evidentemente sería inconstitucional, pues los actos del Poder Judicial de la Federación no pueden ser declarados por el presidente como una amenaza para el Estado y su seguridad.

Una iniciativa de este tipo implicaría que Andrés Manuel López Obrador se ubicara fuera de la ley y la Constitución, y por encima del Poder Judicial de la Federación, violentando todo nuestro sistema jurídico y democrático. Sería un acto de extrema gravedad que nos llevaría a una crisis constitucional que a nadie conviene.

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Aeropuerto de Santa Lucia
Notimex Aeropuerto de Santa Lucía

Desacato al Poder Judicial

Ni la Constitución, ni la Ley de Amparo prevén ningún recurso que permita a la autoridad dejar de observar las medidas que emita el Poder Judicial de la Federación, como parte de los juicios de amparo promovidos por los ciudadanos.

En nuestro sistema jurídico no existe ninguna figura, ni ninguna facultad, que permita al presidente sustraerse de las ordenes judiciales, como lo son las suspensiones, ya sea provisionales o definitivas.

El interés nacional o estratégico de cualquier obra no es una patente de corso para el Poder Ejecutivo federal. En México, nadie, ni el mismo presidente, está facultado para desobedecer una disposición del Poder Judicial, a menos que se quiera desaparecer la división de poderes y con ello anular el Estado de Derecho.

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