Senado avala que el Ejército maneje a la Guardia Nacional
Con la mayoría de Morena y sus aliados, la Cámara alta aprobó transferir esa corporación a la Sedena, a propuesta del presidente
Es un hecho: El control administrativo y operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así lo determinó el pleno del Senado de la República al aprobar en lo general, con el voto de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, la reforma a cuatro leyes secundarias con las que esa corporación se convierte en un apéndice de las fuerzas castrenses del país.
A pesar de que el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia Nacional es una institución civil, las normas reformadas permitirán la transferencia de los elementos de esa corporación al Ejército, excluyendo a los guardias nacionales que provenían de la extinta Policía Federal, quienes serán cesados de esa agrupación.
El aval de esta iniciativa se logró con el voto a favor de 71 senadores, mientras que 51 votaron en contra, en tanto que el senador de Morena, Ricardo Monreal, se abstuvo.
Con la votación general quedaron reformados tres artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 numerales de la Ley de la Guardia Nacional; tres artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y un artículo de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea.
Estos cambios entrarán en vigor al día siguiente de que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que las reformas sean promulgadas (firmadas) por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La oposición en el Senado adelantó, al igual que lo hicieron sus pares en la Cámara de Diputados, que promoverán una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que las modificaciones aprobadas a la legislación secundaria que rige a la Guardia Nacional trasgreden la Constitución al eliminar el carácter civil que formalmente debe tener la corporación.
De hecho, cuando se resuelva esa demanda, si la Corte les da la razón a los legisladores de oposición, podría invalidarse por completo la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército.
Por ahora, la Sedena controlará operativa y administrativamente a los guardias nacionales que hoy suman 113,833 elementos, aunque a este número hay que restarle los 23,236 guardias que provienen de la extinta Policía Federal, quienes no formarán parte de la transferencia.
Las modificaciones legislativas prevén, en uno de sus artículos transitorios, que los elementos de la Guardia Nacional cuyo origen sea la ya desaparecida Policía Federal, serán cesados como guardias nacionales, aunque podrán seguir laborando para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con esto, la transferencia de la corporación al Ejército solo suma 90,597 elementos.
La reforma también establece que la Secretaría de Seguridad mantendrá los servicios de protección y custodia que ya presta a través del Servicio de Protección Federal, que no incluye a la Guardia Nacional, por lo que es posible que los guardias nacionales cesados por su procedencia se mantengan en puestos de ese servicio.
No obstante, el despido de guardias nacionales -debido a que provienen de la Policía Federal- puede ser impugnado por los afectados a través del juicio de amparo, pues se trata de una medida discriminatoria que no tiene ningún tipo de justificación en la iniciativa aprobada.
Es decir, la propuesta de reforma, enviada por el presidente López Obrador, no explica ni motiva la razón de esa exclusión.
Por otro lado, la reforma prevé que la Guardia Nacional pueda auxiliar a los militares, si así lo dispone el presidente, lo que cambia las disposiciones que se habían establecido en 2019 cuando se creó esa corporación.
Actualmente, es el Ejército el que puede realizar labores de seguridad pública en apoyo de la Guardia Nacional, situación que ahora se invierte con las leyes reformadas.
Además de la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, ya aprobada en ambas Cámaras del Congreso, la próxima semana podría discutirse en la Cámara de Diputados una reforma constitucional propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que plantea extender -hasta 2028- la facultad de militares y marinos para realizar labores de seguridad pública.
En ese tenor, al menos en lo que se refiere a la militarización de la Guardia Nacional, en el Senado, los legisladores del PRI votaron en contra, acompañando al resto de la oposición formada por las bancadas de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.