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Estas son las leyes que regularán la actuación de la Guardia Nacional

Las leyes de la Guardia Nacional fueron aprobadas en el Senado con el voto unánime de todos los grupos, ahora solo resta el aval de la Cámara de Diputados

22-05-2019, 6:23:44 AM
Guardia Nacional

La Guardia Nacional será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos, incluyendo los que provengan de las Fuerzas Armadas, deberán acreditar controles de confianza y cursos de capacitación policial, de acuerdo con la ley que regulará a esa corporación, aprobada el martes en el Senado.

La Cámara alta también avaló una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dio el visto bueno a otras dos normas de nueva creación: la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley sobre el Uso de la Fuerza, que aun deben ser avaladas por la Cámara de Diputados.

La norma que regulará a la Guardia Nacional establece que esta es una corporación de carácter federal. En su estructura jerárquica se ubica como máximo responsable al secretario de Seguridad, siguiéndole el comandante del cuerpo policiaco, que a su vez dirigirá a coordinadores territoriales, estatales y de unidad.

Debido a que se trata de una ley en cuya elaboración participaron todos los partidos políticos representados en el Senado, el texto que se aprobó acota al máximo la intervención del Ejército y la Marina, instituciones que solo coadyuvarán “en la coordinación y colaboración estratégica” que se establezca entre las dependencias de la administración pública federal y la Guardia Nacional.  

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Guardia Nacional operará con el apoyo de la Marina y el Ejército
Notimex Guardia Nacional

Controles de confianza

La Ley de la Guardia Nacional prescribe que para ingresar a esa corporación se requiere ser ciudadano mexicano, mayor de edad, no haber sido condenado por algún delito, ni estar sujeto o vinculado a proceso penal; no haber sido dado de baja en alguna corporación de seguridad, y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

En esto no hay ninguna excepción: los integrantes de la Guardia Nacional, que en una primera instancia serán policías Federales, Militares y Navales, tendrán que pasar controles de confianza, además de completar un adiestramiento policial civil obligatorio.

No obstante, las evaluaciones para el control de confianza se realizarán de manera gradual y progresiva en un plazo máximo de dos años, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la ley aprobada por el Senado.

Así mismo, todos los guardias nacionales serán examinados anualmente en el desempeño de sus funciones, según los lineamientos que se establezcan en el próximo Consejo de carrera de la corporación.

De lo que se trata, apunta la norma, es de que cada guardia, independientemente de su origen (policiaco o castrense) cuente con el Certificado Único Policial, que lo acreditará como un elemento confiable y capacitado.

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Guardia Nacional operará con el apoyo de la Marina y el Ejército
Reuters Guardia Nacional operará con el apoyo de la Marina y el Ejército

Deber de legalidad

Los miembros de la Guardia Nacional tendrán entre sus deberes el respetar los derechos humanos, abstenerse de infligir o tolerar actos de tortura, malos tratos o desaparición forzada, “aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales”.

Los guardias no podrán ordenar o realizar ninguna detención que no cumpla con los requisitos que señalan la Constitución y las leyes, además de que deberán observar un trato respetuoso con todas las personas, evitando cualquier acto arbitrario.

Los elementos de la Guardia Nacional tienen prohibido, estando dentro o fuera del servicio, consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

Además, se deberán conducir con legalidad, dedicación y disciplina, preservar la secrecía de los asuntos a su cargo, y prestar auxilio a las personas amenazadas o a las víctimas de algún delito.

En caso de que lleven a cabo conductas trasgresoras, las sanciones no solo son administrativas, también hay penas de hasta sesenta años de prisión para los guardias nacionales que delincan estando en funciones o fuera de servicio.

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Aportaciones de las entidades

Un capítulo digno de analizarse en la Ley de la Guardia Nacional es el que se refiere a las aportaciones presupuestarias que podrían realizar las entidades federativas y los municipios, si estos reciben el apoyo de la corporación federal.

De entrada, para que los guardias puedan combatir delitos del fuero común, como el robo o el homicidio, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe firmar convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas.

Si bien la ley aclara que los recursos necesarios para la operación de la Guardia Nacional estarán a cargo del gobierno federal, excepcionalmente los convenios de colaboración podrán incluir “las aportaciones que, en su caso, deberán hacer estos cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de competencia local”.

Así mismo, los gobiernos de los estados y municipios que reciban el apoyo de la Guardia Nacional tendrán que implementar un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de sus corporaciones policiacas. Con esto se intenta que los gobernadores asuman su responsabilidad en materia de seguridad, independientemente del auxilio de la Guardia Nacional.

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Actuación territorial

Considerando el régimen transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados tiene hasta el próximo 25 de mayo para aprobar las leyes que regularán a la corporación, las cuales serán enviadas por el Senado esta misma semana.

No obstante, las policías Federal, Militar y Naval ya pueden actuar como parte de la Guardia desde el pasado 27 de marzo, cuando entró en vigor la reforma a la carta magna, en tanto que desde ese día también inició la cuenta regresiva para que, en marzo de 2024, el Ejército deje de participar en labores de seguridad pública. 

La operación de la Guardia Nacional se dará mediante un esquema de despliegue territorial en 266 regiones, a fin de prevenir el delito, preservar la seguridad pública, recuperar la paz y combatir la delincuencia, siempre en el ámbito federal.

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