La Estrategia de Seguridad de AMLO consigue el aval del Senado

La Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prevé modificar el combate a la delincuencia común y organizada, se aprobó en el pleno del Senado la noche del jueves con el voto a favor de 78 legisladores de Morena, PT, PES y PVEM, y con la abstención de 30 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Al tratarse de un decreto, el plan contra la inseguridad de AMLO solo requería el aval de la mayoría simple de los miembros de la Cámara alta, tras la comparecencia del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de acuerdo con lo que establecen el párrafo tercero del artículo 69 constitucional, y la fracción onceava del numeral 76 de la misma carta magna.

La Estrategia Nacional de Seguridad cuenta con ocho objetivos para abatir la inseguridad pública del país: Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

Respetar los derechos humanos; promover la regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; dignificar los penales, y fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz.

El problema es que se trata de un documento en el que se reúnen, de manera desorganizada, varios proyectos de seguridad planteados previamente por López Obrador, principalmente en sus libros y en el plan presentado el 15 de noviembre de 2018, antes de tomar posesión.

Esto hace que la estrategia carezca de un diagnóstico específico, no se dan cifras de ningún tipo, tampoco se incluyen variables que puedan medirse periódicamente, y lo más importante: no se dice cómo se ejecutarán los objetivos.

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¿Pobreza es igual a delincuencia?

El plan de seguridad del presidente López Obrador parte de una idea sin sustento estadístico: la violencia es generada por la pobreza. “La persistencia y el incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país”, asegura el documento.

Es por eso que la Estrategia Nacional de Seguridad plantea que el combate a la delincuencia no estará basado –de manera exclusiva- en el uso de la fuerza. “Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo las actividades vinculadas al narcotráfico. Concentraremos nuestros esfuerzos en atacar los esquemas financieros” del crimen organizado, asevera el plan aprobado por el Senado.

Añade que la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación, la inversión en salud, y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país, “atacarán las causas profundas del auge delictivo”.

Además, “la reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase”, dice la estrategia sin dar ninguna cifra o referencia.

En contraste, ninguna estadística sustenta que la pobreza sea el origen de la inseguridad y el crimen. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los tres estados más pobres del país son Chiapas, con 77.1% de sus habitantes que viven en pobreza; Oaxaca con 70.4%, y Guerrero con 64.4%.

Esas tres entidades no son los lugares del país donde se comete el mayor número de delitos. En 2018 en Chiapas se registraron 28,892 ilícitos del fuero común, en Oaxaca se alcanzó la cifra de 41,989, y en Guerrero los delitos sumaron 27,695, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cambio, el año pasado en la Ciudad de México se registraron 234,677 delitos del fuero común, aquí la pobreza es del 27.6% de los habitantes de la metrópoli, de acuerdo con el Coneval. En Nuevo León hubo 81,125 ilícitos, solo el 27.6% de los habitantes de esta entidad es pobre, mientras que en Jalisco se reportaron 162,756 conductas contrarias a la ley. En este estado el 31.8% de sus pobladores son pobres.

Con estos datos la inferencia es sencilla, las entidades con menores índices de pobreza en México son las que presentan las cifras más altas de delitos, en cambio, los estados donde hay más pobres los delitos son menores. Es decir, la premisa principal de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal no está respaldada con lo que sucede en la realidad.

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¿Justicia ordinaria o transicional?

El plan de AMLO con el que se combatirá la inseguridad apunta que el Estado mexicano se encuentra “ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares”, por ende, resulta imperativo “hacer un alto para considerar adoptar modelos de justicia transicional”.

Se pretende impulsar “leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas, y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos, y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías”, se lee en la página 35 del dictamen avalado por los senadores.

Aunque se hable de leyes especiales, la justicia transicional sería violatoria de la Constitución mexicana, pues la que contempla la carta magna es simplemente la justicia ordinaria. Además, negociar con los delincuentes para que acepten desarmarse también trasgrede los artículos 17 y 18 constitucionales, que obligan al Estado a ejercer sus potestades punitivas contra quienes infringen la ley. 

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Combate a la corrupción ¿solo con el ejemplo?

El gobierno federal asegura que, para resolver exitosamente el problema de la delincuencia, es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública. “La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante de este gobierno, tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos”, se asevera.

Esto último fue reiterado por el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, en su comparecencia ante el Senado poco antes de que se aprobara la Estrategia Nacional de Seguridad. Cuando se le preguntó cómo se combatiría la corrupción, respondió que con el ejemplo que darían todos los integrantes de la actual administración.

En la estrategia se agrega que se limitarán las adjudicaciones directas, “y en su caso se propiciará su revisión por parte de los órganos fiscalizadores”. Este punto fue modificado del documento inicial que establecía la prohibición total de este tipo de compras.

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¿No más modelo prohibicionista?

A pesar de que no hay una calendarización de las acciones de este plan de seguridad, ni una relación directa entre los objetivos y las estrategias, uno de sus aspectos positivos es el que propone dejar de aplicar en México el modelo prohibicionista de los estupefacientes, “que criminaliza de manera inevitable a los consumidores”.

“En el paradigma de la prohibición las personas adictas ven enormemente limitadas sus probabilidades de reinserción y rehabilitación, por cuanto el negocio de las drogas ilegales los necesita para mantener y ensanchar su mercado”, apunta la estrategia.

Es por eso que “debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas” drogas, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la Unión Americana la mitad de sus estados ya permite el consumo de la mariguana.

La Estrategia Nacional de Seguridad no especifica si será el Ejecutivo federal quien envíe al Congreso una iniciativa que despenalice el consumo de algunos estupefacientes.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.