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México

AMLO propone legalizar las drogas en nueva Estrategia de Seguridad

El documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad fue corregido y propone negociar con delincuentes, y que súperdelegados participen en seguridad

24-04-2019, 5:00:14 AM

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador corrigió parte de su Estrategia Nacional de Seguridad, que debe ser aprobada por el Senado, añadiendo al proyecto la posibilidad de legalizar algunas drogas, y monetizar los bienes decomisados a los grupos delictivos.

Los cambios a la estrategia, que ya fueron enviados a la Cámara alta, se realizaron para adecuar la propuesta a las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional y ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con esto se eliminó la mención a la Junta de Jefes de Estado Mayor que dirigiría la Guardia Nacional, añadiendo el carácter civil que deberá tener esa nueva corporación federal, la cual se coordinará con las autoridades de los estados y municipios para auxiliarlas.

Sin embargo, el documento mantiene como alternativa para disminuir la criminalidad el negociar con los delincuentes, y dar participación a los Delegados Estatales de Programas de Desarrollo en temas de seguridad.

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Nuevo enfoque antidrogas

El modelo prohibicionista de los estupefacientes, que criminaliza a los consumidores, hace que estos se incorporen “al narcotráfico como sujetos activos”, explica el documento corregido de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por ende, “la alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan”.

Si bien la estrategia no explica cómo ni cuándo podría llevarse a cabo que el Estado deje de combatir las drogas que causan adicciones, sí aclara que “debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas que actualmente son ilícitas”.

Esto se llevaría a cabo considerando a Estados Unidos, pues “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen (sic) en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación”.

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Reuters

Monetizar la extinción de dominio

De igual forma, la estrategia plantea agilizar los procedimientos de extinción de dominio para que el Estado mexicano pueda utilizarlos desde el momento en que se lleve a cabo esta acción, lo cual no está permitido ni en la ley ni en la Constitución.

Debido a que actualmente el procedimiento de extinción de dominio “es muy largo”, pues requiere que un juez dicte sentencia e instruya el destino de los bienes asegurados, el gobierno de López Obrador propone “la monetización de los bienes sobre los que recae el ejercicio” de esta acción.

Se pretende que el gobierno federal pueda disponer, usar, usufructuar, enajenar (vender) y monetizar los bienes decomisados, “atendiendo al interés público, y desde el primer momento en que se presenta la acción de extinción ante el juez”.

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Esto quiere decir que si una persona es acusada de cometer un delito, los bienes utilizados para el ilícito -que sean sujetos de extinción de dominio- podrán ser hasta vendidos por el gobierno federal, antes de que exista una sentencia firme al respecto, lo cual violentaría el debido proceso y la presunción de inocencia, derechos contemplados en nuestra carta magna.

La justificación para esta propuesta es que el Estado, al fungir como administrador de los bienes decomisados, realiza diversos gastos para el resguardo de los mismos, por lo que resulta “necesario que aquellos bienes que estén sujetos a la acción de extinción de dominio, se liquiden, destruyan o transfieran en aras del interés público, con el fin de que contribuyan al bienestar de los ciudadanos”.

Para lograr lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad propone que el Congreso apruebe un Código Procesal Civil único para todo el país, con lo que se lograrían procedimientos más eficaces y uniformes.

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Evaluación para los guardias nacionales

Otro tema que se agrego a la estrategia es el de control de confianza para los integrantes de la Guardia Nacional, que no se mencionaba en el primer documento enviado al Senado.

Ahora se establece que los guardias nacionales “serán permanentemente capacitados y estarán sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza”.

El documento no aclara si los policías militares y navales que se incorporarán a la Guardia Nacional también tendrán esas mismas evaluaciones, por lo que debemos entender que serán todos los guardias nacionales, sin distinción de su origen militar o estrictamente policíaco, los que deberán aprobar exámenes de control de confianza.

Sin embargo, a principios de abril el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo a la prensa que los elementos del Ejército que formen parte de la Guardia Nacional no realizarían esos controles, pues “por definición tienen vigente su calidad de confianza y certificación”.

Mantienen violaciones constitucionales

Las correcciones que el Ejecutivo federal le hizo a la Estrategia Nacional de Seguridad no modificaron su propuesta de negociar con los delincuentes, debido a que el crimen organizado en México tiene “niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas armadas”.

Esa es la razón por la que Andrés Manuel López Obrador propone aplicar procesos de desarme, desmovilización y reinserción social de los malhechores, siempre y cuando estos colaboren con la justicia, se arrepientan de sus delitos, y reparen el daño causado.

A cambio el gobierno de AMLO ofrece a los delincuentes un aumento en su esperanza de vida, “la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos”, además de la oportunidad para que “encabecen negocios legales y regulares”. El cuarto ofrecimiento para los criminales es “alcanzar la respetabilidad social”.

Todo esto es violatorio de nuestra Constitución pues, de llevarse a cabo tal y como propone la estrategia, el Estado mexicano estaría renunciando a sus potestades punitivas a las que está obligado, de acuerdo conlos artículos 17 y 18 de la carta magna.

La estrategia tampoco cambió la participación de los Delegados de Programas de Desarrollo del gobierno federal en temas de seguridad, a pesar de que el mismo López Obrador ya había dicho que esos funcionarios no participarían en esa área.

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El texto se mantiene igual que el primero que fue presentado en la Cámara alta e incluso va más allá: además de la presencia de los llamados súperdelegados en las reuniones de seguridad que se lleven a cabo en las entidades federativas, se subordina a los gobernadores a tomar decisiones colegiadas, considerando la opinión de esos delegados.

Esto último también trasgrede la Constitución, pues los súperdelegados no tienen ninguna facultad para intervenir en temas de seguridad pública local, toda vez que eso es responsabilidad exclusiva de los gobernadores, y en su caso de los presidentes municipales.

Adicionalmente, la estrategia propone el establecimiento de Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, en la que participarían tanto el gobernador, los mandos de la Guardia Nacional y los Delegados de Programas de Desarrollo, lo que altera el pacto federal y la autonomía de los estados, figuras que están normadas por los artículos 40 y 41 de la Constitución.

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