Juez ordena a FGR concluir investigación a favor de Mario Aburto en 6 meses
La sentencia del amparo promovido por el condenado a 45 años de prisión incluye que se le inscriba en el Registro Nacional del Delito de Tortura.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene ante sí el reto de mantener en prisión a Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio -en 1994- del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que esa autoridad deberá demostrar con pruebas fehacientes, y en un plazo máximo de 6 meses, que el preso no fue torturado.
La sentencia del amparo emitida el lunes en favor de Aburto Martínez, cuya copia posee ALTO NIVEL, ordena que este sea inscrito “a la brevedad” en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), una base de datos que incluye todos los casos en los que se denuncian tratos crueles, inhumanas o degradantes.
Además, debido a que la Fiscalía ha sido omisa, trasgrediendo la Constitución, su personal deberá concluir, a más tardar el próximo mes de septiembre, la Averiguación Previa que se abrió en 1994 por la denuncia de actos de tortura hecha por Mario Aburto, en tanto que se deberá elaborar un cronograma específico de las pesquisas e informar de sus avances cada 30 días, ordenó en su fallo el juez Antonio González García.
El titular de Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, al conceder parcialmente el amparo en favor de Aburto Martínez, refirió que pudo comprobarse la omisión de la FGR para investigar la tortura que alega el sentenciado a 45 años de prisión, “evidenciándose la inconstitucionalidad” de la actuación de esa autoridad.
Para el togado, la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, incumplió “el objetivo de asegurar la debida diligencia dentro de un plazo razonable en la integración e investigación de los hechos” de tortura que Aburto dice haber sufrido desde su detención, y a lo largo de los casi 29 años en los que ha estado recluido en diversos penales federales de nuestro país.
Mario Aburto, hoy de 52 años, afirma que fue amenazado y torturado desde el 23 de marzo de 1994, unas horas después de ocurridos los hechos en los que el detenido reconoció haber accionado el arma que privó de la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta, en ese momento candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El político pereció tras haber sido herido por dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, dejando en la orfandad a dos hijos: Mariana y Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes entonces tenían 1 y 8 años de edad. Hoy el vástago mayor del candidato presidencial es alcalde de Monterrey.
Estrategia para liberarlo
A través de defensores de oficio adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Aburto mantiene una estrategia jurídica con miras a obtener su libertad, bajo el argumento de que -en su caso- se violó el debido proceso y se trasgredieron sus derechos humanos.
Por un lado, en 2021 promovió en el Estado de México un Amparo Directo en contra de su sentencia, mientras que en 2022 demandó a la FGR en un Amparo Indirecto que ya se le concedió, para el efecto de que esa dependencia deje de ser omisa, investigue y pruebe que Aburto no fue torturado.
Si la Fiscalía no logra cerrar la investigación sobre la tortura de la que se duele el sentenciado, con pruebas que demuestren la inexistencia de los malos tratos que este alega, entonces podrían presumirse como ciertos los delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos de la época, lo que le serviría a la defensa del preso para fundamentar que en este caso no se respetó el debido proceso al que tenía derecho.
Esto último puede presentarse como “prueba superviniente” en el Amparo Directo que Mario Aburto interpuso para que su sentencia sea revisada, y que está a cargo del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de México.
Es decir, es factible que esta última instancia revoque la sentencia del homicida a partir de la violación a sus derechos humanos, pues la tortura sería parte de las diversas irregularidades que se presentaron en la investigación del caso, generando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado como “un efecto corruptor” que habría viciado todo el proceso en el que Aburto fue condenado.
Si bien esto último es solo una posibilidad, la misma no debe ser obviada, considerando que -formalmente- los familiares de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y sus hijos que le sobreviven, no han tenido ningún tipo de actuación en el proceso de Mario Aburto, además de que estos tampoco han sido considerados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De hecho, en la recomendación que la Ombudsperson mexicana emitió en octubre de 2021 a favor de Aburto Martínez, a Colosio Murrieta, en los hechos víctima de homicidio, se le denomina como Persona 1 (P1), en tanto que el documento considera víctima a Mario Aburto, por la trasgresión a sus derechos fundamentales.
Con la recomendación de la CNDH, y la defensa a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública, organismo que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, es claro que existe una postura institucional en favor de Mario Aburto, la cual privilegia los derechos del preso por encima de los que poseen los deudos del candidato presidencial.
Es cierto que todas las personas privadas de su libertad no pierden sus derechos humanos al ser sentenciadas, pero ningún derecho fundamental es absoluto, y en este caso, la reclusión de Mario Aburto es producto de un fallo jurisdiccional, emitido en 1995, en el que no solo se consideraron sus diversas confesiones, pues el expediente también contiene pruebas materiales que sustentaron la condena.
Obviamente, dadas las innumerables irregularidades en las indagatorias del magnicidio, esos elementos probatorios pueden considerarse viciados.
Aburto reconoció varias veces, desde que estaba detenido en las instalaciones de la otrora PGR el mismo 23 de marzo de 1994, haber disparado en contra de Luis Donaldo Colosio, lo único que ha variado a lo largo del tiempo son las razones por las que habría cometido el delito.
En específico, el preso ha sostenido que solo tenía la intención de herir al político priista, aunque luego afirmó que el reconocimiento del ilícito lo hizo por haber sido torturado y amenazado.
Los padres de Mario Aburto, María Luis Martínez y Rubén Aburto, radicados en California, Estados Unidos, en las diversas ocasiones en las que han sido entrevistados por ALTO NIVEL han asegurado que su hijo no es el verdadero homicida de Colosio, y que este se inculpó porque lo amenazaron con hacerle daño a toda su familia.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.