SCJN analizará si gratuidad en las universidades públicas puede tener excepciones
La SCJN revisará si la UNAM trasgrede derechos humanos al cobrar en cursos y diplomados de actualización, el fallo impactará a todas las universidades públicas del país.
¿Debe ser gratuita toda la oferta educativa que imparten las universidades públicas en México, o puede haber algunas excepciones? Esta es la pregunta que responderá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una controversia en la que se demandó a la UNAM por cobrar distintas cantidades para poder acceder a sus diplomados y cursos de actualización.
Al admitir analizar este caso, el máximo tribunal no solo emitirá un fallo que tendrá impacto en la política de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el criterio que fijen los ministros podrá extenderse a todas las demás instituciones públicas de educación superior del país.
En este caso, el problema surgió porque desde el 16 de mayo de 2019 entró en vigor una reforma al artículo 3 de la Constitución, con la que el concepto de gratuidad para la educación básica podría aplicarse también a la educación universitaria, si se interpreta a la luz de otros numerales de la carta magna.
Cobros excepcionales
La UNAM, como muchas otras universidades en México, organiza cursos y diplomados que no son parte de los programas oficiales de sus licenciaturas, sino que se ofrecen como complementos o alternativas de actualización tanto para alumnos, exalumnos y público en general.
Estos servicios educativos tienen un costo variable, dependiendo de la escuela, facultad o instituto que los imparta. De igual forma, como opciones de titulación, la máxima casa de estudios también tiene una oferta de diplomados que, tras cursarlos, permiten que los egresados obtengan su título de licenciatura sin necesidad de redactar una tesis.
Los recursos que se obtienen por estas modalidades de educación continua, suelen utilizarse para pagar los honorarios de los maestros que los imparten, pues es usual que se trate de expertos externos, mexicanos y del extranjero, que no necesariamente forman parte de la planta docente de la UNAM.
Cabe aclarar que los costos para acceder a este tipo de contenidos académicos, en una institución como la UNAM, no son comparables con los que se cobran en universidades privadas, pues hay cursos desde 1,000 o 1,500 pesos, hasta diplomados de entre 2,000, 5,000 y hasta 30,000 pesos, todo depende de la formación que se ofrezca y la duración del curso o diplomado.
Se trata de cobros excepcionales que no son obligatorios para los alumnos que cursan una licenciatura, pues -al formar parte de la oferta de educación continua- tampoco es obligatorio inscribirse.
Aplicación de la progresividad
Si bien la educación superior que imparte el Estado mexicano, a través de las universidades públicas, “en principio, no necesariamente debe ser gratuita”, es posible establecer su gratuidad atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, contenido en el artículo 1 de la Constitución.
Así lo afirmo Héctor Vázquez Ferzuli, juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México al conceder un amparo a un alumno de la UNAM que demandó a la casa de estudios por cobrar en sus diplomados.
Esta sentencia, cuya copia posee ALTO NIVEL, es la que analizará la Suprema Corte a través de un Amparo en Revisión, con lo que se fijará el criterio a seguir no solo para la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también para el resto de las universidades públicas del país.
Así, la Corte deberá definir si el derecho a la educación gratuita, que reconoce la Constitución mexicana, debe entenderse como “un parámetro mínimo” que sí puede ampliarse y obligar a las universidades públicas, como lo afirma en su fallo el juez Vázquez Ferzuli.
En este caso, los ministros del máximo tribunal tendrán que valorar si la gratuidad en la educación superior admite algunas excepciones, considerando el derecho a la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual impone a todas las autoridades la obligación de promover el avance de los derechos fundamentales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.