Inicia ciclo escolar con 11 entidades que no repartirán nuevos libros de texto
Esos estados concentran al menos el 45% de la población escolar de primaria y secundaria que hay en México.
Los estudiantes de once entidades del país inician este lunes el ciclo escolar 2023-2024 con materiales educativos preparados por los gobiernos locales, o con los textos que se llevaron el año pasado, debido a que mantienen su postura de no repartir los polémicos nuevos libros expedidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Esto significa que, al menos el 45% de los niños y niñas que cursan la primaria y la secundaria en todo el país, no estudiarán con los textos que recientemente publicaron las autoridades educativas del gobierno federal.
Las entidades que dejarán los nuevos libros en las bodegas son Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, el Estado de México, Baja California, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Chihuahua y Coahuila.
En esos estados la población escolar de primaria y secundaria asciende a 8 millones 840,268 estudiantes, de un total de 19 millones 556,893 educandos que cursaron estos niveles en México en el ciclo 2022-2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los números son elevados debido a que el Estado de México posee la mayor población estudiantil de nuestro país, con poco más de 2.5 millones de niños en los dos niveles ya mencionados. Le siguen Jalisco, con un total de 1.32 millones de estudiantes, y Nuevo León con 858,944 educandos.
Los textos de la SEP ya no incluyen las materias de matemáticas y español, tienen errores y omisiones importantes, su contenido es desordenado y parcial, y muestran una versión ideologizada de la realidad. Y lo mismo sucede con el nuevo Plan de Estudios, que regirá desde este lunes en las escuelas públicas del país.
Tanto el Plan como los correspondientes Programas, que por ley debieron darse a conocer antes que los libros de texto gratuitos, minimizan la importancia de la ciencia y los avances técnicos, e introducen una visión utilitaria de las pocas matemáticas que se enseñarán en los planteles.
Adicionalmente, para elaborar los libros, el Plan y los Programas, la SEP no consultó a las autoridades educativas de los estados, ni a padres de familia, tal y como lo establecen el párrafo décimo del artículo 3 de la Constitución y diversos numerales de la Ley General de Educación.
Decisiones políticas y jurídicas
Los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, decidieron no repartir los nuevos libros porque no están de acuerdo ni con su contenido, ni con los procedimientos seguidos para su emisión por parte de la SEP.
Además, al menos en el caso de Jalisco, esta decisión se tomó porque está vigente una suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con la que una jueza federal ordenó que los textos no fueran distribuidos en todo el país, disposición que la Secretaría de Educación Federal no ha acatado.
De su lado, en Baja California, Tamaulipas y el Estado de México, diversas organizaciones civiles, y el Partido Acción Nacional (PAN), promovieron sendos Juicios de Amparos en los que ya se obtuvieron suspensiones provisionales para que los textos no se repartan en esas demarcaciones.
Con respecto a Chihuahua y Coahuila, sus gobiernos consiguieron esa misma medida cautelar por parte del ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar Morales, quien será el encargado de analizar las Controversias Constitucionales que interpusieron esas entidades en el máximo tribunal del país.
Cabe aclarar que en estas Controversias Constitucionales, y en todos los Juicios de Amparo promovidos en contra de los textos, los quejosos no cuestionan su contenido, sino el procedimiento seguido por la SEP en la renovación de los materiales, ya que la dependencia no observó los lineamientos a los que está obligada en este tema.
De hecho, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) ya ganó el amparo que interpuso desde el mes de mayo en contra de los libros, pues la SEP siguió un procedimiento inconstitucional para su redacción, de acuerdo con la sentencia emitida por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
Con esta última determinación, la togada ordenó a la SEP repartir los libros del ciclo anterior 2022-2023, en coordinación con las autoridades educativas de los estados, a fin de que los niños mexicanos no se queden sin materiales de estudio.
Desacato contumaz de la SEP
Para elaborar los nuevos libros, y modificar los Planes y Programas de Estudio del nivel básico, la SEP debía seguir diversas formalidades previstas en la Constitución y en la Ley General de Educación. Como no cumplió con esos requisitos, en los hechos los textos resultan inconstitucionales, independientemente de su contenido.
La omisión más importante de las autoridades educativas es la que se refiere a la obligada deliberación democrática a la que tenían que someterse los nuevos materiales. En vez de hacer las consultas respectivas a expertos en la materia, a los gobiernos estatales y a los colectivos de padres de familia, la SEP decidió, de manera unilateral, implementar una profunda reforma educativa a la que ha denominado la “Nueva Escuela Mexicana”.
A estas transgresiones se suma la opacidad de todo el proceso realizado por la dependencia, ya que esta reservó por cinco años el contenido de los libros y los pormenores de los pasos llevados a cabo para su elaboración.
Si bien los volúmenes ya pueden consultarse en la página de internet de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el resto de la información -que debería ser pública- se mantiene clasificada como confidencial.
Con esto, la “Nueva Escuela Mexicana” prácticamente es una imposición autoritaria del gobierno federal, ya que la SEP la implementa sin cumplir lo que establecen la ley y la carta magna, y en desacato a todas las órdenes judiciales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.