Gobierno federal denunciará a juez que suspendió el proceso contra Emilio Lozoya
La FGR, que perdió en el caso Agronitrogenados, también apelará la decisión porque todavía se deben 100 millones de dólares, aseguró el presidente.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará el fallo del juez Genaro Gerardo Alarcón López que prácticamente exoneró al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en el caso de la trama de corrupción de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, al mismo tiempo que denunciará al togado ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que el daño causado al erario -por la compra del complejo- aún no se resarce, pues el expropietario de este, Alonso Ancira, todavía debe 100 millones de dólares.
El caso de corrupción de Agronitrogenados consistió en la compra a sobreprecio de esa planta de fertilizantes, realizada por Pemex cuando Lozoya era su director.
En esa operación, la paraestatal pagó 655 millones de dólares, pero en realidad el complejo valía alrededor de 50 millones de dólares.
La semana pasada Emilio Ricardo Lozoya Austin fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra en este caso, debido a que Alonso Ancira logró un acuerdo reparatorio con la Fiscalía en noviembre de 2021, con el que se comprometió a pagar a Pemex un total de 216.6 millones de dólares.
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Como Lozoya es uno de los coacusados dentro del proceso penal que se le siguió al empresario, el juzgador determinó que el daño sufrido por la paraestatal ya estaba pagado, con lo que se eliminó la responsabilidad de Lozoya Austin. No obstante, López Obrador aseguró que Pemex aun no recibe todo el pago, adeudándose aún unos 100 millones de dólares.
Van contra el juez
Coincidiendo con esta postura, la FGR anunció que apelará la decisión del juez Alarcón López con el fin de que el proceso en contra de Lozoya continúe, además de que presentará un recurso de queja contra el mismo juzgador ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En ese tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el CJF tiene obligación de informar qué es lo que ha sucedido con todas las quejas que el gobierno federal ha promovido en esa instancia en contra diversos jueces.
Todos los servidores públicos tenemos la obligación de informarle al pueblo, garantizar el derecho a la información, se callan, no dicen nada” en el Consejo, sentenció el mandatario.
Según la Fiscalía, el juez actuó en este caso de forma ilícita, injusta y “notoriamente parcial”, apuntó la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero.
En su determinación se sustentó indebidamente una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro, que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México”, consideró la FGR.
Según el Ministerio Público federal, la decisión judicial que suspendió el proceso en contra de Lozoya viola los artículos 186, 187, 188, 189 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como se recordará, el juez determinó que ya está pagado el daño ocasionado a Pemex por la adquisición a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados, que era propiedad de Alonso Ancira, por lo que suspendió el procedimiento que se le seguía a Lozoya en este caso.
Para tomar esta decisión, el togado aplicó una reciente tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado de Querétaro, criterio que señala que los acuerdos reparatorios alcanzados en un mismo caso benefician a todos los imputados en dicho proceso.
Al tratarse de una tesis aislada, sus lineamientos no son obligatorios, sino opcionales, por lo que no es ilegal que el juez Genaro Gerardo Alarcón López haya fundamentado su fallo con base en ese criterio. No obstante, en la apelación, en caso de que se le dé la razón a la FGR, sí se puede considerar errónea la aplicación de esa tesis.
Con la suspensión de este proceso, Lozoya Austin, de 48 años, podría salir libre, aunque permanece en prisión preventiva justificada desde noviembre de 2021, pues aún está pendiente el juicio en su contra por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
En este último proceso, el exdirector de Pemex está acusado de presuntamente haber recibido en total 10.5 millones de dólares en sobornos, con los que luego compró una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, a través de una cuenta bancaria de su madre, y mediante la creación de un fideicomiso en el que se encontraban su esposa y sus hijos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.