Tribunal ordena al Ejército no destruir documentos del caso Ayotzinapa
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos lograron una suspensión en un Juicio de Amparo contra la cadena de mando de inteligencia de la Sedena.
El Ejército mexicano debe abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información” que posee sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias de ese crimen ocurrido el 26 de septiembre de 2014, ordenó un Tribunal federal al conceder una suspensión provisional en favor de los padres de los normalistas.
De manera unánime, los tres magistrados integrantes del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México determinaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe preservar los datos que están en su poder, y que no han sido proporcionados por esa dependencia a las autoridades que investigan la desaparición de los estudiantes, apunta el fallo cuya copia posee ALTO NIVEL.
De esta forma, los padres de los 43 jóvenes desaparecidos esperan que el personal castrense no destruya la información que tiene sobre los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, hace ya casi nueve años.
Al conceder la suspensión provisional solicitada en un Juicio de Amparo promovido por los progenitores de los normalistas, el Tribunal Colegiado advirtió que “los actos reclamados se encuentran inmersos en un procedimiento de búsqueda de la verdad histórica respecto de eventos que podrían significar violación grave de derechos fundamentales”, detalla la suspensión.
Con esto, de manera preliminar, la justicia federal le da la razón a los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes reclaman en su demanda de amparo que la Sedena se ha negado a entregar toda la información generada por esa dependencia durante el año 2014, tal y como lo denunció en su último informe, el pasado 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En específico, los familiares de los 43 desaparecidos argumentan que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, así como los funcionarios a cargo del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, Guerrero, y la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, han negado -de manera reiterada- la entrega de al menos 8 reportes sobre lo sucedido con los normalistas.
Esas omisiones de parte del Ejército trasgreden el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 4 de diciembre de 2018, con el que el mandatario ordenó que todas las instituciones del gobierno federal debían colaborar para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Violaciones a DDHH
Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano participaron en los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas, destacándose de manera central la presencia de elementos de la Sedena, quienes habrían conocido minuto a minuto lo que les estaba pasando a los jóvenes.
En su sexto y último informe, los expertos enfatizaron que el Ejército mexicano ha mentido de manera reiterada, se ha negado a entregar información, además de que ha ocultado que cuenta con instalaciones no institucionalizadas en el estado de Guerrero, en las que se realizan trabajos de inteligencia, y cuyos integrantes están involucrados en este caso.
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Retomando esos argumentos, los padres de los 43 normalistas piden en su demanda de amparo que se ordene a la Sedena preservar la información que no entregó al GIEI, y que tampoco ha proporcionado a la Fiscalía General de la República, ni a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, instancia que dirige el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
Toda vez que la información que posee la Sedena forma parte del derecho humano a la verdad que tienen los padres, como víctimas indirectas de la desaparición de sus hijos, el Tribunal Colegiado otorgó la suspensión a favor de los progenitores de los normalistas, y con ello revocó la negativa que previamente había emitido un Juzgado de Distrito.
Así, la suspensión provisional se concedió “para el efecto de obligar a las autoridades militares se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información que en el juicio de amparo se identifica como relevante para el acceso a la verdad y que en su momento sea posible decidir acerca de su entrega en el procedimiento correspondiente”, añade la sentencia.
Opacidad sospechosa
Los padres de los normalistas igualmente se quejan en su ocurso de toda la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, ya que consideran que estas autoridades han incumplido el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2018.
El ocultamiento de la información por parte de los mandos castrenses “abiertamente desacata las instrucciones” del presidente López Obrador, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que apoya y asesora a los progenitores de los 43 normalistas.
Ya con la suspensión provisional concedida, los padres de los estudiantes esperan obtener en los próximos días la suspensión definitiva, pues tienen la expectativa de que, al resolverse de fondo el amparo, el Poder Judicial de la Federación ordene al Ejército la entrega de los documentos faltantes.
De hecho, la Sedena no solo ha violado el decreto presidencial que le ordena ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, sino que -al negarse a proporcionar la información que posee al respecto, también ha trasgredido el derecho a la verdad de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Esta opacidad de parte de los mandos militares podría estar motivada por el presunto involucramiento de miembros del Ejército con grupos de la delincuencia organizada que operaban en Guerrero, reveló este fin de semana el diario estadounidense The New York Times.
En un amplio reportaje, el rotativo asegura haber tenido acceso a miles de mensajes telefónicos interceptados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en los que se da cuenta que “prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando con el grupo delictivo” Guerreros Unidos.
El diario agregó que “más allá de comprar favores específicos”, ese cartel dedicado al trasiego de drogas “había convertido a funcionarios públicos en empleados en toda regla”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.