Esta la ruta para la reforma electoral de AMLO que Morena presentó sin cambios
A pesar de que había decenas de propuestas de la oposición, los legisladores de Morena no cambiaron nada de la iniciativa enviada por el presidente.
Tal y como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dictamen de reforma electoral que será analizado en Comisiones de la Cámara de Diputados, no cambia ni una coma de la iniciativa que en abril pasado envío el mandatario a esa soberanía, lo que elimina -de facto- la posibilidad de un acuerdo con los partidos de oposición.
El documento, que tiene una extensión de 938 páginas, no toma en cuenta en las primeras 836 cuartillas, las más de 100 iniciativas de reforma electoral hechas por legisladores de todos los partidos y, de igual forma, rechaza al completo las opiniones de expertos que participaron en diversos foros convocados especialmente por la misma Cámara baja.
Así, entre el 28 y 29 de noviembre próximos, las Comisiones de Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados analizarán y aprobarán el dictamen que reproduce sin cambio alguno lo propuesto por el presidente.
En seguida, el dictamen será turnado para su votación en el pleno, entre el 29 y 30 de noviembre, donde previsiblemente será rechazado, pues Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, no cuentan con la mayoría calificada que se requiere para toda reforma constitucional.
En Comisiones esta iniciativa no tendrá problemas para su aprobación, pues en estas el partido oficial es mayoritario. En cambio, la propuesta con la que se intenta reformar 18 artículos de la carta magna, no pasará en la sesión plenaria de la Cámara baja, según ha adelantado la oposición, pues para ello se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados presentes.
Como el Ejecutivo federal y su partido ya saben que este será el destino de su iniciativa, que principalmente plantea desaparecer al INE, y disminuir el número de diputados y senadores, convirtiéndolos a todos en plurinominales, se proyecta presentar un plan B para cambiar solo las leyes secundarias en materia electoral.
Este último paquete de reformas podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados entre el 7 y el 14 de diciembre. Para su aprobación solo se requiere mayoría simple, ya que no sería una reforma constitucional, aunque con esto sí se corre el riesgo de trasgredir la Constitución, un escenario que ya se presentó cuando Morena aprobó -en septiembre pasado- militarizar a la Guardia Nacional, a pesar de que esa medida contradice el artículo 21 de la carta magna.
Cooptación de autoridades electorales
La propuesta que prevén aprobar las Comisiones de la Cámara baja plantea disminuir el número de diputados de 500 a 300, pero convertirlos a todos en plurinominales, que serían electos de manera indirecta mediante listas de los partidos.
Lo mismo sucedería en el Senado, que pasaría de 128 a 96 legisladores, que igualmente serían de representación proporcional, electos a través del sistema de listas en cada una de las entidades federativas del país.
También se proyecta desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), para sustituirlo, con una estructura completamente distinta, por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Este organismo tendría siete consejeros que durarían seis años, en vez de los once actuales que ocupan su cargo por nueve años. La elección de estos funcionarios sería mediante el voto de los ciudadanos, a partir de propuestas hechas por el Poder Ejecutivo federal, las Cámaras del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa también plantea centralizar los comicios estatales y municipales; desaparecer a los organismos electorales locales; limitar el número de regidurías en los Ayuntamientos; y aumentar el financiamiento privado para los partidos políticos, institutos que solo recibirían presupuesto público para sus campañas cuando sea periodo electoral.
Riesgo democrático
En resumen, estamos ante una propuesta que cancela los mecanismos de representación directa en la Cámara de Diputados y el Senado; copta a las autoridades electorales para beneficio del partido actualmente en el poder, además de que abre la puerta a la recepción de recursos de procedencia ilícita en los partidos.
El organismo electoral que se propone sería una institución politizada, pues para ser consejero primero se deberá ser propuesto por el presidente, por el partido mayoritario en el Congreso o por la Suprema Corte. Enseguida, los aspirantes deberán hacer campaña para conseguir el voto de los ciudadanos, sin importar si cuentan con la capacidad y preparación para desempeñarse en el cargo.
Además, los estados del país solo tendrían diputados federales dependiendo del número total de habitantes. Por ejemplo, en Aguascalientes solo podrían elegirse a 3 diputados; mientras que en Chiapas serían 13 o en la Ciudad de México 22, reduciéndose las oportunidades para que los partidos de la oposición alcancen una curul.
Asimismo, se intenta modificar sustancialmente el sistema de representación democrática que hemos vivido en nuestro país, al menos desde los años noventa, pues los diputados y senadores ya no se elegirían mediante el voto directo de la ciudadanía, sino que llegarían al Congreso a partir del número global de votos que obtengan las listas que tendrían que proponer los partidos.
Esto último permitiría que Morena se convirtiera en la mayoría hegemónica en el Poder Legislativo federal, ignorándose la pluralidad política y partidista que tenemos, lo que en términos generales significa retroceder en la apertura democrática que México ha experimentado desde el año 2000, cuando perdió la presidencia el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país durante 71 años.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.