Elecciones 2021: Inician campañas y esto es lo que pueden y no pueden hacer los candidatos
Durante los próximos 60 días candidatos y políticos en el poder deben observar las normas electorales que regulan la limpieza de los comicios.
Esta semana dieron inicio las campañas electorales que permitirán elegir, el próximo 6 de junio, 3,501 puestos de elección popular, entre ellos 500 diputados del Congreso federal, además de 15 gubernaturas, por lo que tanto candidatos como políticos en el poder deberán conducirse de acuerdo con las leyes electorales que prohíben, por ejemplo, usar recursos públicos, inducir el sufragio en centros religiosos y de culto, o pedir datos de la credencial para votar.
La vigilancia del desarrollo de las campañas está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales de ese organismo autónomo que hay en cada uno de los estados del país, pues además de la elección para diputados federales, también se contiende por 1,923 alcaldías y por 1,063 curules en Congresos de 30 entidades.
La vigilancia de las campañas la lleva a cabo el INE, y también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), institución que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), y que es la responsable de la investigación y consignación ante el Ministerio Público de aquellas personas que cometan delitos electorales.
En ese tenor, hay que destacar que, desde abril de 2019, uno de los delitos electorales que están contemplados en la legislación especializada también se incluyó en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.
Se trata del uso de programas sociales con fines electorales, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa (automática), es decir, aun sin que se pruebe la responsabilidad del acusado, este debe permanecer privado de su libertad en caso de que se le vincule a proceso por este delito.
Prohibiciones expresas
Durante estas campañas, los candidatos tienen varias prohibiciones que acotan el proselitismo que pueden realizar, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, los partidos políticos y sus candidatos no pueden realizar ningún tipo de promoción en el extranjero, y tampoco pueden comprar espacios en radio y televisión ni en México, ni en otros países.
En el caso de los mexicanos que radican en el extranjero y que pretenden votar en los próximos comicios, toda la información que estos reciben está a cargo del INE.
Ofrecer dinero o productos en especie a cambio de votos, también está prohibido, se trata de una práctica ilegal que no es extraña en nuestro país y que se sanciona con multas de hasta 8,962 pesos, y penas de entre seis meses y tres años de prisión, según la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Recoger credenciales para votar, prometer algún tipo de contraprestación para apoyar a algún candidato, o para abstenerse de hacerlo, así como amenazar con suspender los programas sociales como forma de coacción, son otras de las conductas que no deben llevar a cabo los candidatos, los partidos políticos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Al respecto, la Ley General en materia de Delitos Electorales se reformó en febrero de 2019 aumentando las sanciones para los servidores públicos que usen, o permitan el uso de los recursos públicos de programas sociales, con la finalidad de incidir en el electorado. Ahora quien cometa este delito puede alcanzar hasta nueve años de prisión.
Los recursos públicos en general, sin importar que se trate de fondos que integran los programas sociales, tampoco pueden ser utilizados en apoyo o perjuicio de ningún candidato, partido o coalición, pues además de que hacerlo es un delito electoral, los servidores públicos que realicen esta conducta también pueden ser acusados de peculado.
Fiscalización oficial y ciudadana
El INE tiene la obligación de fiscalizar todos los gastos de campaña que llevan a cabo candidatos y partidos, y estos a su vez están obligados a entregar de manera periódica el detalle de sus ingresos y gastos, a través de reportes contables que son auditados por la autoridad electoral.
Para la elección de diputados federales, el INE determinó un tope máximo de gastos de campaña por candidato de un millón 648,189 pesos, recursos que solo pueden ser gastados en actos de proselitismo que deben contar con documentación fehaciente que cada aspirante a legislador debe entregar a la autoridad electoral.
A su vez, los Organismos Públicos Locales del INE en cada entidad son los que determinan a cuánto ascienden los recursos que pueden gastar, en sus campañas, los aspirantes a los puestos que se elegirán en los estados del país, destacándose las gubernaturas de Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Colima; Guerrero; Querétaro; Michoacán; Nayarit; Nuevo León; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Zacatecas; y Tlaxcala.
Además del INE, cualquier ciudadano que detecte alguna irregularidad en las campañas políticas puede promover una denuncia ante esa institución sin necesidad de acudir a sus oficinas. En esta página de internet (https://denuncias-oic.ine.mx/) se puede reportar a políticos, candidatos y servidores públicos que no estén cumpliendo con la legislación electoral.
Los que votaremos
En los comicios del 6 de junio próximo se utilizará una lista nominal integrada por 93 millones 774,799 ciudadanos, de acuerdo con la información más reciente del INE (5 de marzo de 2021).
De estos, 48 millones 536,456 son mujeres con credencial de elector, y 45 millones 238,343 son hombres, es decir, el 52% de la lista nominal son personas del sexo femenino.
En esta ocasión, las opciones para elegir se ampliaron con la creación de tres nuevos institutos políticos, dando un total de 10 partidos que están compitiendo en los comicios federales.
Además de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); De la Revolución Democrática (PRD); Del Trabajo (PT); Verde Ecologista de México (PVEM); Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, también participan el Partido Encuentro Solidario (PES), las Redes Sociales Progresistas, y el partido Fuerza Social por México.
Otra novedad que tendremos en este proceso electoral es que el próximo 17 de mayo podrán votar 2,185 personas que se encuentran en prisión preventiva, en una prueba piloto que realizará el INE, con carácter vinculante, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estos ciudadanos, al no estar sentenciados, no han perdido su derecho al voto, por lo que podrán elegir diputados federales enviando sus sufragios por correo, estos serán contabilizados y serán parte de los resultados el día de la elección.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.