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Más de 2,000 personas en prisión preventiva votarán en estas elecciones

22-03-2021, 4:32:47 PM Por:
Prisión
© Depositphotos

El ejercicio plantea varios problemas como la imparcialidad de los comicios, pues los detenidos recibirán información partidista del Ejecutivo federal.

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya prepara una prueba piloto, con carácter vinculante, en la que el próximo 17 de mayo podrán votar por correo 2,185 personas que se encuentran en prisión preventiva, quienes -al no estar sentenciadas- no han perdido su derecho al voto, por lo que podrán elegir diputados federales.

Los internos que participarán en este ejercicio se encuentran en cuatro Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) varoniles en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas y Michoacán, además de uno femenil que se ubica en Morelos.

Si bien se trata de una primera etapa que más adelante podría ampliarse para detenidos en cárceles que manejan los estados, los resultados serán vinculantes, es decir el sentido del sufragio expresado por los presos y presas de los Ceferesos se sumará a los resultados de las próximas elecciones del 6 de junio.

En México las personas que ya recibieron una sentencia por ser responsables de la comisión de un delito pierden el derecho a votar y ser votados.

Pasos a seguir

El INE va a crear una Lista Nominal de Electores de Personas en Prisión Preventiva (LNEPP), considerando no el lugar de reclusión de aquellos que vayan a votar, sino el sitio en donde están empadronadas esas personas. De esta forma, aunque el votante recluido se encuentre en una Cefereso de Guanajuato, si este obtuvo su credencial de elector en la Ciudad de México, podrá sufragar eligiendo al diputado federal de la demarcación donde se obtuvo la mica.

Para lograr que el voto de los internos en prisión preventiva sea informado, primero el INE les solicitará su anuencia para participar en estos comicios, y a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se les hará llegar la información de las distintas opciones partidistas.

Luego de esto, el 17 de mayo podrán emitir su voto y enviarlo por correo a la autoridad electoral, la cual realizará el conteo y cómputo de esos sufragios el día de la elección, tal y como sucede con el voto que emiten los mexicanos en el extranjero.

Problemas en puerta

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la sentencia del Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 352/2018, reconoció que aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva “están amparadas bajo la presunción de inocencia”, por lo que tienen derecho a votar.

Considerando los artículos 1, 35, y 38 de la Constitución, y los numerales 14 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal consideró que era necesario “implementar medidas que posibiliten el ejercicio del derecho a votar” entre aquellas personas que no han sido sentenciadas, debido a que estas, formal y jurídicamente hablando, siguen siendo inocentes.

De conformidad con los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, la autoridad electoral debe tomar en cuenta “que el voto activo es un elemento de socialización, es una herramienta que les da voz y constituye una medida de inclusión que contribuye a una democracia que no discrimina”, asevera la sentencia, cuya copia posee ALTO NIVEL.

De esta forma, México estará implementando un sistema de votación especial para los internos en prisión preventiva, tal y como ocurre en países como España, Colombia, Canadá y Argentina, entre otros. El problema es que el sistema electoral mexicano es muy distinto al que rige en esas naciones.

En nuestro país, la autoridad electoral no tiene ninguna intervención de parte del Ejecutivo federal, el INE es un organismo constitucionalmente autónomo que se creó justo para evitar que los gobernantes en turno influyeran en los comicios.

Aunque sean menos de 2,500 los presos que participarán en esta primera etapa, si la información de las plataformas partidistas se hará llegar a los internos a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se está dando intervención a una dependencia que pertenece al Ejecutivo federal, lo que podría alterar la imparcialidad del ejercicio.

Otro problema a considerar es que el voto de las personas en prisión preventiva corresponderá al lugar en el que se empadronaron. Si consideramos que la mayoría de las personas detenidas son aprehendidas en centros urbanos específicos, los votos de los no sentenciados se concentrarán en dichas demarcaciones, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

En caso de que las próximas elecciones sean muy competidas, estos sufragios pudieran ser determinantes, sobre todo si consideramos las circunscripciones en las que se realiza la designación de diputados plurinominales.

El Tribunal ordenó en su sentencia que la primera etapa de este ejercicio se desarrolle con “una muestra representativa que abarque todas las circunscripciones electorales”.

Los reclusorios considerados para esta votación sí contemplan las cinco circunscripciones electorales que hay en el país, pero los sufragios que ahí se emitan no corresponderán a esas circunscripciones, sino a los estados en los que estén empadronados los reclusos. Con esto, el voto no será representativo de cada circunscripción, sino de las entidades federativas que más aportan a la población penitenciaria del país.

De acuerdo con información del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México hay un total de 29,013 personas detenidas por haber cometido un delito federal, de estas 11,400 no han recibido una sentencia.

El Estado de México, Baja California y Puebla, son las entidades con mayor población detenida en prisión preventiva, que está siendo procesada por algún delito federal.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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