Capturar organismos electorales estatales, el plan B de AMLO y Morena
Conseguir el control de los procesos electorales a nivel local, argumentando que así habrá ahorros, será el énfasis de los cambios legales del oficialismo.
La cooptación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con el argumento de que estos derrochan recursos, así como la intervención en algunas direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE), son dos de los temas que enfatizará el plan B de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el previsible rechazo -en la Cámara de Diputados- de la reforma constitucional en materia electoral enviada por el mandatario.
La intención del oficialismo es conseguir el mayor control posible de los procesos electorales en nuestro país, lo que incluso podría revivir el intento de la Secretaría de Gobernación para que esta dependencia, a través del Registro Nacional de Población, maneje el Padrón Electoral, una pretensión que implicaría un importante retroceso en el funcionamiento y autonomía de las instituciones encargadas de organizar los comicios en México.
De acuerdo con el senador de Morena Ricardo Monreal, el plan B de AMLO estaría planeando “una reforma con el padrón electoral, (para que) no sea ya el INE ni la dirección del Instituto, del Registro, sino que sea el Registro Nacional de Población el que tenga ese instrumento fundamental”.
Si bien Monreal aclaró, al finalizar la semana pasada, que esto último no estaba aún confirmado, legisladores de la oposición advirtieron que el Registro Nacional de Electores, el Padrón Electoral, y la Lista Nominal, no pueden ser manejados por el gobierno, y cualquier intento en ese sentido sería claramente inconstitucional.
“Nos metería en una crisis espantosa”, apuntó el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, toda vez que el artículo 41 de la Constitución establece que es el INE el único encargado de manejar el registro de electores, por lo que una reforma legal en ese sentido sería inmediatamente impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De su lado, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que “cuando el gobierno tenía el Padrón Electoral lo usaba para su beneficio propio”. El funcionario recordó que, desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, “los muertos ya no votan”.
La frase es una clara alusión al manejo discrecional que hacía del Padrón Electoral el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que eliminaba de las listas a poblaciones opositoras y habilitaba para sufragar a clientelas políticas, a ciudadanos que no reunían los requisitos de ley para emitir su voto, e incluso a personas que no existían.
Sin embargo, una fuente legislativa de Morena que trabaja en la propuesta de reforma a las leyes electorales secundarias, dijo a ALTO NIVEL que el tema del Padrón Electoral no estaría incluido en esos cambios legislativos, por lo que su manejo continuaría en el INE.
Autonomías acotadas
Los cambios a la legislación electoral son la única alternativa del presidente para intervenir en los comicios, debido a que -desde 2021- el partido oficial no cuenta con los votos suficientes para reformar la Constitución en la Cámara baja, ni siquiera sumando el apoyo de sus aliados los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México.
Obviamente, el contexto argumentativo de Morena y del titular del Ejecutivo federal no reconoce que la intención es convertir al partido oficial en un símil del hegemónico PRI. Tanto López Obrador como los legisladores morenistas esgrimen que sus intenciones son disminuir el costo de las elecciones y de la operación de los organismos encargados de los comicios.
A esto se añade el énfasis discursivo del presidente sobre el presunto riesgo de un fraude electoral que podría cometer el INE, una posibilidad que no tiene ningún sustento y que solo existe en las convicciones del mandatario.
En ese tenor, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó a la prensa que su plan B consiste en reducir la estructura de las instituciones electorales que, desde la reforma en esa materia de 2014, implica un gasto de 13,000 millones de pesos, más una cantidad igual que debe entregarse a los OPLES.
“Por qué razón cuestan tanto, por qué hay duplicidad, por qué asume atribuciones el Instituto (Nacional Electoral) que no le corresponden, por qué entra en conflictos con los partidos políticos, por qué el árbitro se convirtió en jugador”, aseveró el diputado.
Así, con la posible compactación de direcciones y unidades del INE, junto con una reformulación de las atribuciones y facultades de los Organismos Públicos Locales Electorales, Morena pretende hacer pasar como ahorros lo que en realidad es la vulneración de los principios de autonomía, legalidad, independencia e imparcialidad que rigen a nuestro actual sistema electoral.
El problema es que justo cualquier modificación legal que entre en contradicción con estos principios que establece la carta magna se impugnará en la Suprema Corte, un escenario que ya no garantiza el pleno respeto de la Constitución, si consideramos que la apuesta del presidente y de Morena es lograr que en el máximo tribunal del país no se consigan los 8 votos que se requieren -como mínimo- para declarar la inconstitucionalidad de las reformas a la ley.
Para ello el mandatario tiene a su favor a las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, además del ministro Juan Luis González Alcántara, todos propuestos en la actual administración como integrantes de la Corte, quienes, lamentablemente, en los temas más álgidos que cuestionan la legalidad y constitucionalidad de la actuación presidencial, han terminado validando la conducta irregular del presidente y el contenido trasgresor de varias de sus reformas.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.