Texcoco y Santa Lucía, las manzanas de la discordia de AMLO en tribunales

Ya son cuatro las medidas cautelares que jueces y tribunales de distrito han otorgado para que las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía permanezcan suspendidas, además de que esta semana se añadió una nueva resolución que ordena al gobierno federal conservar -sin modificaciones- el área donde se edificaba la terminal aérea de Texcoco.

Como parte de los 147 juicios de amparo promovidos por los colectivos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y #NoMásDerroches, esta semana el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México consideró factible otorgar una suspensión provisional a un piloto aviador, cuyos derechos humanos habrían sido violentados por la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco.

La resolución del tribunal apunta que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así como “la destrucción de los materiales del proyecto original” en Texcoco, ponen “en riesgo el derecho a la vida del quejoso, y a su integridad personal, laboral y económica”.

Esto es así debido a que la decisión de construir un aeropuerto civil en lo que hoy es la Base Aérea militar de Santa Lucía se tomó sin contar con los estudios de factibilidad, seguridad técnica, aeronáutica, costos-beneficios, mercado, legalidad, administrativos, ambientales, financieros, de flujo de costos y beneficios sociales, entre otros.

Al carecerse de esos análisis, el gobierno federal estaría lesionando los derechos humanos del quejoso, y al mismo tiempo, de manera indirecta, los de la sociedad, pues esta también está interesada en que los servicios de transporte aéreo que construya el Estado cumplan “con los estudios de seguridad que avalen y garanticen la seguridad a la vida (sic)”, detalla el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa.

De esta forma, al otorgarse la suspensión provisional, el tribunal le ordena al gobierno federal que “se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad conducentes a los que se refiere la Ley de Aeropuertos y su Reglamento”.

De igual forma, los togados concedieron la suspensión para el efecto de que “se mantengan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (en Texcoco), sin que sean destruidas, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el juicio de amparo”.

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14,000 millones de pesos bajo el agua

En un comunicado, el colectivo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recordó que la dirección general del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua, anunció el pasado lunes que la losa de cimentación del aeropuerto cancelado se inundaría, como parte del desarrollo de un área ecológica y recreativa.

De manera específica, se proyecta dejar bajo el agua la losa que tiene forma de X del frustrado aeropuerto de Texcoco, donde se ubicaría el edificio de la terminal aérea, así como las columnas que ya están construidas, y una parte de la pista dos de la edificación, que en conjunto suman una inversión de alrededor de 14,000 millones de pesos.

Por el momento esto ya no podrá realizarse gracias a la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa.

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Revisión de la legalidad

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la agrupación #NoMásDerroches, agregaron que en los 147 amparos promovidos se solicita al Poder Judicial que revise la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, además de que su reemplazo, la terminal de Santa Lucía, en caso de que se construya, deberá contar con todos los dictámenes y permisos necesarios.

Como se recordará, la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado de México ordenó suspender provisionalmente las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía), hasta que el gobierno federal, como autoridad responsable, compruebe que cuenta con todos los permisos ambientales que se requieren para llevar a cabo una obra de esa envergadura.

De su lado, el pasado 7 de junio, el juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva con la que se detienen las mismas obras, hasta en tanto no se resuelva el fondo de un amparo que se lleva en esa instancia jurisdiccional.

Esta medida cautelar obliga a las autoridades a que se abstengan de continuar con la construcción del aeródromo, hasta que existan las autorizaciones necesarias que garanticen que no habrá daños al medio ambiente, o alteraciones en el patrimonio cultural de la zona.

Estas son las primeras respuestas positivas del Poder Judicial de la Federación a favor de los ciudadanos que promovieron 147 amparos en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), y de la proyectada sustitución del mismo en Santa Lucía.

En estos casos no se está prohibiendo la construcción de la terminal aérea civil en las instalaciones de lo que actualmente es una Base militar, sino que las suspensiones se han otorgado para que todas las obras se paralicen, en tanto el gobierno federal muestra los permisos ambientales que son obligatorios para la construcción de cualquier infraestructura aeroportuaria.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.