Economía

Las consecuencias legales de la cancelación del Nuevo Aeropuerto

La administración de AMLO enfrentará decenas de juicios de nulidad y de amparo contra los decretos que modifiquen el Nuevo Aeropuerto.

29-10-2018, 3:21:40 PM

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), que deberá formalizarse cuando Andrés Manuel López Obrador ya sea presidente del país, tendrá diversas consecuencias jurídicas, entre ellas la impugnación en tribunales a la que tienen derecho las empresas y personas físicas que resulten afectadas.

Al tratarse de uno o varios actos administrativos que deberá emitir el próximo titular del Ejecutivo federal, las firmas contratantes podrán oponérsele -sobre todo con el juicio de amparo- dependiendo de la lesión que resientan en su esfera jurídica.

Una nueva concesión

La construcción del nuevo aeropuerto capitalino está a cargo de una empresa concesionaria: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Se trata de una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, que forma parte de la administración pública federal desde su constitución el 28 de mayo de 1998.

En enero de 2015 el gobierno federal, por conducto de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorgó a esta empresa el título de concesión “para construir, administrar, operar y explotar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”.

Para que se cancele el proyecto que ya está en marcha, la secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá modificar este título de concesión, especificando si esta misma sociedad será la encargada de la adecuación del aeropuerto militar de Santa Lucía.

Otra posibilidad es que se otorgue una nueva concesión a esta o a otra empresa de participación estatal, o a una con 100% de capital privado, revocando la concesión anterior.

En cualquiera de estos casos el próximo gobierno de López Obrador deberá fundar y motivar las causas de los cambios o de la revocación, esto quiere decir que el Ejecutivo federal deberá especificar cuáles son los preceptos legales que respaldan la cancelación del nuevo aeropuerto, y las causas, razones y/o circunstancias que sustentan ese acto.

Nuevo AeropuertoReuters

López Obrador acudió temprano a la mesa de consulta ubicada en el centro de la alcaldía de Tlalpan.

Una consulta anecdótica

La consulta convocada por López Obrador, que concluyó el domingo con la negativa de la mayoría de los participantes a la continuación de la terminal aérea en Texcoco, no puede ser considerada la motivación oficial para los cambios en la concesión, debido a que esta fue un ejercicio informal, que legalmente no tiene efectos vinculatorios (obligatorios para el gobierno).

Tendrán que ser otras las motivaciones que esgrima la próxima administración para cancelar el actual proyecto, pues el mismo título de concesión establece en su capítulo diez cuáles son las causales que permitirían su revocación.

Estas últimas están claramente especificadas en el artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, y son por ejemplo, el incumplimiento de los plazos de construcción, el alterar la naturaleza del proyecto, modificar el porcentaje de inversión extranjera, contravenir las disposiciones en materia de seguridad, interrumpir la operación del aeródromo sin causa justificada, o no cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento, entre otras.

Nuevo AeropuertoNotimex

En conferencia de prensa, se dieron a conocer los detalles de la consulta ciudadana sobre el NAIM a la que está convocando el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

132 contratos en disputa

Desde el inicio de su construcción en 2015, y hasta septiembre de este año, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México había signado 467 contratos con un valor total de 153,868 millones de pesos, de acuerdo con información de esa empresa.

El 71% de esos contratos ya se concluyeron, se trata de 335 instrumentos que tenían un valor de 8,901 millones de pesos. Sin embargo, aun están vigentes 132 contratos que concentran la mayor parte de las inversiones, al tener un valor que supera los 144,966 millones de pesos.

Son estos últimos compromisos contractuales los que son susceptibles de ser impugnados en tribunales, dependiendo de la forma en la que sean cancelados.

La mayoría de estos contratos se signaron con empresas a través de licitaciones públicas, su valor es de 135,846 millones de pesos, en tanto que las adjudicaciones directas ascienden a poco más de 749 millones de pesos, siempre de acuerdo con los datos públicos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

El incumplimiento de estos contratos obliga al gobierno federal a pagar las inversiones ya realizadas, y a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a las empresas. Se trata de complicados procedimientos que pueden demorar años para su conclusión, y que en este caso podrían influir en el inicio de las obras de la terminal en Santa Lucía.

El amparo como alternativa

Además de acudir a los juzgados para reclamar el incumplimiento de contratos, las empresas afectadas por la cancelación del nuevo aeropuerto tienen derecho a promover juicios de amparo contra los decretos que en ese tenor emita el Ejecutivo federal.

Esta alternativa, a la cual también pueden recurrir los ciudadanos que posean un interés legítimo en la continuación de la obra, podría paralizar los planes del gobierno federal para sustituir Texcoco por Santa Lucía.

A través de la suspensión provisional, que puede ser otorgada por los jueces de amparo, las empresas demandantes garantizarían que el Ejecutivo federal no desmantele lo ya edificado en el actual proyecto, hasta en tanto no se resuelvan todas las controversias.

Se trata pues, desde cualquier punto de vista, de complejas situaciones jurídicas y económicas que deberá enfrentar la próxima administración, las cuales no solo se resuelven “hablando con las empresas” para que accedan a los cambios, como expresó este lunes el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, teóricamente, la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto podría actuar a favor del proyecto que ya se construye, modificando los términos de la concesión para que sean empresas con capital privado las titulares del aeropuerto, y no una sociedad de participación estatal mayoritaria. Como posibilidad jurídica esto último es factible, aunque en términos políticos y económicos es prácticamente imposible.

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