Suspenden en juzgados Plan B electoral de AMLO en favor de trabajadores del INE
La reforma no podrá aplicarse a los funcionarios del organismo electoral que promovieron Juicios de Amparo, lo que detiene la reestructuración del INE.
Al menos una decena de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) ya obtuvieron suspensiones provisionales en contra del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la reestructuración del organismo ordenada en los cambios legislativos no podrá aplicarse en estos casos.
Entre las suspensiones otorgadas, destaca la que emitió el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con la que se beneficia a Raquel Mondragón Correa, jefa del Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, cuyo puesto no podrá ser recortado como lo ordena la reforma.
“Con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional (…) para el efecto de que no se ejecuten los efectos (sic) del acto reclamado, esto es, para que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del decreto combatido”, apunta el fallo del juez Gabriel Regis López, cuya copia posee ALTO NIVEL.
La funcionaria promovió un Juicio de Amparo en contra del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el que combate la constitucionalidad de varios artículos de la nueva legislación en los que se ordenan diversos cambios a la estructura del INE.
Los efectos de la suspensión provisional incluyen que Mondragón Correa continúe “en el cargo que ostenta, recibiendo sus prestaciones en la forma en que lo ha venido haciendo, hasta antes de la entrada en vigor de las normas generales que por esta vía (se) reclaman”, añade la suspensión.
Cabe aclarar que este beneficio solo estará vigente hasta que el juez Gabriel Regis López decida si concede la suspensión definitiva, lo que podría ocurrir esta misma semana.
De ser ese el caso, la funcionaria no podrá ser removida de su cargo hasta que se dicte la sentencia del amparo, y lo mismo puede ocurrir con los demás servidores públicos que han promovido juicios similares, deteniéndose así la reestructuración del organismo electoral que se establece en la reforma, la cual reduce significativamente el número de personas en áreas sustanciales del INE.
En este mismo juzgado, hay otros funcionarios del Instituto Nacional Electoral que también obtuvieron suspensiones provisionales, aunque su nombre fue omitido en los expedientes.
La ruta en tribunales
A su vez, sigue pendiente de admisión la demanda de amparo colectiva que promovieron -a principios de marzo- 147 empleados del INE, quienes pretenden que la reestructuración del organismo no les afecte.
De hecho, a esta demanda se suma otro ocurso, igualmente colectivo, presentado por más de 90 servidores públicos del organismo electoral, adelantó a ALTO NIVEL el abogado que los representa Rodolfo Martínez.
Según cálculos de la misma autoridad electoral, entre 4,000 y 6,000 trabajadores deberán abandonar sus puestos, en caso de que se aplique al completo la reforma a la legislación.
Los demandantes en estos amparos quieren evitar perder su empleo y las diversas prestaciones que les otorga el INE, entre las que se incluyen sus pólizas de gastos médicos y su seguro de separación individualizado, beneficios que la reforma cancela al 100%.
De su lado, Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, retomó sus funciones también gracias a la suspensión definitiva que le concedió el Juzgado Décimo Segundo de distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, instancia que canceló la aplicación de un artículo transitorio del Plan B electoral del presidente que ordenaba su inmediata destitución.
La primera parte de estos cambios legislativos ya están suspendidos desde el pasado 21 de febrero, de acuerdo con un fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, quien admitió las Acciones de Inconstitucionalidad de legisladores de oposición en contra de las leyes General de Comunicación Social, y de Responsabilidades Administrativas.
Esas normas, que están vigentes desde el 28 de diciembre de 2022, no podrán ser aplicadas en el Estado de México y Coahuila, pues en estas entidades se celebrarán elecciones en este 2023.
Hasta ahora, hay más de 150 Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN en contra de la primera parte del Plan B electoral, a las que se suman una controversia que ya interpuso el INE en contra de la segunda parte de la reforma, y una acción promovida por Movimiento Ciudadano.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.