Trabajadores del INE presentan amparo contra Plan B electoral de AMLO
Los funcionarios públicos intentan la inaplicación de la reforma a las leyes electorales, a fin de no perder su empleo.
La primera demanda de amparo en contra de la reforma a las leyes electorales de nuestro país, conocida como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue presentada este lunes por 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes pretenden la inaplicación de los cambios que ordenan la reestructuración del organismo.
Debido a que la reforma afecta los derechos laborales de más de 4,000 trabajadores del INE, los 147 funcionarios piden la suspensión del Plan B a fin de no ser despedidos. El objetivo es “evitar la pérdida de su fuente de empleo y de las diversas prestaciones que tiene la institución”, dijo a la prensa Rodolfo Martínez, el abogado que representa a los trabajadores.
Entre los solicitantes de amparo se encuentra personal del Servicio Profesional Electoral, así como empleados administrativos del INE, cuyas plazas deben desaparecer a partir de los lineamientos que ordena la nueva legislación.
En su demanda, los quejosos también quieren evitar la cancelación de sus pólizas de gastos médicos y su seguro de separación individualizado, prestaciones que otorgaba el INE a todos sus trabajadores y que fueron anuladas con la reforma.
“El juicio de amparo es la única vía procedente para impugnar la reforma electoral que afecta tanto al Servicio Profesional Electoral, como a las áreas administrativas y las Juntas Distritales, y también para proteger la póliza de gastos médicos y el seguro de separación”, detalló Martínez en un video que puede consultarse en su cuenta de Twitter.
En el ocurso de igual forma se solicita que el monto de los salarios no sea modificado, pues los cambios legislativos prevén que todas las percepciones de los funcionarios del INE sean ajustadas.
Este amparo primero debe ser turnado a un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México, donde fue presentada la demanda, instancia que deberá admitirlo y en su caso conceder la suspensión provisional del Plan B. De otorgarse, esta medida cautelar puede tener efectos generales y no solo en beneficio de quienes solicitan el amparo.
Lluvia de impugnaciones
A su vez, Edmundo Jacobo Molina, hoy exsecretario Ejecutivo del INE, quien perdió su empleo la semana pasada el día que fue publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de su destitución.
El INE como autoridad también demandó en el Tribunal Electoral la inconstitucionalidad del artículo transitorio del decreto de reforma en el que se ordena expresamente la destitución inmediata de quien era el Secretario Ejecutivo del organismo.
Este mandamiento no solo violenta la autonomía del INE, sino que también trasgrede la Constitución, al tratarse de una privativa que solo está destinada en contra de Jacobo Molina, lo que está prohibido en el artículo 13 constitucional.
El exsecretario Ejecutivo del INE también promovió un juicio de amparo, ante un Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, con el fin de que pueda volver a su cargo.
Por otro lado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, ya admitió a trámite otras siete Controversias Constitucionales en contra de la primera parte de la Plan B electoral del presidente, que impugnan la constitucionalidad de las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas.
En este caso, las demandas las presentaron los Ayuntamientos de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, del estado de Coahuila; los municipios de Guanajuato y Comonfort, en el estado de Guanajuato; y las autoridades de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.
La semana pasada, la SCJN admitió las Controversias Constitucionales promovidas por el municipio de Chihuahua y el Instituto Nacional Electoral (INE) también en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social, y de Responsabilidades Administrativas, que permiten que los gobiernos y sus funcionarios hagan publicidad sobre sus logros y programas, aun en periodos electorales.
Los cambios legislativos están suspendidos desde el pasado 21 de febrero, debido a que el ministro Pérez Dayán determinó, al admitir las Acciones de Inconstitucionalidad de legisladores de oposición en contra de la primera parte del Plan B, que la reforma no podrá aplicarse -por el momento- en el Estado de México y Coahuila, pues en estas entidades este 2023 se celebrarán elecciones.
Solo en la Corte se han promovido 125 demandas en contra de la primera parte de la reforma electoral del presidente. Además, el máximo tribunal del país se encuentra a la espera de las impugnaciones que llegarán durante este mes en contra de la segunda fase de los cambios a la legislación electoral, los cuales se publicaron en el DOF el pasado jueves, y entraron en vigor al día siguiente.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.