Reforma de ley de 6 a 3 años en buró: cómo evaluar mejor para incluir más
Ampliar la inclusión financiera no implica asumir mayores niveles de riesgo, sino desarrollar la capacidad de entenderlo mejor.
Durante años, el sistema crediticio en México ha evaluado a los candidatos bajo una lógica centrada en la identificación de riesgos, donde el historial en los burós de crédito se consolidó como una referencia prácticamente incuestionable y, al mismo tiempo, como un filtro que puede condicionar durante largos periodos el acceso a nuevas oportunidades financieras, especialmente cuando el registro es negativo y permanece activo hasta por seis años.
Hoy, ese modelo comienza a ser cuestionado en el ámbito legislativo, ya que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza una reforma a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia que busca reducir los plazos de permanencia de registros negativos (de 6 a 3 años), eliminar registros de deudas menores a 2,000 UDIS (unos 15 mil pesos), evitar su reinscripción indebida, mejorar la protección de datos personales y fortalecer los mecanismos de corrección de información, lo que en el fondo abre una discusión más amplia sobre la necesidad de construir un sistema que represente de manera más precisa la realidad financiera de las personas.
Sin embargo, asumir que una modificación regulatoria será suficiente para resolver el problema implica simplificar un desafío estructural, ya que el acceso al crédito no depende únicamente del tiempo que un dato permanece en el historial, sino de la forma en que este es interpretado dentro de los procesos de decisión, los cuales siguen operando en muchos casos con modelos limitados, apoyados en pocas variables y criterios rígidos que terminan por excluir a amplios sectores de la población.
En este punto, la tecnología adquiere un papel mucho más relevante, no como un complemento sino como un habilitador que está redefiniendo la manera en la cual las instituciones financieras evalúan el riesgo, a través de motores de decisión que permiten integrar múltiples fuentes de información y automatizar el proceso de evaluación crediticia, generando decisiones más ágiles, consistentes y mejor fundamentadas, al tiempo que se construye una visión más completa del perfil financiero de cada persona.
Esta evolución resulta particularmente relevante si se considera que, para muchas personas, el problema no radica en su capacidad de pago, sino en la forma en la cual es evaluada, un punto que también se reconoce dentro de la discusión de la reforma, donde se plantea la importancia de facilitar el acceso al crédito cuando existen condiciones reales para cumplir con las obligaciones, evitando que quienes son rechazados por el sistema formal terminen recurriendo a alternativas más riesgosas como casas de empeño o esquemas de financiamiento informal.
La flexibilización de los tiempos de permanencia en las bases de datos abre una ventana crucial para reconfigurar el diseño de los productos financieros en el país, ya que tradicionalmente, la falta de alternativas metodológicas ha provocado que un tropiezo económico histórico opaque por completo la situación presente de un usuario, invisibilizando su comportamiento actual, su estabilidad operativa o variables de comportamiento transaccional que demuestran una recuperación real. Al acortar estos plazos por la vía legal, las entidades financieras se ven impulsadas a transitar desde un esquema de evaluación estático y retrospectivo hacia uno predictivo y continuo, fundamentado en la analítica de datos en tiempo real que permita medir la voluntad y capacidad de pago actual mediante parámetros alternativos como flujos de efectivo digitales, facturación electrónica o el cumplimiento consistente en servicios recurrentes de conectividad y consumo básico.
La convergencia entre regulación y tecnología representa una oportunidad que difícilmente puede ignorarse, ya que mientras la primera busca establecer condiciones más justas y proporcionales, la segunda permite operarlas de manera efectiva dentro de las instituciones, lo que lleva a entender que el futuro del crédito en México dependerá de la capacidad para adoptar modelos de evaluación más inteligentes.
La necesidad de ampliar los mecanismos de evaluación crediticia en México es un tema importante. Incorporar información adicional o complementaria al historial financiero tradicional podría incrementar significativamente el acceso al crédito para millones de personas que actualmente permanecen fuera del sistema. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) publicada en marzo de 2025, entre las personas de 18 a 70 años que nunca habían utilizado un crédito formal, el 20.7% señaló que no cumplía con los requisitos necesarios para acceder a este tipo de financiamiento. Este dato refleja que una parte importante de la población no necesariamente carece de capacidad de pago, sino que simplemente no cuenta con los elementos suficientes para ser evaluada por las instituciones financieras tradicionales.
La misma encuesta muestra que solo el 37.3 % de las personas dentro de ese rango de edad declaró contar con algún tipo de crédito formal, lo que evidencia una penetración todavía limitada del financiamiento institucional en el país. Además, el acceso a distintos productos crediticios sigue siendo reducido, por ejemplo, el 22.6 % de la población reportó tener una tarjeta de crédito departamental, mientras que únicamente el 15.7 % contaba con una tarjeta de crédito bancaria; en el caso de los créditos de nómina o personales, el porcentaje descendió a 6.9 %, y el acceso a créditos de vivienda apenas alcanzó el 5.6 %. Estas referencias dejan ver que, para una gran parte de la población, las opciones de financiamiento formal continúan siendo insuficientes o poco accesibles.
Por otro lado, cabe señalar que el crédito no solamente se utiliza para adquirir bienes o realizar compras de consumo, en muchos casos también representa una herramienta de apoyo ante emergencias o situaciones imprevistas dentro del hogar. El documento de la ENIF, muestra al respecto que, entre las personas que sufrieron alguna afectación económica derivada de un fenómeno natural o de un evento ocasionado por terceros, el 25.5 % recurrió a préstamos de familiares o conocidos para enfrentar la situación y el 8.3 % tuvo que vender o empeñar algún bien para solventar la emergencia. En contraste, apenas el 3.4 % logró resolver el problema utilizando una tarjeta de crédito, un préstamo bancario o algún financiamiento otorgado por una institución financiera.
Estos datos evidencian que, cuando el sistema financiero formal no logra cubrir las necesidades de la población, las redes familiares, los préstamos informales y la venta de patrimonio continúan funcionando como mecanismos alternativos de supervivencia económica.
Porque al final, ampliar la inclusión financiera no implica asumir mayores niveles de riesgo, sino desarrollar la capacidad de entenderlo mejor.
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Santiago Etchegoyen Licenciado en Ciencias de la Computación, experto en modelos de scoring y su aplicación en políticas crediticias para la industria financiera. Tiene más de 10 años en burós crediticios y análisis de riesgos.