Seguridad: las recetas del pasado están de regreso con el nuevo gobierno

Durante el primer trimestre de este año las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en México se registraron 7,242 homicidios dolosos, este dato es 10% mayor al del mismo periodo del año pasado, en el que el SESNSP contabilizó 6,599 homicidios dolosos; estas frías estadísticas son el reflejo del punto en el que en materia de seguridad pública está actualmente México.

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Y por si eso no fuera de por sí un pésimo escenario, las mismas cifras nos llevan a anticipar que ni en el corto ni en el mediano plazo la seguridad mejorará. Aunado a la estadística es relevante que no se ve que en la actual administración se estén haciendo los ajustes para que realmente podamos aspirar a estar en una mejor situación, y no están dadas las condiciones porque no se está haciendo el trabajo indispensable para tales efectos. Partamos de señalar que no por meras declaraciones o por una cuestión de voluntad se van a revertir problemas que son estructurales.

La presente administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recurre a las mismas medidas que sus antecesores. El caso concreto es que las soluciones que se han propuesto con distintas en forma, pero no en esencia: primero fue la Policía Federal, luego la AFI y luego otra vez Policía Federal, posteriormente la Gendarmería y ahora la Guardia Nacional.

Entonces, la realidad es que nada se está modificando en el fondo para atender las raíces de los problemas, y en cambio existe una premisa que adelanta una situación de mayor preocupación, porque el uso de la milicia para el tema de seguridad pública -que fue un error consumado por parte de las anteriores administraciones- y que fue materia de la campaña electoral, anunciando que justamente eso se iba a modificar radicalmente, ahora resulta que siempre no, pero con una diferencia y agravante: ahora va con carácter de rango constitucional. Es decir, lo que no ha funcionado durante los últimos 12 años, ahora se ha decidido implementar con una incorporación directa en nuestra Carta Magna.

Se trata de un error enorme, porque están dedicando más recursos para los mismos defectos y que son justamente el hecho de que las capacidades de fuerzas militares están siendo abocadas para temas para los cuales no diseñadas ni para las cuales hayan sido entrenados.

Debemos tomar como punto de partida que la inseguridad es fruto de problemas con carácter estructural, transversal, y de cierta forma ya generacional. Justo este es el motivo por el que no es posible que con decisiones cosméticas o superficiales se dé en el clavo ante una situación no coyuntural. En el diagnóstico de por qué las medidas de seguridad pública no funcionan existen ya estudios muy profundos, muy elaborados que indican que es un problema multifactorial.

Hay estudios que indican con bastante precisión cuáles son las principales razones por las que la seguridad no mejora; es relevante recordar que tenemos un sistema penal acusatorio, sistema que justamente requiere de una concurrencia en funciones por parte de los tres niveles de gobierno, y en particular entre policías y agencias o agentes ministeriales, procuradurías y fiscalías, y todo esto se ha echado por la borda al momento de plantear soluciones.

Si bien se trata de una situación generada pon múltiples razones como ya lo hemos dicho, una de las principales actualmente es que la base delincuencial desde los grandes carteles y hasta algunos de menor tamaño, tienen el común denominador que le han perdido el respeto a la autoridad.

Lo que es sumamente grave porque se traduce en que no temen delinquir porque no genera consecuencias; lo saben y además son participes de la impunidad que existe en gran parte del país. Esto se explica porque si tuvieran temor de que les pasara algo, el número y la gravedad de estos incidentes no sería lo que estamos viendo y viviendo.

Lo que tenemos que lograr es que se recupere ese respeto y entender que va a requerir de un esfuerzo realmente muy importante, que no pasa solamente por armar a la Guardia Nacional o tener un gran despliegue con capacidades tácticas o militares.

Ha llevado muchos años llegar a la situación en la que estamos hoy en día, y sería irresponsable decir que hay una solución que permite solucionar esto en forma muy rápida.

Lamentablemente esto va a requerir meses y años, y para alcanzar a ver los resultados se requiere un esfuerzo de largo aliento, y justo por ello es que las medidas correctivas entre más nos tardemos en implementarlas más lejos estará la fecha en que empezamos a tener resultados. Por eso no hay tiempo que perder.

Hay que añadir que se tiene que trabajar desde las bases y eso significa en policías y ministerios públicos, los que deben de capacitarse para responder a los reclamos ciudadanos, entre otras cosas. Es inadmisible que cuando un ciudadano presenta una denuncia ante la agencia del ministerio público la experiencia es prácticamente de una victimización adicional a la que la persona sufrió por el delito en sí mismo, es una vivencia traumática nada placentera, si no se cambia esa dinámica es complicado que vayamos a obtener mejores resultados.

Por ello es inaplazable que haya un esfuerzo muy importante para que el proceso de denuncia sea eficiente, eficaz, amigable y que por lo mismo la autoridad tenga mejores elementos para actuar.

Se deben mejorar los servicios de los ministerios públicos para que la gente denuncie, respetando el decálogo de derechos del ciudadano. Garantizar la libertad para que la ciudadanía denuncie con tranquilidad y solvencia le da la autoridad no solamente la visibilidad y la cercanía con la ciudadanía, sino además los insumos para hacer su trabajo.

En este panorama, en el que existe un fenómeno de altísima impunidad, necesitamos ser más participativos los ciudadanos y dejar de preguntarnos qué es lo que podemos hacer para contribuir en acabar con esto. Podemos hacer muchas cosas.

Una es que el ciudadano tiene que ser mucho más exigente, tienen que estar mucho más informado respecto a porqué algunas políticas públicas no funcionan, y por qué la urgente necesidad de cambio es responsabilidad de todos y no solamente del gobierno.

Debemos aprender que en estos momentos y en cualquier otra circunstancia, el ciudadano es el ingrediente indispensable para lograr las grandes transformaciones que se requieran para hacer de nuestro país uno que podamos con orgullo heredar a nuestros hijos.

La seguridad y justicia requieren del concurso de la ciudadanía de tiempo completo para exigir resultados y no solamente acciones de las autoridades. Cambiemos la dinámica y hagamos de estas tareas unas de responsabilidad compartida con mecanismos permanentes de evaluación y mejoría.

*El autor es Socio Director de Hogan Lovells en México. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como abogado corporativo y ha asesorado a clientes de diversas industrias.

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Juan Francisco Torres Landa Juan Francisco Torres-Landa, socio director de Hogan Lovells BSTL. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como abogado corporativo, ha asesorado a clientes de diferentes industrias.