Las claves del proceso penal contra la dueña del colegio Enrique Rébsamen

Esta semana dará inicio el proceso penal contra la directora y propietaria del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, quien permanecerá en prisión preventiva por ser presunta responsable del delito de homicidio culposo en contra de 19 menores y 7 adultos, que murieron por el colapso de las estructuras de la escuela tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Prófuga de la justicia durante los últimos 19 meses, García Villegas fue aprehendida el sábado pasado en un restaurante al sur de la Ciudad de México, gracias a una denuncia ciudadana, según la Procuraduría de Justicia de la capital.

Sin embargo, quien era su abogado defensor, Javier Coello Trejo, dijo en un comunicado que la dueña del colegio se entregó de manera voluntaria a las autoridades, tras “las negociaciones que tuvieron (García Villegas y su familia) con un subsecretario de gobierno de la metrópoli y un diputado local.

La confirmación sobre estas dos versiones, que provienen de fuentes identificadas y relacionadas con el caso, no pudo corroborarse el domingo cuando se dio la primera comparecencia de García ante la jueza de control Esperanza Medrano Ortiz, quien no permitió la entrada a la prensa por tratarse de un proceso en el que la mayoría de las víctimas son menores de edad.

Por lo pronto, independientemente de si hubo o no alguna negociación, la jueza consideró legal la detención de la propietaria del colegio, y le impuso -a pedido del ministerio público- la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá de permanecer privada de su libertad durante el desarrollo del proceso, el cual podría iniciarse el próximo jueves, cuando se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos.

Te recomendamos: La oscura historia del Colegio Enrique Rébsamen

Corrupción, el principio de la tragedia

Mónica García Villegas, junto con autoridades de la delegación Tlalpan, habrían cometido numerosas irregularidades al ampliar en 2010 las instalaciones del colegio Enrique Rébsamen. El inmueble reformado se vino abajo durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, ocasionando la muerte de 26 personas: 19 menores y 7 adultos.

En específico, se edificó un último piso en uno de los edificios del centro educativo “sin los permisos correspondientes”, de acuerdo con la denuncia presentada por la entonces delegada de Tlalpan, y actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La ampliación del colegio en 2010 se llevó a cabo sin haber hecho el aviso correspondiente a la delegación, lo que motivó que las autoridades llevaran a cabo una visita de verificación. Tras esta, la delegación Tlalpan clausuró las obras a través de una resolución administrativa, el 16 de agosto de 2011, ordenando “la clausura total temporal en los trabajos de construcción”.

Posteriormente se ordenó la demolición de 90 metros en el cuarto nivel que se estaba construyendo sin contar con los permisos adecuados.

No obstante, siete años después se pudo comprobar que el cuarto piso que se ordenó demoler no solo se terminó de construir, sino que en este presuntamente habitaba la dueña del colegio y uno de sus familiares, a pesar de que “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron” las irregularidades señaladas desde 2010.

Incluso la delegación Tlalpan tampoco cuenta con un documento que acredite que se levantó la clausura, según la denuncia presentada. Por estos hechos Mónica García Villegas es acusada de homicidio culposo (no intencional) y uso de documentación falsa.

Hasta el pasado fin de semana, el único detenido por la ampliación mencionada era el Director Responsable de Obra de la escuela, Juan Mario Velarde Gámez, quien avaló la reforma del inmueble. Desde finales de julio de 2018 permanece en prisión preventiva en el Reclusorio sur de la Ciudad de México, acusado del delito de homicidio culposo.

Lee: Las dos caras del sismo del 19 de septiembre

Seguridad estructural deficiente

El colegio Enrique Rébsamen presentó ante las autoridades de la delegación Tlalpan, en junio de 2014, una constancia de seguridad estructural que avalaba las condiciones del inmueble.

El documento está firmado por el ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable en seguridad estructural, autorizado para fungir como tal por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de acuerdo con los documentos que integran el expediente contra Mónica García Villegas, que fueron dados a conocer por la delegación Tlalpan en 2017.

La constancia, que tiene una validez de cinco años, estableció que la seguridad estructural del colegio cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.

Posteriormente, en julio de 2014, el inmueble que operaba como secundaria dentro del colegio fue sometido a pruebas de carga, lo cual fue certificado por el arquitecto y Director Responsable de Obra (DRO) Juan Mario Velarde Gámez.  

Al llevarse a cabo esas pruebas, según el documento emitido por el DRO, el edificio analizado no presentó “evidencia visible de falla, es decir, no presenta agrietamientos, descascaramiento o deflexión de tal magnitud y extinción que sea obviamente excesiva e incompatible con los requisitos de seguridad”.

Unos meses después de estos dictámenes, en septiembre de 2014, el colegio volvió a ser inspeccionado de manera ocular por el DRO Juan Mario Velarde Gámez. El documento emitido por este en esa fecha da cuenta que el inmueble no tenía daños estructurales, ni los había tenido, además de que el comportamiento de la cimentación había “sido satisfactorio”.

El arquitecto agregó que tampoco existían “defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra”, concluyendo “que el sistema estructural es la idónea (sic) para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”.

Lee: El 19 de septiembre: El día en que mi vida colapsó y volví a nacer

Falsificación de derechos adquiridos

Otra de las irregularidades del colegio tuvo su origen en 1983: Debido a que así lo permitía la legislación de la época, la escuela obtuvo en ese año un permiso para construir departamentos y oficinas.

Después de 1997, cuando las normas cambiaron, el plantel siguió operando debido a que la convivencia del uso de suelo habitacional y comercial le había sido autorizada antes de las reformas a la norma.

Sin embargo, a principios de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) le notificó al centro educativo que su situación -en términos del uso de suelo- era irregular, pues la zona ahora solo es habitacional.

El colegio le entregó entonces al Invea un certificado de derechos adquiridos, que le permitiría poder operar, el cual presuntamente es falso. Ante esta situación, el Invea presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la probable comisión del delito de falsificación de documentos.

Esto último también forma parte del proceso que se le seguirá a la dueña del plantel, Mónica García Villegas, cuya situación jurídica será definida el próximo jueves, cuando la jueza de control Esperanza Medrano Ortiz decida si la vincula a proceso.

Lee: El sismo que convirtió el silencio en un grito de esperanza

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.