La oscura historia del colegio Enrique Rébsamen

El colegio Enrique Rébsamen, que impartía educación preescolar, primaria y secundaria en Coapa, en la delegación Tlalpan, cuya destrucción durante el sismo del pasado 19 de septiembre dejó un saldo de 19 menores y 7 adultos muertos, se ha convertido en un caso emblemático del cúmulo de irregularidades, jurídicas y administrativas, que han salido a la luz tras los severos daños que dejó el movimiento telúrico.

Enseguida te detallamos paso a paso cómo se gestó la situación que prevalece en ese centro educativo, cuya autorización para operar ya fue revocada por la Secretaría de Educación Pública, así como las responsabilidades que podrían enfrentar las autoridades y la propietaria del colegio.

1. En el principio ¿presunta corrupción?

De acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público por la delegada de Tlalpan, la morenista Claudia Sheinbaum, funcionarios de esa demarcación, en las administraciones que le antecedieron, así como Mónica García Villegas, propietaria del colegio, habrían actuado dolosamente porque la edificación de la escuela “se realizó sin los permisos correspondientes” que debía otorgar la delegación.

De manera específica, el colegio fue ampliado en 2010 sin haber hecho el aviso correspondiente a la delegación, lo que motivó que las autoridades llevaran a cabo una visita de verificación. Tras esta, la delegación Tlalpan clausuró las obras, y ordenó la demolición de 90 metros en un cuarto nivel que se estaba construyendo sin contar con los permisos adecuados. A través de una resolución administrativa, el 16 de agosto de 2011 “se ordenó la clausura total temporal en los trabajos de construcción”.

Sin embargo, seis años después se pudo comprobar que el cuarto piso que se ordenó demoler no solo se terminó de construir, sino que en este presuntamente habitaba la dueña del colegio, a pesar de que “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron” las irregularidades señaladas desde 2010. De hecho, la delegación Tlalpan tampoco cuenta con un documento que acredite que se levantó la clausura, según la denuncia presentada por Sheinbaum.

2. Derechos adquiridos ¿apócrifos?

En 1983, debido a que así lo permitía la legislación de la época, el colegio Enrique Rébsamen obtuvo un permiso para construir departamentos y oficinas. Después de 1997, cuando las normas cambiaron, la escuela siguió operando debido a que la convivencia del uso de suelo habitacional y comercial le había sido autorizada antes de las reformas a la norma.

Sin embargo, a principios de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) le notificó al colegio que su situación, en términos del uso de suelo, era irregular, pues la zona ahora solo es habitacional. El colegio le entregó entonces al Invea un certificado de derechos adquiridos (que le permitiría poder operar), el cual presuntamente es falso.

Ante esta situación, el Invea presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del colegio por la probable comisión del delito de falsificación de documentos. El estatus de esta querella no ha sido informado por la Procuraduría de Justicia de la capital mexicana.

3. Seguridad estructural ¿errónea?

El colegio presentó ante las autoridades de la delegación Tlalpan, en junio de 2014, una constancia de seguridad estructural que avala las condiciones del inmueble. El documento está firmado por el ingeniero civil Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable en seguridad estructural, autorizado para fungir como tal por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de acuerdo con documentos dados a conocer por la delegación Tlalpan.

La constancia, que tiene una validez por cinco años, estableció que la seguridad estructural del colegio cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Posteriormente, en julio de ese mismo año, el inmueble que operaba como secundaria dentro del colegio fue sometido a pruebas de carga, lo cual fue certificado por el arquitecto y Director Responsable de Obra (DRO), Juan Mario Velarde Gámez.

Al llevarse a cabo esas pruebas, según el documento emitido por el DRO, el edificio analizado no presentó “evidencia visible de falla, es decir, no presenta agrietamientos, descascaramiento o deflexión de tal magnitud y extinción que sea obviamente excesiva e incompatible con los requisitos de seguridad”. De existir posibles errores o irregularidades en este dictamen, estos deberán ser determinados por los peritos que realizan las investigaciones en el colegio.

Unos meses después de estos dictámenes, en septiembre de 2014, el colegio volvió a ser inspeccionado de manera ocular por el DRO Juan Mario Velarde Gámez. El documento emitido por este en esa fecha da cuenta que el inmueble no tenía daños estructurales, ni los había tenido, además de que “el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactorio”.

El arquitecto agregó que tampoco existían “defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra”, concluyendo “que el sistema estructural es la idónea (sic) para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”.

4. Autoridades ¿omisas?

Solo en la delegación Tlalpan, las autoridades han contabilizado 55 edificios de departamentos con daños estructurales o que presentan un riesgo mayor que los hace inhabitables, en tanto que en esa misma situación se detectaron 39 casas. La mayoría de esos inmuebles están en la zona afectada por el sismo, que incluye al colegio Enrique Rébsamen.

No obstante, hay algunos inmuebles que están fuera del área que resultó con mayores daños, por lo que ya se investigan las causas, contemplando incluso si “hay alguna cuestión de corrupción asociada a estas edificaciones”, dijo la semana pasada la delegada Claudia Sheinbaum.

En este tenor, no puede rechazarse la posibilidad de que algunas autoridades de esa delegación sean responsables de avalar el funcionamiento del colegio Enrique Rébsamen, a pesar de que este presentaba diversas irregularidades. De hecho, ya existe una denuncia por homicidio y lesiones culposas (imprudenciales) en contra de Sheinbaum, promovida por la organización Parlamento de México. Según ese colectivo, en la delegación Tlalpan habrían incumplido con la obligación de verificar las condiciones reales del colegio.

De su lado, la delegada reconoció que lo más grave en el caso de esta escuela privada “es un tema que tiene que ver directamente con la seguridad estructural y con la operación, la seguridad y operación de la escuela, es decir, si había algún problema estructural”, apuntó. Para responder a esta y otras interrogantes, tanto la Procuraduría de Justicia capitalina, como el Colegio de Ingenieros Civiles ya investigan las edificaciones que se colapsaron, y que ocasionaron la muerte de 26 personas, la mayoría niños estudiantes del plantel.

5. Propietaria ¿responsable?

La dueña del colegio, Mónica García Villegas, podría enfrentar cargos de carácter penal, en caso de que se encuentren elementos que prueben que, por acción u omisión, puso en riesgo la vida e integridad de los menores y del personal que acudía a la escuela. En tanto esto no suceda, debe garantizarse su derecho a la presunción de inocencia.

En cuanto a la responsabilidad civil, los afectados pueden demandarla para que repare el daño causado, siempre y cuando se pruebe que este sobrevino no por el sismo en sí, sino como consecuencia de los vicios de construcción del inmueble, de acuerdo con el artículo 1,931 del Código Civil de la Ciudad de México.

De ser ese el caso, García Villegas también “derecho a repetir” en contra de los constructores y de aquellos que avalaron la edificación. Es decir, si como propietaria del inmueble se le obliga a reparar el daño porque el edificio presentaba irregularidades –probadas- en su construcción, ella a su vez puede demandar a quienes llevaron a cabo la edificación dejándola con vicios.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.