La SCJN libera a presos que protagonizaron el documental “Duda Razonable” de Netflix
Los ministros coincidieron en que la Fiscalía de Tabasco violó el debido proceso de tres hombres que habían sido sentenciados a 50 años de prisión.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este jueves la liberación inmediata de tres hombres tabasqueños sentenciados a 50 años de prisión, luego de que por unanimidad los 11 ministros votaron a favor de concederles un amparo liso y llano por las innumerables violaciones al debido proceso registradas en su causa penal, en la que fueron acusados de tentativa de secuestro agravado.
Este caso cobró relevancia porque los detenidos protagonizaron el documental “Duda Razonable”, dirigido por el abogado Roberto Hernández y trasmitido en Netflix en 2021, en el que se narra la forma en la que los condenados fueron detenidos y torturados en un proceso plagado de irregularidades.
Lo expuesto en la filmación generó que la Corte atrajera, en febrero pasado, el amparo directo de los presos en contra de la condena que les impuso una Sala Penal del Poder Judicial del estado de Tabasco, la cual revirtió la sentencia de primera instancia que ascendía a tres años y medio de prisión, sustituyéndola por una pena de 50 años.
Los beneficiados con este amparo permanecen desde 2015 en un reclusorio del municipio de Macuspana, Tabasco, tras ser aprehendidos -sin elementos de prueba fehacientes- por policías municipales, a partir de hechos que se generaron en un accidente de tránsito.
Los ministros de la Corte coincidieron en que la Fiscalía tabasqueña realizó una investigación descuidada, además de que “el testimonio de los policías aprehensores, (y) la negligencia de la autoridad investigadora nunca puede jugar en perjuicio de los inculpados”, considerando el principio de presunción de inocencia.
La sentencia de amparo, cuyo proyecto elaboró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apunta que la violación al derecho de los quejosos a ser juzgados mediante un juicio respetuoso del principio de presunción de inocencia “es de tal magnitud”, que un nuevo juicio no haría más que revictimizarlos, por lo que en este caso no era procedente ordenar la reposición del procedimiento, sino conceder la libertad inmediata de los detenidos.
El documento enfatiza que, trasgrediendo lo que establece el artículo 20 de la Constitución, la Fiscalía de Tabasco revirtió la carga de la prueba a los acusados, cuando en realidad era el Ministerio Público el que debía probar, fuera de toda duda, la responsabilidad de los indiciados.
Así, la Corte no encontró “elemento alguno para justificar la condena de los ahora quejosos”, pues “dada la actividad probatoria de la fiscalía local y el estándar incorrectamente utilizado por el tribunal de juicio oral para juzgar los hechos materia de juicio, debemos dejarlo claro: para todo efecto formal, los quejosos son inocentes. No se ha acreditado su responsabilidad penal”, concluye la sentencia de amparo.
Sobre las violaciones a los derechos humanos de los imputados que se registraron en este caso por parte de las autoridades, el presidente de la Corte Arturo Zaldívar enfatizó que estas lograron “comprobarse de manera atroz” en el amparo.
“La arbitrariedad y abuso del poder, se comprueba”, al tiempo que “se tortura y se fabrican culpables”, agregó el ministro presidente.
Cambios al sistema
El documental “Duda Razonable”, que dirige el cineasta y abogado Roberto Hernández, mostró en cuatro capítulos cómo la Policía municipal, y luego agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Tabasco, detienen y acusan de manera arbitraria a cuatro hombres, de estos, uno fue liberado en 2018, mientras que los tres restantes fueron condenados, en segunda instancia, a 50 años de prisión por el delito de tentativa de secuestro agravado.
Inicialmente la condena había sido de tres y medio años de prisión, pero en la apelación, a la que recurrió el Ministerio Público, esta se elevó a cinco décadas de reclusión.
En entrevista con ALTO NIVEL, Hernández consideró positiva la liberación de los sentenciados, aunque lamentó que la decisión de la Suprema Corte no vaya acompañada de un criterio único que permita cambiar el actual sistema penal en los estados del país, que mantiene graves deficiencias que afectan sobre todo a las personas más vulnerables.
Adicionalmente, los requisitos para promover un amparo directo a fin de que -en el ámbito federal- se revisen las sentencias de los Poderes Judiciales estatales, siguen siendo demasiado técnicos, lo que deja en la indefensión a las personas que no tienen los recursos suficientes para combatir las irregularidades que suelen presentarse en los juicios penales del fuero común.
“Hay muchas señales de que el sistema de revisión (de sentencias) de México necesita modernizarse, volverse más ágil, más claro, más comprensible”, apunta el documentalista.
Además, “lo que queremos cuando un caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un cambio de dirección ¿no?, que la justicia mejore, no solamente que se corrija la situación de injusticia, sino que se corrija para todos” aquellos que puedan estar en la misma situación.
Roberto Hernández añade que en México el sistema penal se sigue utilizando de manera autocrática y, de igual forma, la tortura se mantiene como una práctica común en las Fiscalías.
De hecho, su crítica a los Ministerios Públicos es tajante: “Los fiscales, hay datos que nos lo confirman, son miembros de organizaciones criminales, no quisiera generalizar, pero -en general- la institución sigue torturando, está operando de una manera que es ajena a su misión, y son como aparatos que sirven para extraer rentas ilegales”, lamentó.
Por lo pronto, Héctor, Gonzalo y Juan Luis, los nombres de pila de los demandantes de amparo, al ser liberados por orden de la Suprema Corte, esperan poder recuperarse de la traumática experiencia de haber permanecido siete años en prisión, acusados de un delito que no cometieron.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.