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Los sobrinos de Israel Vallarta, las otras víctimas del caso Cassez que esperan justicia

09-04-2021, 6:05:00 AM Por:
Florence Cassez
© Reuters

Detenidos por el delito de secuestro, dos de los tres sobrinos de Vallarta ya fueron absueltos, pero buscan castigo para las autoridades que los torturaron.

Golpes, quemaduras de segundo grado, toques eléctricos, vejaciones y amenazas son algunas de las torturas que sufrieron -de manera continuada- durante y después de su detención Alejandro, Juan Carlos y Sergio Cortéz Vallarta, sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, todos acusados de secuestro entre 2005, 2009 y 2011, en el caso que también involucró a la francesa Florence Cassez.

Son las otras víctimas de un expediente plagado de irregularidades que la otrora Procuraduría General de la República construyó para sostener la hipótesis de la existencia del grupo de secuestradores los Zodiaco, a pesar de que tanto Cassez, como Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, ya se encuentran en libertad. La primera por violaciones al debido proceso, y los dos últimos por haber sido absueltos de las acusaciones que los mantuvieron en prisión durante siete años.

Florence Cassez, detenida en diciembre de 2005 junto con Israel Vallarta, entonces su pareja sentimental, obtuvo su libertad en 2013 mediante un amparo concedido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se reconoció que se violaron sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. La francesa había sido condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, pero la causa fue anulada con el amparo que se le otorgó.

En el caso de dos de los tres sobrinos de Israel Vallarta, la Procuraduría General de la República (PGR) también recibió un varapalo en tribunales. En febrero de 2016 el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito absolvió a Juan Carlos y Alejandro Cortéz Vallarta de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, debido a que no se demostró su responsabilidad penal en esos ilícitos.

La causa en contra de Sergio Cortéz Vallarta, hermano de los dos anteriores, quien fue detenido en 2011, aún no concluye, pero sus familiares dicen que, además de las torturas que sufrió, su proceso es similar al de sus hermanos ya declarados inocentes.

Efecto corruptor

Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassez fueron aprehendidos el 8 de diciembre de 2005 en la carretera México-Cuernavaca, pero su arresto fue exhibido un día después, en un lugar distinto, en una transmisión en vivo de un programa de noticias de Televisa, en el que la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) simuló la detención y la presunta liberación de tres personas secuestradas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó esa escenificación como un montaje ajeno a la realidad en el proceso en contra de Cassez, el cual generó un “efecto corruptor” en todo el proceso.

La admisión de que se trataba de una recreación realizada para la prensa llegó en febrero de 2006 de parte del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“Cuando se desenmascaró el montaje de Florence Cassez y de Israel, la única forma que tenía la autoridad de justificar ese montaje pues era sosteniendo la hipótesis que toda la familia había sido parte de una banda de secuestradores”, dijo a ALTO NIVEL el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, director de la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El litigante lleva la defensa de los sobrinos de Vallarta solo en lo que se refiere a las torturas que estos recibieron. De manera específica, en el caso de Sergio Cortéz Vallarta ya se ejerció “acción penal contra 10 policías que lo torturaron, incluyendo a Genaro García Luna”, detalla.

El ejercicio de la acción penal se lleva a cabo cuando la Fiscalía General de la República remite o envía la carpeta de investigación a un juez, para que este gire las respectivas órdenes de aprehensión en contra de los acusados.

En el caso de Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, libres por haber sido absueltos, inicialmente se “ejercitó acción penal, pero por abuso de autoridad y lesiones, y solo contra los policías aprehensores”, explica Pérez Rivera.

No obstante, la denuncia por torturas ya fue ampliada para que se sancione a todas las autoridades que estuvieron involucradas en la detención, y los tratos crueles que sufrieron los hermanos Cortéz Vallarta.

“No solo señalamos a los policías aprehensores, sino a todo el personal de la policía ministerial que estuvo relacionado, a los agentes del Ministerio Público, a los médicos forenses, al defensor de oficio, y a la cadena de mando que llega hasta Genaro García Luna”, refiere el letrado.

Protocolo de Estambul

La Clínica de Interés Público del ITAM representa a los sobrinos de Israel Vallarta en su calidad de víctimas de tortura, por lo que cuenta con varios dictámenes científicos y pruebas que utilizaron el Protocolo de Estambul que certifican los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos Alejandro, Juan Carlos y Sergio Cortéz Vallarta.

El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, es un conjunto de normas creadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que sirven para documentar la tortura.

Mediante esta, la hoy desaparecida PGR quería obligar a los hermanos a confesar que formaban parte de la banda de secuestradores los Zodiaco. Aunque estos nunca lo admitieron a pesar de haber sido sometido a toda clase de vejaciones en su detención, en las oficinas del Ministerio Público, y luego durante su traslado a un penal federal en Nayarit.

“Se usó la tortura como un medio de intimidación y castigo, pero en realidad ellos no confesaron” lo que los policías querían que declararan, relata el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera.

Con sus denuncias, los sobrinos de Israel Vallarta quieren que sean castigadas “las personas que les han hecho tanto daño”. “La intención es que se giren ordenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y todo su sequito como torturadores, la única forma de acabar con la tortura en México es evitando la impunidad, entonces ¿Qué ganan ellos? Justicia, es una ganancia invaluable”, enfatiza el litigante.

En un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 64% de las personas entrevistadas en 2016 por ese organismo, en distintas prisiones del país, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia física en su detención, incluyendo descargas eléctricas, asfixia o estrangulamiento.

De acuerdo con el Colectivo contra la Impudemia, entre 2006 y 2019 todas las fiscalías del país, incluyendo la FGR, abrieron 46,626 carpetas de investigación por el delito de tortura, las cuales solo 73 concluyeron en sentencias.

Pérez Rivera comenta que estas cifras nos responden a la pregunta: “¿Por qué se tortura en México? Porque se puede, porque vivimos en absoluta impunidad”.

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mm Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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