La reforma educativa que volvió a aprobar la Cámara de Diputados

En su primera sesión del periodo extraordinario que inició esta semana en el Congreso, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma educativa, la cual había sido rechazada parcialmente por el Senado la semana pasada, por lo que -para lograr un mayor consenso- el nuevo dictamen incluyó algunas de las propuestas hechas por los legisladores de oposición a Morena.

De esta forma, el Senado ahora deberá votar solo los artículos que ya había rechazado, y que fueron reaprobados por los diputados, en tanto que los numerales avalados por ambas Cámaras se turnarán de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas.

En términos generales se trata de la misma minuta que ya había sido aprobada por la Cámara baja el pasado 25 de abril, en la que se incluye, en un artículo transitorio, la posibilidad de que los sindicatos magisteriales puedan manejar una parte de las plazas del sistema educativo nacional, lo cual fue rechazado por el Senado.

Esta reforma, que modifica los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, elimina los concursos de oposición para los docentes y los sustituye por evaluaciones diagnósticas que, de ninguna manera, determinarán la permanencia y/o los ascensos de los maestros, como ocurría con la reforma educativa de 2013.

Ahora el ingreso y promoción de los educadores se llevará a cabo a través de procesos de selección que considerarán sus conocimientos, aptitudes y experiencia, aunque si no cuentan con la debida preparación estos en ningún caso se verán afectados en su permanencia.

Los concursos de oposición, que se implementaron con la reforma educativa del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, desaparecen por completo, además de que sus efectos, si perjudicaron a los docentes, dejarán de tener vigencia.

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Plazas para los sindicatos

Las plazas de los maestros, así como el presupuesto para la educación pública seguirán siendo responsabilidad del Estado mexicano, aunque en el artículo decimosexto transitorio la reforma abre la posibilidad de que los sindicatos controlen una parte de los puestos de trabajo.

En ese numeral se detalla que los derechos de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123, apartado B, de la Constitución, pero al mismo tiempo se agrega que la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes deberá seguir lo que diga la próxima Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

El problema es que esos dos postulados se contradicen entre sí, toda vez que el apartado B del artículo 123 constitucional tiene una ley reglamentaria: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y justo en el artículo 62 de esa norma se establece que las vacantes “serán cubiertas en un 50% libremente por los titulares (de la dependencia), y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato”.

De esta forma, los diputados le abrieron la puerta a los gremios docentes para que ellos controlen la mitad de los nuevos nombramientos del sistema educativo, y al mismo tiempo, en el mismo artículo transitorio, agregaron dos párrafos que contradicen lo anterior al afirmar que la admisión y promoción de los docentes se regirá por una ley reglamentaria que aun no ha sido creada ni aprobada.

Estas dos premisas del artículo decimosexto transitorio de esta reforma crean lo que en términos jurídicos se denomina como una antinomia, que no es otra cosa más que una contradicción en la misma ley, en este caso en la Constitución, cuya interpretación normalmente se resuelve en los tribunales.

Si ese artículo de entrada dice que los derechos de los maestros se rigen por lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, apartado B, es obvio que los sindicatos harán valer esos derechos considerando lo que dispone la ley reglamentaria de ese numeral.

No debemos olvidar que los artículos transitorios de cualquier reforma a la Constitución forman parte de la carta magna, no son textos opcionales, sino de obligado cumplimiento para las autoridades.

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Educación incluyente

Siguiendo una propuesta de la oposición y de organismos de la sociedad civil, los diputados de Morena agregaron al dictamen la obligación del Ejecutivo federal para que implemente una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, que debe considerar a los mexicanos que requieren educación especial.

Adicionalmente, se le impuso al presidente de la República un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para que defina esa estrategia. Lo mismo deberá suceder con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que también debe dar a conocer el mandatario en el mismo lapso.

Nuevas leyes

La reforma educativa abrogará todas las disposiciones de su antecesora a partir de que el Congreso apruebe la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con lo que se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Este sistema será coordinado por un organismo con autonomía técnica y presupuestaria, que tendrá una Junta Directiva, un Consejo Técnico y un Consejo Ciudadano. La Junta Directiva tendrá cinco miembros que serán designados por el Senado, asegurando la renovación escalonada de los mismos.

Es decir, dos de sus integrantes serán nombrados por cinco años, dos por seis años, y uno por un periodo de siete años. El mismo procedimiento se llevará a cabo en la Cámara alta para designar a los siete expertos que integrarán el nuevo Consejo Técnico de Educación, entidad que se encargará de asesorar a la Junta Directiva ya mencionada.

Así mismo, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dejará de estar vigente, con lo que desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), aunque su acervo deberá hacerse público a través de internet.

Esta es la primera vez en la historia reciente del país que desaparece una institución constitucionalmente autónoma, como lo es el INEE, en su lugar se creará un organismo que solo tendrá autonomía técnica y presupuestal.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.