Diputados estatales, cómplices del despilfarro de gobiernos
De acuerdo con el estudio “Complicidad Legislativa”, hay un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y los ejercidos entre las entidades federativas, y los diputados locales no hacen nada para detener estas variaciones injustificadas.
Los diputados estatales no ejercen su función de supervisar y fiscalizar las erogaciones de las secretarías de finanzas del gobierno, lo que los convierte en cómplices de gastos abusivos y mala planeación financiera, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un análisis.
De acuerdo con el estudio “Complicidad Legislativa”, hay un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y los ejercidos entre las entidades federativas y los diputados locales no hacen nada para detener estas variaciones injustificadas, pese a que tienen conocimiento de ellas cada tres meses.
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El IMCO menciona algunos ejemplos del despilfarro en el gasto público de los gobiernos estatales ocurridos durante 2018:
1. Al cierre de 2018, Guerrero ejerció en ceremonias oficiales mil 899 veces lo aprobado por el Congreso.
2. Para el primer trimestre del año, Sinaloa ya había gastado siete veces su monto presupuestado para la compra de vehículos de transporte. Al finalizar 2018, esta cantidad fue 23 veces superior a su presupuesto inicial.
3. En los primeros tres meses del año 2018, Puebla gastó 48 veces lo presupuestado para todo 2018 en publicidad oficial. Al cierre del año, el Gobierno ejerció 453 veces lo aprobado por su Congreso.
4. Tlaxcala gastó 85 veces lo presupuestado originalmente para la compra de mobiliario (equipo de cómputo, estantes, escritorios, entre otros).
5. En el primer semestre, el estado de Chihuahua gastó 72 veces el presupuesto aprobado para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial y de construcción. Al finalizar 2018, gastó 582 veces su monto aprobado.
El instituto indicó que los diputados estatales “no han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de finanzas. Hacen poco o nulo uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de finanzas les remiten. Tampoco exigen la comparecencia de las autoridades que gastan más de lo aprobado.”
Además, durante 2018 diferentes entidades tuvieron variaciones
superiores al 1,000% en 90 rubros.
Para reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, el IMCO propone tres acciones:
- Establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.
- Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto en alguna partida más del 15%, debe tener la aprobación del Congreso local.
- Cumplir su función de contrapeso: Mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto.
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