¿El Poder Judicial quiere legislar o solo cumplir sus funciones?

Por Surya Palacios @suryapalacios

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió haber logrado reformar la Constitución para que los servidores públicos no ganen más que el Ejecutivo federal, al tiempo que acusó al Poder Judicial de querer legislar en ese tema, aseveró el mandatario en un video posteado el martes en su cuenta de Twitter.

“Se logró modificar la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene el presidente, y esto significó reducir los elevadísimos sueldos de los funcionarios públicos del más alto nivel”, apuntó López Obrador en una grabación en la que está acompañado por los líderes de Morena en el Congreso, Mario Delgado y Ricardo Monreal.

Sin embargo, esos cambios constitucionales a los que hace referencia el presidente no se llevaron a cabo en esta administración, ni en la actual legislatura, en realidad se trata de un logro del presidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno se reformó el artículo 127 de la carta magna, modificaciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

En los 102 años de vigencia que tiene la máxima ley mexicana, ese numeral de la Constitución solo ha sido reformado en cuatro ocasiones: en diciembre de 1982, y en agosto de 1987, con el presidente Miguel de la Madrid; en el 2009 ya referido, con Calderón; y en enero de 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

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¿Una ley inoperante?

Desde 2009, la fracción II del artículo 127 constitucional estableció que ningún servidor público podía recibir una remuneración “mayor a la establecida para el presidente de la República, en el presupuesto correspondiente”. No obstante, esta disposición no se había materializado en los hechos, debido a que no existía una ley que reglamentara ese apartado específico de la carta magna.

Esta última norma ya fue elaborada y expedida en la actual sexagésima cuarta legislatura, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. Se trata de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución.

Como en su momento lo señaló Alto Nivel, esa ley fue aprobada con numerosos errores, pues se trataba de un proyecto que aprobó el Senado en 2011, y que desde entonces había permanecido “congelado” en la Cámara de Diputados, soberanía que decidió revivirlo y aprobarlo -sin modificación alguna- el 13 de septiembre del año pasado.

Al tratarse de una ley reglamentaria que no requiere para su aprobación de mayoría calificada en el Congreso, la norma fue avalada por la mayoría de los legisladores de Morena, a pesar de que la oposición señaló que contenía disposiciones que trasgreden la Constitución.

Es por eso que esta ley no ha podido ser aplicada a plenitud, pues legisladores de la oposición, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Banco de México, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad, y una controversia constitucional en su contra.

De igual forma, decenas de juzgados de Distrito en toda la República admitieron 4,982 amparos promovidos por servidores públicos en contra tanto de la Ley Federal de Remuneraciones, como del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.

De estos últimos casos, 2,562 funcionarios obtuvieron la suspensión provisional que solicitaban, mientras que 1,693 ya cuentan con una suspensión definitiva, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal.

Esto quiere decir que esos servidores públicos perciben el mismo sueldo que recibían antes de la existencia de la Ley Federal de Remuneraciones, incluyendo los salarios que exceden al que actualmente recibe el presidente.

Las sentencias definitivas de estos juicios de amparo, así como de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la norma, aún están pendientes de resolver.

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¿Un Poder Judicial Legislativo?

En referencia a estas impugnaciones que se dirimen en la Corte y en los tribunales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de no respetar la Constitución y de querer legislar.

“Desde luego en este caso último, con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo corregir la plana, desde mi particular punto de vista está queriendo legislar, y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución”, dijo el mandatario en su video posteado en Twitter.

Si bien todos los mexicanos tenemos la libertad de criticar las determinaciones jurisdiccionales, no debemos olvidar que el trabajo del Poder Judicial es precisamente determinar si las leyes o los actos de la autoridad administrativa son armónicos con la Constitución, y con los tratados de derechos humanos de los que México es parte.

¿Eso es enmendar la plana, como dice coloquialmente López Obrador? Sin dudarlo, la respuesta es sí, pues esa es una de las facultades que la misma Constitución le otorga al Poder Judicial de la Federación: Corregir los errores que cometen los legisladores y el Poder Ejecutivo, que lesionan la esfera jurídica y los derechos humanos de los ciudadanos destinatarios de un acto administrativo o de una ley.

En estas “correcciones” que hace el Poder Judicial de la Federación se incluye invalidar total o parcialmente una norma porque trasgrede la Constitución, lo que implica que esa ley deja de formar parte de nuestro sistema jurídico, en caso de que la Corte declare que todo su contenido es inconstitucional, tal y como ocurrió en noviembre de 2018 con la Ley de Seguridad Interior.

Además, los artículos 103, 104, 105 y 107 de nuestra carta magna le otorgan a los Tribunales, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de interpretación de la Constitución y de las normas, para que -en caso de controversia- sean estas instancias las que señalen la forma en la que las leyes deben aplicarse.

Esto es lo que están haciendo la Corte y los juzgados de Distrito con las demandas de amparo y las controversias constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se está verificando si esa norma armoniza no solo con un artículo de la Constitución, sino con todo el bloque constitucional que rige nuestro sistema jurídico, en el que los derechos humanos tienen preeminencia.

¿Esto significa que el Poder Judicial esté legislando? Por supuesto que no, interpretar la ley, y verificar que las normas no trasgredan la Constitución son las funciones primordiales de este poder, y al mismo tiempo son la base de la legalidad y el Estado de derecho en cualquier democracia.

No es un invento mexicano, ni de la herencia del periodo neoliberal, como suele justificarse López Obrador. Es la forma en la que el mundo occidental se ha organizado desde que fueron derrotadas las monarquías absolutas. Es la manera civilizada de dirimir nuestras controversias ante los excesos en los que suelen incurrir las autoridades.

Pretender que desaparezca esta labor, que ante todo es una obligación del Poder Judicial con los mexicanos, no solo nos deja en la indefensión a los ciudadanos en caso de que nuestros derechos sean afectados, sino que distorsiona nuestro sistema democrático, convirtiéndolo en un régimen autoritario.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.