Reforma al Outsourcing afectaría a la cadena empresarial más frágil: Las MiPyMes
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas emplean entre un 4.4% y hasta un 32.3% de su personal mediante esquemas de tercerización, de acuerdo con estudio.
La iniciativa de reforma a la tercerización (outsourcing), presentada recientemente, podría incrementar la carga del manejo y cumplimiento de impuestos, especialmente para las empresas medianas, quienes hacen mayor uso de esta forma de contratación, así lo explica el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un análisis reciente denominado “El pago de impuestos en las MiPyMEs mexicanas: Determinantes de la evasión”.
De acuerdo con los datos contenidos en el análisis, en nuestro país las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs, (aquellas empresas que emplean hasta 250 personas y generan ventas no mayores a 250 millones de pesos al año), conforman el 99.8 por ciento de los negocios totales y emplean a 68.9 por ciento de las personas ocupadas.
Además, sus ingresos equivalen a aproximadamente la mitad de todo lo que generan las firmas mexicanas cada año, de acuerdo con datos del INEGI al cierre de 2019.
Desde el año 2014, estas empresas tienen un papel cada vez más destacado para los ingresos públicos por el pago de impuestos, derivado probablemente de la reforma fiscal de ese año. Desde entonces, la recaudación proveniente de las empresas con ingresos de hasta 20 millones de pesos anuales va en aumento. En 2016 aportaron al fisco 101 mil 129 millones de pesos y para 2018, la cifra se había elevado a 164 mil 340 millones, según las cifras previas al cierre del tercer trimestre de este año dichas empresas han pagado alrededor de 135 mil 35 millones de pesos.
Los datos anteriores nos muestran el impacto que tendría la reforma a la tercerización para gran parte de la economía mexicana, representada en millones de empresas y sólo en un rubro, el pago de impuestos.
Costos, factor determinante
Los costos de la gestión empresarial son determinantes en la toma de decisiones de los medianos y pequeños empresarios, debido a que impactan sobremanera en las finanzas de las compañías.
Por ejemplo, el CIEP asegura en su análisis que en nuestro país cumplir con las obligaciones fiscales toma en promedio 240.5 horas al año (su fuente es el Banco Mundial). Para las grandes empresas enfrentar esta carga es más fácil ya que cuentan con los recursos necesarios para la contratación de equipos especializados que se emplean dentro de las firmas. Pero no es el caso de los pequeños negocios, para quienes esta obligación puede significar costos extraordinarios.
De acuerdo con el CIEP, la paga media de un contador para resolver los asuntos tributarios asciende a 10 mil 732.3 pesos mensuales, esto significa aproximadamente el 32.8 por ciento de los ingresos brutos que recibe cada mes un microempresario.
Costos como estos, llevan a los negocios a operar bajo esquemas que minimicen dicha carga, por lo tanto, un número importante de empresas utiliza la tercerización o subcontratación de personal como una medida para facilitar las transacciones tributarias, relacionadas con la nómina de sus empleados y la conducción de sus obligaciones patronales.
De acuerdo con el CIEP, las MiPyMEs emplean entre un 4.4 por ciento y hasta un 32.3 por ciento de su personal mediante esquemas de outsourcing, mientras que las empresas de mayor tamaño ocupan un máximo de 24.6 por ciento de este tipo de personal.
El análisis indica que para fomentar el cumplimiento voluntario ante el fisco y evitar una carga impositiva adicional sobre las empresas de menor capacidad administrativa, el sistema tributario debe de simplificarse lo más posible. En el marco de la presentación de la iniciativa para reformar la tercerización, este punto debe de abordarse en el debate, a fin de no incrementar las cargas regulatorias y de cumplimiento para las MiPyMEs.
El asunto es muy relevante, la evasión de impuestos implica menores ingresos presupuestarios que podrían destinarse a inversiones productivas y la política social del país. Además, esta acción impide que las MiPyMEs puedan participar en las instituciones formales de la economía, lo que limita su potencial de crecimiento, señala el análisis.
Visto desde la óptica de las finanzas públicas, el análisis señala que la prevalencia de la evasión fiscal implica menores recursos y margen de acción para el Estado.
Además, operar total o parcialmente al margen de las autoridades en materia fiscal impide mejoras en la productividad de las empresas y limita su potencial de crecimiento, ya que el pago de impuestos permite a las compañías participar en un conjunto de instituciones clave para el desarrollo y productividad, como el sistema financiero, programas de apoyo gubernamentales, y un marco legal que otorga confianza a la elaboración de contratos y los derechos de propiedad.
Así, la evasión entre las MiPyMEs no sería una actividad que se emprende con miras a generar beneficios extraordinarios, sino una forma riesgosa de evitar pérdidas y bajar costos. Por lo tanto, se deben analizar a conciencia los efectos que tendría en las unidades económicas más relevantes de nuestro país reformas como la que se discuten en torno al outsourcing, millones de empresas y empleos podrían verse afectados si no se consideran.
