México, reprobado en el combate a la pesca ilegal
El crimen organizado ha crecido en esta actividad en los últimos dos años, mientras la vigilancia pesquera se redujo en el mismo periodo.
México se encuentra señalado a nivel internacional como un país que no combate la pesca ilegal, una actividad que se lleva a cabo tanto en aguas nacionales como en aquellas que corresponden a la jurisdicción de Estados Unidos, de acuerdo con una evaluación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y el Servicio Nacional de Pesca Marina de esa nación.
Ambas instituciones del gobierno de Estados Unidos han reprobado a México en cinco ocasiones, durante los años 2015, 2017, 2019, 2021, y este 2023, pues acusan que nuestro país no realiza las acciones necesarias para impedir la pesca ilegal en aguas estadounidenses en el Golfo de México.
Asimismo, esta actividad económica, en la que participan casi 300,000 personas, se encuentra en el abandono gubernamental desde que inició la actual administración, ya que el presupuesto se ha reducido, y los apoyos oficiales son insuficientes, lo que ha generado que entre el 30 y el 40% de la producción pesquera del país provenga de la pesca ilegal, dijo en entrevista con ALTO NIVEL el experto Rigoberto García Soto, abogado especializado en este sector.
En cuanto a la calificación reprobatoria asignada a México por parte de las agencias gubernamentales del país vecino, el reporte explica que pequeñas embarcaciones de origen mexicano capturan ilegalmente “poblaciones de peces que están reguladas por los Estados Unidos, incluido el pargo rojo”.
Como consecuencia de esta certificación negativa, las naves pesqueras mexicanas “están sujetas a la denegación de privilegios portuarios de EEUU, además de que los pesqueros mexicanos que faenan en el Golfo de México “ya tienen prohibido ingresar a puertos” de ese país desde febrero de 2022.
Es decir, la pesca ilegal afecta la posibilidad de que pescadores que sí cumplen con las reglas puedan vender sus productos en Estados Unidos, nación que representa el 50% del mercado de exportación de pescados y mariscos mexicanos, según datos de la organización internacional Oceana, colectivo no gubernamental dedicado a la protección de los océanos.
Oceana detalla que en 2022 el valor de las exportaciones pesqueras de México a la Unión Americana tuvo un valor de 800 millones de dólares.
Lucro y subsistencia
La evaluación de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica norteamericana (NOAA, por sus siglas en inglés) es enfática sobre las fallas del gobierno federal mexicano en el combate a la pesca ilegal, ya que “no hay evidencia que respalde una determinación de que se han tomado acciones correctivas” para abordar el problema.
En ese tenor, Rigoberto García Soto precisa que las autoridades de nuestro país calculan que entre el 30 y el 40% de la producción pesquera nacional se obtiene mediante la pesca ilegal.
De hecho, Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana en México coincide con el letrado, pues “CONAPESCA ha reconocido que más del 40% de la pesca en México es pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
Esta actividad ilícita “es un flagelo presente en México que está dañando a nuestras pesquerías (áreas donde se pesca)”, lo que a su vez representa una afectación para todos los mexicanos, y la trasgresión al derecho humano a vivir en un medioambiente sano, enfatiza García Soto.
“Si tenemos pesquerías que se están sobrexplotando a través de esta pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, no regulada, y que no se está atacando porque no hay presupuesto para ello, pues ahí hay un problema que implícitamente nos afecta a todos”.
Además, añade el abogado, la pesca ilegal lesiona sobre todo a los pescadores que tienen que enfrentar una competencia desleal de parte de quienes no pagan contribuciones ni derechos al gobierno, ya que “la pesca ilegal no paga permisos, no paga concesiones, ni impuestos”.
De igual forma, hay poblaciones de pescadores a las que se les señala de participar en el mercado ilícito, cuando en realidad se trata de una economía de subsistencia que -ciertamente- debe ser regularizada, pero también apoyada por el gobierno, pues las actividades irregulares no se equiparan a las que realizan “verdaderas agrupaciones organizadas que se aprovechan de los recursos pesqueros de forma ilegal, al hacerse de un lucro ilegítimo”, explica Rigoberto García.
Crimen y desdén oficial
Lamentablemente, tal y como sucede con otras actividades productivas, el crimen organizado ya llegó a la pesca nacional y, hasta ahora, de nada ha servido la militarización del sector impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rigoberto García comenta que la presencia del crimen organizado “ha cobrado amplia relevancia en los últimos dos años, particularmente en el noroeste del país, sobre todo desde Nayarit hasta Baja California”, aunque estas actividades ilícitas también están presentes en los litorales de la Península de Yucatán, y en el estado de Tamaulipas.
En esas entidades, estos grupos delincuenciales controlan -por ejemplo- las actividades de pesca del camarón en la veda, o lideran la pesca ilegal de la totoaba en el alto Golfo de California. Se trata de una vertiente del fenómeno de la pesca ilegal que se mantiene impune, a pesar de que está vinculada con la criminalidad.
“Esa es una preocupación que ha crecido muchísimo en el sector de la pesca, y que en la realidad no está siendo atendida por ninguna autoridad de ninguno de los tres niveles de gobierno”, sentencia Rigoberto García Soto.
Todos estos factores no solo inciden en la calificación negativa asignada a México por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y el Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos, pues los más afectados son aquellos productores pesqueros mexicanos que cumplen con las normas, a pesar de la inseguridad que ya vive este sector, el cual ha sido abandonado por el gobierno federal.
En 2012 la Dirección general de inspección y vigilancia pesquera, que se encarga de enfrentar la pesca ilegal, contaba con 214 oficiales federales de pesca, un número insuficiente para atender los más de 11,000 kilómetros de litorales de nuestro país. No obstante, en vez de fortalecer a esta oficina, en 2022 ya solo quedaban menos de 170 oficiales federales de pesca, explica Rigoberto García Soto.
Ergo, la vigilancia pesquera se contrajo sensiblemente en alrededor de un 25%, “y si a ello le sumas que la política de ‘abrazos y no balazos’ que se implementó en tierra para para enfrentar la criminalidad se llevó también al mar, para el caso de la pesca ilegal, pues se te desborda el fenómeno” de esta actividad ilícita, concluye el especialista.
¿Ya nos sigues en WhatsApp? Suscríbete a nuestro canal en https://whatsapp.com/channel/0029VaCoFQsDDmFckXtPAj2h y recibe las noticias más relevantes en economía, finanzas, negocios y tecnología.
MÁS NOTICIAS:
- Leonora Carrington triunfa en subasta, ya es de las artistas más cotizadas
- ¿Qué ciudad tiene más multimillonarios en 2024?
- ONU sube expectativa de crecimiento global 3 décimas, a 2.7%
- Canadá tiene la intención de realizar ‘Cumbre de los Tres Amigos’ de Norteamérica este año
- Mejores restaurantes CDMX, según la Guía Michelin, ¿cuáles son y dónde se ubican?
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.