Suspensión de nueva ley de Ciencia beneficia a miles de académicos
La norma no podrá aplicarse en todo el país, favoreciendo con ello a todos los investigadores y no solo a quienes promovieron amparos.
Más de 3,000 académicos mexicanos se benefician de la suspensión provisional con efectos generales de la nueva Ley en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, norma que no podrá aplicarse ni surtir efectos en todo el país, gracias a la medida cautelar que otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa del estado de Nuevo León.
En este caso, los promoventes del Juicio de Amparo, agrupados en las organizaciones Ciencia Plural MX y Uniendo Caminos México, impugnaron la constitucionalidad de la norma que transforma por completo la política científica del gobierno federal mexicano, la cual fue aprobada en abril pasado -vía fast track- por la mayoría de Morena en el Congreso.
La suspensión provisional con efectos generales concedida por el juez Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, implica que las autoridades, en específico el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt), no pueden realizar ningún proceso administrativo que implique la aplicación de la nueva ley, hasta en tanto no se resuelva el fondo de la demanda de amparo.
En este caso, la determinación del togado no solo suspende la norma para los demandantes, sino también para todos los académicos del país. Hasta ahora, de acuerdo con el abogado Joan Antonio Ochoa Sada, portavoz del colectivo Uniendo Caminos México, más de 400 académicos están solicitando la protección de la justicia federal a través de 41 amparos que ya fueron admitidos en distintos juzgados del país.
“Esto forma parte de la línea de defensa que las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos ante la aprobación arbitraria de un compendio de 20 leyes aprobadas fast track el pasado 28 de abril”, apuntó Ochoa Sada.
El abogado dijo a ALTO NIVEL que, previamente, otros académicos ya habían recibido suspensiones de la misma ley, por lo que la concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa de Nuevo León es la primera que se otorga con efectos generales.
La intención de las organizaciones, y de los docentes e investigadores que impugnan la nueva ley de Ciencia, es “detener reformas que no benefician a la ciudadanía y pretenden desaparecer organismos que costaron mucho tiempo y esfuerzo construir”, apuntó el jurista.
De entrada, la nueva Ley en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, vigente desde el pasado 9 de mayo, cambió el nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y lo sustituyó por el de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
De hecho, esta institución informó que “no ha recibido notificación judicial alguna que suspenda los efectos generales de la ley”, por lo que -para dicha autoridad- la norma sigue siendo válida.
“En ese sentido, se desconocen: el expediente, los quejosos, así como el juzgado o tribunal que supuestamente emitió dicha determinación”, detalló el Conahcyt en un comunicado en el que descalifica a las organizaciones demandantes.
Según esa autoridad, estos colectivos se han caracterizado “por atacar al gobierno de México mediante la instrumentalización del derecho con el propósito de frenar el avance de la Cuarta Transformación (sic)”.
La institución, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, adelantó además que -de ser el caso- “impugnará las resoluciones judiciales que pretendan detener la aplicación” la ley.
Se realizarán “todas las acciones jurídicas en el ámbito de su competencia para defender su aplicación, en tanto que se trata del primer instrumento legal en el país que tutela y garantiza el derecho del pueblo de México, en lo individual y en colectivo, a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”.
Norma regresiva y excluyente
La nueva Ley en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación disminuye de manera importante los miembros académicos de su Junta de Gobierno, excluyendo a los representantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM).
De igual forma, también se dispone la salida de la Junta de Gobierno del Conahcyt de las asociaciones y academias científicas, de los Centros Públicos de Investigación, y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Al mismo tiempo, incorpora a dicho órgano directivo a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
A su vez, la ley establece que los recursos del Conahcyt, las becas, y en general todos los apoyos que antes se otorgaban a los académicos mexicanos, ahora solo serán recibidos si estos se encuentran adscritos a algún programa considerado estratégico por la misma institución, lo que limita la libertad de cátedra e investigación.
La norma también obliga a las universidades e investigadores a ceder los derechos de propiedad intelectual y explotación de sus trabajos e invenciones, con lo que se elimina la posibilidad de que los centros educativos generen recursos propios.
También cancela el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, con el que miles de estudiantes recibían becas del otrora Conacyt. Ahora esos apoyos se entregarán directamente a los estudiantes sin que existan parámetros que midan la calidad de los posgrados.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.