¿Por qué la FGR quiere encarcelar a un grupo de científicos del Conacyt?
La Fiscalía mantiene una acusación en contra de 31 académicos porque presume que su colaboración con el Conacyt fue ilegal.
El poder punitivo del Estado mexicano, ejercido a través de la Fiscalía General de la República (FGR), hoy tiene una prioridad: Encarcelar a un grupo de 31 académicos que pertenecían al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes -como miembros de una asociación civil, creada por mandato del mismo Conacyt- presuntamente habrían cometido varios delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
El problema es que ya en dos ocasiones la acusación de la FGR ha sido rechazada por un juez de control adscrito al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México, determinaciones legales con las que discrepa la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero, por lo que ese organismo se apresta de nuevo a formular una tercera solicitud con la intención de obtener las órdenes de captura en contra de los académicos.
De acuerdo con lo que la misma FGR informó la noche del miércoles, los científicos habrían creado una empresa de carácter privado, en la que los investigadores presuntamente “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.
En cambio, para el juez esas actividades y los recursos utilizados no son un hecho delictivo, pues la empresa a la que se refiere la Fiscalía era el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, una empresa ciertamente privada que se creó en el año 2002 conforme al artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el numeral 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Es decir, esa asociación civil fue creada por mandato legal para llevar a cabo una colaboración público-privada con el Conacyt.
Se trata de una figura “jurídicamente posible en la medida en que el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la previó al emitir el referido Estatuto”, de acuerdo con una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se resolvió la revisión de un amparo que promovió la asociación referida.
La Fiscalía insiste en que “ese criterio (del juez) no es aceptable”, pues desde su perspectiva, “un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Esto significa que la FGR presume que la asociación civil era ilegal, a pesar de que en la administración pasada realizó todas sus actividades con la anuencia del Conacyt. Al hacer esta consideración, la Fiscalía pretende convertir también en ilícitos la colaboración y el uso de todos los recursos públicos que el Conacyt transfirió a dicha asociación.
“Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, detalló la FGR en un comunicado.
Error en la vía
Justo esto último es parte de las irregularidades que presenta la acusación de la Fiscalía, primero, porque hasta ahora la FGR solo ha emitido un comunicado al respecto, sin las necesarias pruebas que la misma institución dice que deben hacerse públicas.
Y segundo, porque -en términos jurídicos- la FGR está equivocando la vía para hacer valer una presunta ilegalidad de los actos que desarrolló, en la administración pasada, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil.
Esto no es un tema penal, sino de derecho contencioso administrativo, pues la Fiscalía no puede fincarle ningún delito a nadie por actos que se enmarcaron dentro de la legalidad en años anteriores.
En todo caso, para acudir a la vía penal, el Conacyt o el gobierno federal primero deben anular todos los actos que fueron una colaboración público-privada, un Tribunal los debe declarar nulos o dejarlos sin efectos, específicamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sería el encargado de eso.
Solo entonces, ya con la nulidad declarada previamente, entonces sí la FGR puede analizar la posibilidad de acusar penalmente a los involucrados en dichas acciones, las cuales gozan de legalidad hasta que los actos no sean anulados.
Otra opción podría ser el juicio de lesividad, que es la figura con la que las autoridades administrativas, como lo es el Conacyt, pueden revertir resoluciones emitidas por ellas mismas a favor de un particular, por considerar que estas causaron perjuicio al Estado.
Aunque esto último dependería del reconocimiento de que, entre el Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, se formó una Asociación Público Privada, y no solo una colaboración que respondía a un mandato legal del mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Hasta aquí lo que tenemos son solo inferencias de la Fiscalía General de la República, convertidas en acusación para intentar recluir en el penal de máxima seguridad del Altiplano a un grupo de académicos, que llevaron a cabo actos que en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto estaban investidos de legalidad.
Por eso el fracaso de la Fiscalía ante el juez de control, las ordenes de aprehensión se le niegan porque la acusación no se sostiene penalmente, pues en realidad esta debería limitarse al ámbito del derecho administrativo sancionador, suponiendo por supuesto que -efectivamente- el gobierno federal pueda probar alguna irregularidad de parte de los científicos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.