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Senadores de Morena convierten revocación de mandato en ratificación de AMLO

18-08-2021, 6:10:00 AM Por:
© Especial

Los legisladores elaboraron una pregunta que tergiversa el origen y sentido del ejercicio, lo que beneficia políticamente al titular del Poder Ejecutivo.

En vez de que la pregunta sea “¿Quieres revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador?” A fin de que las respuestas sean Sí (quiero revocarlo) o No (quiero revocarlo), los legisladores de las Comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos del Senado establecieron preguntar “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.

La redacción propuesta en el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que aún debe votarse en el pleno de la Cámara alta y luego avalarse en Diputados, distorsiona por completo la naturaleza jurídica, el sentido y hasta la lógica del ejercicio, al tiempo que contradice la definición constitucional de esta figura.

La revocación de mandato, al ser un derecho que solo pueden ejercer los ciudadanos, y no una facultad de los servidores públicos, debe expresarse de manera clara en la pregunta que responderán los votantes en caso de que se lleve a cabo este ejercicio, por lo que es erróneo tergiversar el proceso con una pregunta que en realidad apunta a una ratificación de mandato, tal y como lo hicieron los senadores de Morena al aprobar en comisiones el dictamen de la ley que reglamentará este mecanismo.

Si se tienen que reunir por lo menos 2 millones 812,883 firmas de mexicanos con credencial vigente del INE para lograr convocar a la revocación de mandato, es porque esa cantidad de ciudadanos quiere precisamente eso: Revocarle el mandato al presidente, y para ello pide que haya una votación.

Justo por eso hay que contar con las firmas de un número representativo de mexicanos, que en este caso es el 3% de la Lista Nominal, pues pocos ciudadanos que estén descontentos con la administración presidencial no estarían legitimados para pedir la revocación de mandato.

Nadie en su sano juicio pretendería tomarse el esfuerzo de cumplir con todos los requisitos que establece la Constitución para preguntar si se quiere la permanencia del mandatario, pues esta no necesita ser votada, ya que López Obrador ya fue electo en 2018 por un periodo de seis años.

Por ende, la pregunta que establecieron los senadores, en la que se prevé sea la ley reglamentaria de la revocación de mandato, altera los elementos básicos de esta figura, convirtiéndola en un referéndum de ratificación para Andrés Manuel López Obrador con fines exclusivamente políticos, en beneficio del actual titular del Poder Ejecutivo federal y su partido.

Interpretación armónica

La revocación de mandato es un mecanismo de democracia participativa con el que los ciudadanos pueden ejercer su derecho político para remover a los gobernantes.

El artículo Tercero transitorio de la reforma constitucional que introdujo esta figura en nuestro régimen jurídico, el pasado 20 de diciembre de 2019, define a la revocación de mandato como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza”.

Parafraseando a la carta magna, pues los artículos transitorios de las reformas constitucionales también forman parte de ella, el dictamen aprobado en comisiones por los senadores detalla que se trata igualmente de un “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de Presidente de la República”.

De esta forma, si estamos ante un instrumento que persigue terminar con la gestión del presidente en una fecha anterior a aquella en la que oficialmente concluye su administración, es evidente que la pregunta no debe ser si se quiere que el mandatario se mantenga en el poder, ya que plantear así el cuestionamiento contradice la definición misma de la revocación de mandato establecida en la Constitución.

Asimismo, además de esa contradicción, la pregunta que aprobaron los senadores trasgrede los principios de autenticidad e imparcialidad contenidos en la misma carta magna para este tipo de ejercicios, y de igual forma, altera el sentido de lo que la iniciativa de ley define como revocación de mandato.

Si bien el texto constitucional no detalla de manera textual cuál es la pregunta que debe hacerse en la revocación de mandato, lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio de la reforma que incluyó este mecanismo en nuestro máximo ordenamiento es muy claro: A través de una votación, luego de que se cumplan ciertos requisitos, los votantes determinarán si se concluye anticipadamente la gestión del presidente, debido a que se le perdió la confianza.

Este último concepto es muy importante, pues -en términos jurídicos- si hacemos una interpretación a contrario sensu, no hay ninguna necesidad de llevar a cabo un proceso de revocación de mandato si no hay pérdida de confianza.

Por eso preguntar si se quiere la permanencia del presidente tergiversa a esta figura, porque quienes piden la revocación lo harían para intentar que concluyera de manera anticipada el mandato presidencial.

PARA ENTENDER: Revocación de mandato: Solo los ciudadanos, y no el presidente, pueden pedirla; así será el proceso

Pedir que se responda a una pregunta en la que el presupuesto inicial es la permanencia del Ejecutivo federal no es un ejercicio de revocación de mandato, sino la solicitud interesada de que los votantes se manifiesten a favor del actual presidente, cuando en realidad estos ya lo hicieron en 2018 al elegirlo.

Al final, si se aprueba en el Congreso la pregunta, tal y como los senadores de Morena la redactaron, el único beneficio que se obtendría será la utilización política de los resultados de una ratificación, en vez de que la votación sea -de manera efectiva- el ejercicio de un derecho político en el que los ciudadanos puedan manifestar directamente con un simple Sí su desacuerdo con la gestión presidencial.

autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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