Segundo Informe de AMLO: 21 meses de litigios y actos inconstitucionales

La militarización de la seguridad pública, de los puertos y aduanas, las nuevas reglas en materia energética; la eliminación de los aguinaldos en la burocracia federal; la hasta ahora inoperante Ley de Amnistía; y decenas de omisiones en el combate a la violencia, y ante la pandemia de Covid-19, son solo algunos de los temas que -en 2020- han provocado litigios en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para este segundo informe de gobierno, aunque el mandatario no los mencione por tratarse de yerros y no de aciertos, en términos jurídicos estamos ante una administración cuya principal característica es la inobservancia de la ley.

Formado en la cultura política de los años setenta, en la que los presidentes ejercían el cargo asumiendo facultades metaconstitucionales, López Obrador trasgrede igualmente nuestro régimen jurídico practicando cada mañana un distorsionado derecho de réplica con el que acusa, sin sustento alguno, a todo aquel que considera su adversario.

Debido a que no conoce la ley, o porque de plano, a propósito, decide omitir las obligaciones que le ordena la carta magna, el presidente de México ya es la autoridad responsable más señalada en cientos de juicios de amparo promovidos en el último año ante el Poder Judicial de la Federación.

Política energética suspendida

Como ejemplo emblemático están los amparos promovidos por más de 60 empresas de energías limpias en contra del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que pretendía impedir las pruebas y operación de esos consorcios.

Gracias a las suspensiones concedidas en amparo, el Cenace tuvo que revertir la política presidencial que impulsa los combustibles fósiles. Lo mismo sucedió con la Secretaría de Energía, que debió suspender la aplicación de un acuerdo en el que se expresaba una nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

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En este último caso, el gobierno de Tamaulipas obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de ese acuerdo. Con esa resolución de la Corte, junto con las emitidas por los juzgados que paralizan las medidas del Cenace, el gobierno federal no puede aplicar su nueva política energética con la que intentaba cancelar la reforma que en esa materia aprobó el Congreso en 2013.

Gobierno militarizado

En este año el presidente Andrés Manuel López Obrador también decidió militarizar, formalmente, la seguridad pública del país en el ámbito federal. A través de un acuerdo que ordena a las Fuerzas Armadas a participar en esa labor, el Ejecutivo federal determinó que el personal castrense realice funciones que son exclusivas de las autoridades civiles y del Ministerio Público.

Ahora militares y marinos pueden detener personas y asegurar bienes relacionados con hechos delictivos. Se trata de irregularidades que trasgreden los derechos de seguridad jurídica, privacidad, intimidad, así como los principios de legalidad y la prohibición de injerencias arbitrarias.

Además de la seguridad pública, en este 2020 López Obrador también militarizó los puertos y aduanas, lo que generó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Esa disposición presidencial violenta los artículos 14, 16, y 21 de la carta magna, pues se trata de facultades que no les corresponden a los militares y marinos.

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Omisiones que cuestan vidas

El deficiente manejo oficial de la pandemia de Covid-19 también ha tenido sus efectos en los tribunales, pues decenas de ciudadanos de los estados de Baja California, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca, entre otros, promovieron sendos juicios de amparo para hacer respetar sus derechos humanos. Desde marzo, los juzgados han ordenado la realización de pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 a favor de pacientes rechazados en instituciones públicas de salud.

De igual forma, a través de las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito, médicos y otros trabajadores sanitarios que viven con diversas condiciones de riesgo lograron que no se les obligara a laborar, y en algunos hospitales públicos, también con amparos, se ordenó al gobierno federal proporcionar elementos de protección para atender adecuadamente a los enfermos.

Austeridad inconstitucional

A pesar de que, como presidente, López Obrador está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución, el mandatario acostumbra emitir acuerdos y decretos que exceden sus facultades, con los que trasgrede preceptos constitucionales, incluyendo aquellos que reconocen y protegen los derechos laborales de los servidores públicos.

Justo es lo que ocurre con el decreto que establece las medidas de austeridad para las dependencias de la Administración Pública Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el mes de abril. El documento contiene diversas trasgresiones constitucionales, junto con errores legales, que muestran a un Ejecutivo federal omiso con la carta magna.

La política de austeridad impuesta por el presidente, que incluye la eliminación de aguinaldos a una parte de la burocracia federal, viola el principio de legalidad porque el decreto en cuestión no está debidamente fundado y motivado. De igual forma, ignora los derechos que la misma Constitución reconoce para los trabajadores del Estado, al ordenar que los funcionarios públicos, a partir del puesto de subdirector, reduzcan “de forma voluntaria” su salario hasta en un 25%.

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A esto hay que agregar que nadie en el entorno presidencial le ha dicho al mandatario que, jurídicamente, los decretos no sirven para expresar propuestas, mucho menos para sugerir acciones presuntamente voluntarias, tal y como se expone en ese documento, que inicia con la frase “propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas”.

No obstante, a pesar de que se alteran la legalidad y la regularidad constitucional, miles de servidores públicos han tenido que aceptar la reducción de sus percepciones, pues de lo contrario, se arriesgan a perder el empleo.

Además, la austeridad ya ha generado graves y diversas distorsiones en el funcionamiento de la administración pública, empezando por el ya conocido desabasto de medicamentos para niños enfermos de cáncer, y pacientes que viven con VIH, entre otros.

Violencia y leyes inoperantes

Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de gobierno con los peores índices de violencia registrados en los últimos 12 años, destacándose especialmente los feminicidios. La violencia en contra de la mujer es un problema que desdeña y minimiza el mandatario, quien asegura que el aumento de las agresiones en el ámbito doméstico, a partir del confinamiento por el Covid-19, son solo “llamadas falsas” que las víctimas hacen a las autoridades.

Esa actitud del presidente, junto con las añejas deficiencias del sistema de procuración de justicia, hacen que en México nueve de cada diez agresiones en contra de la mujer permanezcan en la impunidad.

Esa misma inoperancia también se observa en varias de las leyes impulsadas por López Obrador, destacándose la Ley de Amnistía, publicada en el DOF el 22 de abril pasado.

La norma, que pretendía liberar a procesados y condenados que hayan cometido los delitos de robo simple sin violencia, sedición, algunas modalidades de delitos contra la salud, y aborto, en los hechos no está siendo aplicada, a pesar de que su aval en el Poder Legislativo se hizo para evitar un contagio masivo de Covid-19 en los reclusorios del país.

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A todo esto hay que agregar los 107 amparos promovidos desde 2019 en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; los miles de juicios, y al menos una docena de acciones de inconstitucionalidad, que buscan combatir desde el bloqueo de cuentas bancarias, hasta la Ley de Extinción de Dominio, pasando por las normas que regulan a la Guardia Nacional; y la realización de consultas parciales para empezar los trabajos del Tren Maya.

La lista de demandas que acumula el Ejecutivo federal sigue por la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo que no cumple con las características que ordenan los artículos 16 y 26 de la Constitución; los 4,982 juicios de amparo -que aún no concluyen- en contra de los topes salariales y la disminución de prestaciones a la burocracia, a los que se suman las demandas de más de 7,000 elementos de la Policía Federal que no desean formar parte de la Guardia Nacional, lo que nos muestra claramente la ausencia de legalidad con la que se conduce el presidente.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.