Militarización de puertos provoca otro ataque a Constitución y una renuncia
Personal castrense hará labores que les corresponden exclusivamente a los civiles, lo que abrió diferencias con el titular de SCT y su dimisión.
Así como la seguridad pública del país en el ámbito federal ha ido militarizándose, ahora les tocó el turno a los puertos y aduanas, según anunció la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una medida que aun no cuenta con ninguna clase de acuerdo o decreto de parte del mandatario, con lo que se agrega una nueva irregularidad al Estado constitucional de derecho, misma que ya generó la renuncia del secretario de Comunicación y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.
“El ingeniero Jiménez Espriú sostiene que deben de ser manejados los puertos, operados, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y yo creo que por la circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas, (…) necesitamos que además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección en los puertos, y que por ese motivo se requiere de el apoyo de la Secretaría de Marina”, afirmó López Obrador en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Sorprende que el titular del Ejecutivo federal admita que hay corrupción en esas dependencias, sobre todo cuando -de manera reiterada- en sus conferencias matutinas se ha referido a este problema como algo del pasado, que ya no existe en su administración.
Lo que ya no es inusual es la utilización del Ejército y la Marina en labores que deben ser estrictamente civiles, de acuerdo con nuestra Constitución, y el anuncio de actos de autoridad que no están respaldados por ningún documento oficial, configurando así una doble irregularidad que trasgrede el principio de legalidad que debe cumplir el presidente.
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Inseguridad jurídica
Ordenar que las fuerzas armadas se hagan cargo de las aduanas y puertos de México es contrario a los artículos 14, 16, y 21 de la carta magna, pues el personal castrense realizará actividades de revisión e investigación que solo deben llevar a cabo los civiles y el Ministerio Público Federal.
Los militares y marinos mexicanos no están facultados por la Constitución para hacer investigaciones en materia de prevención de delitos, o efectuar tareas de verificación del comercio exterior. Tampoco pueden aplicar infracciones administrativas en caso de que estas sean cometidas por importadores o exportadores, pues estos actos son exclusivos del Ministerio Público, y de empleados civiles que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Formalmente, desde 2019, las leyes que regulan a la Guardia Nacional la facultan para auxiliar a las fiscalías en la investigación de delitos, aunque en este caso ni siquiera serán los elementos de esa nueva corporación los que ejecutarán tareas en aduanas y puertos, sino que, violentando todo nuestro andamiaje jurídico, el presidente ha ordenado la intervención directa de la fuerza armada permanente.
Es por eso que la militarización de estos recintos trasgrede los principios de seguridad jurídica, legalidad y prohibición de injerencias arbitrarias, ya que nuestra carta magna es muy clara al respecto: Todas estas laborales les corresponden a los civiles. Hacer lo contrario altera el sistema de procuración de justicia, que está claramente señalado en el artículo 21 constitucional.
Vida institucional militarizada
Con esta medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador suma -de manera irregular- una nueva actividad al personal castrense, militarizando cada vez más la vida institucional del país.
Ahora marinos y soldados, además de realizar labores de seguridad, y construir varias de las obras emblemáticas de la actual administración, revisarán embarques y mercancías que entran y salen por las aduanas.
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Estamos ante una gravísima trasgresión a nuestros derechos, pues no son los militares quienes deben estar al frente de estas instituciones, a menos que ya no vivamos en un Estado constitucional, sino en un régimen autoritario liderado por militares.
La corrupción en puertos y aduanas, la introducción a México de estupefacientes, o de activos ilícitos que sirven para preparar psicotrópicos, sin duda deben ser combatidos, pero la estrategia a implementar es responsabilidad de los civiles, empezando por el titular del Ejecutivo federal, quien -lamentablemente- ha basado su política de seguridad cediéndole el poder al Ejército.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.