Que siempre no: FGR cierra sin acusación el caso de Pío López Obrador
Aunque en su contra había una investigación por delitos electorales, el hermano del presidente ya no será acusado ante un juez, confirmó su defensa.
Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, ya no será acusado ante un juez por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión del delito de financiamiento ilícito a partidos políticos, informó a ALTO NIVEL el abogado defensor del familiar del mandatario.
El penalista Pablo Hernández Romo explicó vía telefónica que la Fiscalía determinó no ejercer la acción penal en contra del hermano del titular del Ejecutivo federal, con lo que se cierra la investigación.
Esta decisión del Ministerio Público federal, que fue solicitada desde mayo pasado a través de un juicio de amparo que ganó Pío López Obrador, se llevó a cabo luego de que la Fiscalía consideró que no constituye un delito electoral la recepción de dinero en efectivo por parte del hermano del presidente, quien aceptó los recursos que le proporcionó David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil.
Ambos personajes aparecen en un video, que habría filmado el mismo David León, en el que puede observarse al hermano del presidente recibiendo un sobre que presuntamente contenía dinero. La grabación fue dada a conocer en agosto de 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola, lo que generó que se abriera la indagatoria de la FEDE en contra del ahora exacusado.
El hermano del presidente, y el mismo mandatario, reconocieron la recepción del efectivo, cuyo monto nunca fue precisado, aunque Pío López Obrador detalló, en julio pasado, que esos recursos sirvieron para “gastos menores”, como gasolina, en beneficio de Morena.
De acuerdo con el litigante Pablo Hernández Romo, la FEDE le notificó a su cliente el sobreseimiento de la indagatoria en su contra, lo que quiere decir que la misma se cierra sin llegar a una conclusión acusatoria, toda vez que la Fiscalía Electoral decidió el no ejercicio de la acción penal que, de haberse dado, habría llevado a prisión al hermano del presidente.
El delito de financiamiento ilícito a partidos políticos se sanciona con penas de entre cinco y hasta treinta años de reclusión, según lo prevé el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
FGR culpa al juez de Amparo del carpetazo
En mayo pasado, Pío López Obrador ganó un amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, instancia que entonces le dio a la Fiscalía General de la República un plazo máximo de 60 días para presentar ante un juez, o cerrar en definitiva sin hacer ninguna acusación, la indagatoria abierta en contra del hermano presidencial.
En esa sentencia el juez de amparo le dio la razón a Pío López Obrador por la dilación “injustificada” en la que habría incurrido la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues esta mantenía abierta la indagatoria desde 2020, luego de que se publicara el video ya mencionado.
En ese tenor, la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que la carpeta de investigación fue cerrada porque así lo ordenó al Agente del Ministerio Público el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez.
Esa orden del togado se dio a la FGR “aun cuando se estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes declaraciones públicas” de Pío López Obrador, quien solo es señalado por la Fiscalía como “el señor Pío L”.
Así, las pesquisas en contra del hermano del presidente han concluido con el no ejercicio de la acción penal, porque el Ministerio Público federal carece “hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”, concluyó la FGR.
El amparo ganado por Pío López Obrador obligó así a la Fiscalía a determinar que no acusaría al político, dedicado a promover a Morena en el sureste del país, a pesar de que la semana pasada este nuevamente había sido citado para que compareciera en calidad de imputado (acusado).
De hecho, la FEDE había reactivado la investigación en contra de Pío López Obrador debido a que contaba con nuevos elementos que le permitían no cerrar la indagatoria.
En específico, las pesquisas continuaron debido a que el mismo imputado admitió públicamente la recepción de los recursos, lo que constituía un nuevo elemento probatorio, el cual no fue suficiente para que el Ministerio Público judicializara la investigación.
La defensa del hermano del presidente había argumentado que las acusaciones de la FEDE carecían de valor jurídico, debido a que el video fue obtenido sin ser ordenado por un juez, y sin el consentimiento del mismo investigado.
Al tratarse de una prueba ilícita ese argumento funcionó adecuadamente, pero más adelante, cuando el mismo Pío López Obrador admitió la recepción de los recursos en una entrevista con el Grupo Expansión, la Fiscalía mantuvo la acusación a partir de ese testimonio que, en este caso, ya no era ilícito como el video.
Después de que se hicieron públicas, en 2020, las imágenes de una reunión sostenida entre Pío López Obrador y David León en las que el primero recibía dinero que fue destinado a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se trataba de un acto de corrupción, sino de aportaciones ciudadanas en favor de su movimiento.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.